¡Mañaneras: vulgar censura de Palacio!

Opinión de Ricardo Alemán • Son muchos los intelectuales, periodistas y políticos mexicanos que, con toda razón, cuestionan el efecto pernicioso de “las mañaneras”; mentiras caprichosas que, a diario, dicta desde Palacio el presidente López Obrador. Otros tantos intelectuales, periodistas y políticos se quejan, también con razón, de que la “prensa vendida” y los medios, en general, difunden de forma maniquea y sin filtros elementales, las mentiras del mandatario mexicano. Son muchos los intelectuales, periodistas y políticos mexicanos que, con toda razón, cuestionan el efecto pernicioso de “las mañaneras”; mentiras caprichosas que, a diario, dicta desde Palacio el presidente López Obrador. Otros tantos intelectuales, periodistas y políticos se quejan, también con razón, de que la “prensa vendida” y los medios, en general, difunden de forma maniquea y sin filtros elementales, las mentiras del mandatario mexicano. Algunos, incluso, han intentado tibias reacciones contra la alteración de la realidad que promueve desde Palacio el hombre más poderoso de México. Sin embargo, también parece que nadie se atreve–entre intelectuales, periodistas y políticos mexicanos–, a llamar por su nombre a la grosera censura oficial que dicta todas las mañanas el presidente López. Y es que la censura no sólo se produce cuando desde lo más alto del poder y/o desde un medio se oculta la realidad o se calla la verdad. Lo cierto es que existe censura cuando se calla una opinión, cuando se despide a un periodista, cuando se cierra un medio o cuando se compra una empresa mediática para que no critique al poder en turno. Pero igualmente se configura una potente censura cuando un jefe de Estado, como Obrador, miente a diario, engaña, niega o esconde la realidad y cuando de forma grosera maquilla desaciertos y fracasos de su gobierno. Por eso debemos denunciar con toda claridad que, todas las mañanas, el presidente mexicano somete a la sociedad entera a la más vulgar censura oficial; censura que reproducen todos los medios al no advertir que los mensajes de Palacio son mentirosos y que alteran la realidad y la verdad. En efecto, los “otros datos” son una eficiente censura impuesta desde la casa presidencial y lo peor es que muchos mexicanos se tragan esas mentiras sin reparar en que se trata de un perverso acto de censura. Y es que el verbo transitivo censurar significa, en su sentido más amplio, callar todo aquello que, según los censores, resulte inconveniente, dañino o negativo para un gobierno y/o para un medio de comunicación. Lo peor del caso es que muy pocos intelectuales, periodistas o políticos mexicanos saben que la censura cotidiana, que López impone desde Palacio, es idéntica a la censura prevaleciente desde hace más de 500 años. En efecto –el 8 de julio de 1502–, los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, promulgaron La Pragmática, un ordenamiento legal que, con el tiempo, se convirtió en la primera Ley de Censura Previa. El citado reglamento establecía que nadie tenía permiso de publicar o difundir escrito alguno –sobre todo libros y panfletos–, sin la autorización previa del Estado español y la Iglesia Católica; poderes que diseñaron una estructura oficial para leer y clasificar todo aquello que se pretendía publicar. Así, la Iglesia y el Estado censuraban todo lo que, según su particular concepción e interés, debían conocer o ignorar los ciudadanos. En pocas palabras, La Pragmática era la más vulgar censura oficial o, si se quiere, el equivalente a “los otros datos” del México “lopista” de hoy. Curiosamente, 520 años después de La Pragmática, en el México de López, está de vuelta la censura previa, a los ojos de todos, pero en medio de la ignorancia de muchos sobre sus efectos perniciosos. Y es que, de manera cínica y tramposa, Obrador y sus corifeos sostienen que México no vive una dictadura, porque todos los mexicanos dicen lo que piensan. Lo que no explican ni el presidente y menos sus lacayos, es que las mañaneras se han convertido en la más eficiente censura previo, a través de la grosera descalificación de la realidad, con el argumento de “los otros datos”. Es decir, que desde lo más alto del poder se decide y se dicta la verdad oficial, que no es otra cosa que la censura previa; verdad de Palacio que por el capricho de un solo hombre pretende anular todas las opiniones en sentido contrario, sin importar que la Constitución regula la libertad de expresión, que sólo tiene como limites el daño a terceros, la alteración a la paz pública, la difamación y la calumnia. Por lo demás, la propia Constitución garantiza que nadie puede ser molestado por autoridad alguna a causa de lo que piensa, escribe u opina, además de que el Estado mexicano garantiza que en México no existe censura previa. Dicho de otro modo, las mañaneras no solo son una vulgar censura a la que se somete a todos los ciudadanos, sino que desde esa tribuna se impone la verdad oficial, que no es otra cosa que una más de las violaciones presidenciales a la Carta Magna. Lo preocupante del tema es que ninguna de las mujeres o los hombres que acompañan a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, han sido capaces de formular una crítica y ofrecer una alternativa a la grosera censura de las mañaneras. ¿No se han dado cuenta de la gravedad de la censura oficial? Al tiempo. Más del mismo autor: ¡Se los dije: pánico al pueblo bueno y sabio! ¡La «continuidad» de AMLO: muerte, mentira y miseria! ¡La prensa vendida censuró a Xóchitl!

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Columna Diario de Campo

Que viene el Lobo….   Luis Miguel Rionda (*)   Inicio el año agradeciendo a mis módicos lectores por el acompañamiento semanal en este espacio, con motivo de mis cavilaciones y opiniones sobre una diversidad de temas que impone la cotidianidad. Sólo he estado ocasionalmente ausente en consecuencia a vacaciones, necesidades de la salud o imponderables de la chamba. En las 52 semanas que contiene el año, este pasado 2023 pude publicar 47 colaboraciones. Desde que comencé a padecer el vicio de la escritura periódica y contumaz en 1981, he acumulado mil 58 artículos con muy diversas tramas, alcances y calidad elaborativa. Aunque con algunas largas interrupciones por imposición de la prudencia laboral, estoy contento de mantener una presencia en la opinión regional por 43 años. A ver si logro el medio siglo. El año que inicia se anuncia complejo y difícil. Nunca como ahora –al menos en mi periodo de vida— nuestro país se ha ubicado en una tan grave encrucijada sobre su futuro. Las elecciones generales del 2 de julio marcarán el momento culmen de una toma de decisión fundamental, pues no sólo se renovarán autoridades y representantes, sino que se optará entre dos modelos de desarrollo político y social divergentes: primero, con el retorno al esquema del nacionalismo revolucionario, aislacionista, tradicionalista y de discurso populista –muy aplaudido en tiempos de desesperanza—, versus el segundo, con la vía inaugurada hace tres décadas tanto por la socialdemocracia como por la democracia cristiana, que ha abierto al país a los vendavales de la globalización, la competencia y la convivencia democrática. Una reacción a las secuelas de la “docena trágica” del populismo. En términos simples podríamos afirmar que se trata de una lucha entre las ideologías del siglo XX —bipolares, radicales, nacionalistas— y las nuevas tendencias del siglo XXI, más abiertas a la globalización, la integración y la libre competencia en todos los ámbitos. No es sencillo optar entre ambos extremos, pues hay argumentos sólidos en favor de uno y otro. También hay que reconocer que el segundo modelo, apodado equívocamente como “neoliberal”, acumuló mucho desprestigio producto del cansancio social ante una oferta política que siempre representó sacrificio y resultados de largo plazo. Esto colmó la paciencia de los sectores vulnerados del conjunto nacional, que optaron por un golpe de timón en 2018. Pero, tras seis años del “retorno de los brujos” del populismo setentero, el clima político ha cambiado sustancialmente. Hay un desengaño evidente con una gestión federal que ha dilapidado las riquezas públicas nacionales en la construcción de nuevas pirámides en celebración del ego del mesías-faraón. Monumentos al dispendio, producto de los sueños exaltados de un personaje con opinión de todo y sapiencia de nada. Por eso afirmo que los sacrificios de tres décadas están a punto de botarse al cesto de lo malogrado, todo por atender a los prejuicios del nuevo sacerdote de Huitzilopochtli. Los ciudadanos conscientes tendremos muchos motivos para mantenernos al alba durante estos escasos cinco meses previos a la jornada comicial que definirá el rumbo en las próximas décadas. Habrá que desgañitarse la laringe, a la manera de las tres ocasiones de León Felipe: ¡eh! ¡que viene el lobo! ¡que viene el lobo!… ¡que viene el lobo!         (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus Le

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Columna Diario de Campo

Doscientos Años Luis Miguel Rionda (*)   Estamos en periodo de conmemoraciones bicentenarias en México y en Guanajuato. Es un buen momento para estimular la reflexión sobre los dos últimos siglos de transformaciones en ambas entidades políticas, una de alcance nacional y la otra regional. Hace doscientos años cayó el efímero primer imperio mexicano, ese que encabezó el moreliano libertador Agustín de Iturbide. Luego de gobernar por escasos diez meses, abdicó el 19 de marzo de 1823 e inició la tradición de los políticos mexicanos de exiliarse en el ostracismo dorado de Europa. La rebelión republicana del Plan de Casa Mata, liderada por el ambicioso joven Antonio López de Santa Anna (padre del populismo mesiánico), fue el movimiento que le obligó a renunciar. Lo hizo sin oponer resistencia violenta; todo lo contrario: puso los cimientos del nuevo orden al acordar la restauración del Congreso nacional, mismo que le exigió su abdicación, y posteriormente emitiría una abusiva ley ad hominem, que ordenó su ejecución. El naciente México optó así por darse un orden político republicano, en lugar del monárquico que se había prescrito en el fundacional Plan de Iguala de 1821. Para formalizarlo se instaló un congreso constituyente el 5 de noviembre de 1823, que se encargó de canalizar los intensos debates entre centralistas y federalistas, hasta promulgar la constitución federal casi un año después, el 4 de octubre de 1824. Se optó por el modelo norteamericano (Constitución de Filadelfia, 1787), antes que por el europeo (Constitución de Cádiz, 1812). Todavía debatimos si fue un acierto o un error. En la antigua Nueva España, en 1786, se había constituido por orden del rey Carlos III el régimen de intendencias. El territorio virreinal fue dividido entre doce de ellas, incluyendo la de Guanajuato. Por eso fue muy natural que se convirtiera en 1824 en uno de los diecinueve estados federados, a los que se sumaban cuatro territorios y el caso especial de Tlaxcala. Así lo ordenó el artículo 5º de la nueva constitución. Por cierto, también definió en su artículo 3º que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana” (https://t.ly/6dIwE). En consecuencia, en Guanajuato se instaló el 25 de marzo de 1824 el primer congreso constituyente, que se encargaría de la redacción de la primera carta magna de la entidad, que finalmente fue promulgada el 14 de abril de 1826 (https://t.ly/9Wvl6). La firmó José María Esquivel y Salvago, diputado presidente, y la publicó el primer gobernador de la entidad, Carlos Montes de Oca, electo dos años antes. El artículo 4º enumeró los diecisiete municipios que lo conformaron. El nacimiento de México como república federal, y de Guanajuato como entidad soberana, no se dio de manera serena o afable. Muchos temas seguían sin una solución clara, y con demasiada frecuencia se optó por las armas antes que por la política. Pero sin duda hay que reconocer que el constitucionalismo siempre ha sido una herramienta civilizatoria que, si es respetada, conduce a la armonía social y al desarrollo. Una lección que conviene recordar hoy día, a doscientos años, cuando desde el poder se amenaza el orden legal.       (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León    

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Nuevas puñaladas a nuestra frágil democracia

Juan Miguel Alcántara Soria El presidente López Obrador dio otros golpes al equilibrio de poderes. El jueves designó a su empleada, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez en la historia del país, el presidente impone a una ministra, sin contar con la aprobación de la mayoría de senadores que prevé la Constitución. A la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro, AMLO anunció que designaría una mujer que le garantizara en la Corte votar a favor de la agenda 4t. Se dijo decepcionado de sus anteriores nominaciones a ministros, por lo que impondría una incondicional. El mecanismo constitucional prevé que si con dos propuestas de terna no se logra dicha mayoría calificada, el presidente designa. Al presidente no le interesó el Senado legitimara su propuesta, sino avanzar en la demolición de la Corte y de otros contrapesos, y abrir paso a otra dictadura en el continente. Con Lenia Batres fuimos diputados federales en la LVII legislatura (1997-2000). Se ostentó como licenciada en derecho por la UNAM sin haber terminado aun la carrera (con la ministra Esquivel compartirá correrías). Lenia (por Lenin; sus padres Cuauhtémoc y Rosario militaron en el partido comunista) como su hermano Martí (jefe de gobierno de la Cdmx), eran reconocidos activistas, porros de la Unión Nacional de Jóvenes y del Consejo Estudiantil Universitario. Provenían del antes PSUM, entonces PRD, luego Morena. En su paso por la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores se les acusó de despojar de terrenos a propietarios, luego de sismos; con fondos públicos construían vivienda popular que asignaban a los suyos. Lenia no tiene experiencia en materia judicial; nunca ha litigado; pero es grilla fanática, garantía del obradorato, para el que trabajaba en la Consejería Jurídica de Presidencia. No cumple el perfil exigido en la Constitución: independencia profesional e institucional, lealtad a la Constitución y a la ley, no a la voluntad presidencial o de otro poder. A AMLO le quedan 2 designaciones por hacer, si no hay antes más renuncias. Y su candidata presidencial, al igual que Lenia, insisten en que impulsarán que ministros de la corte se elijan por voto popular, como en Bolivia. De ganar Claudia, con similar mecanismo podrá tener mayoría absoluta en la Corte, sin que el Senado apruebe ninguno de sus designados. ¡Eso es dictadura! El lunes AMLO anunció enviará iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra regresión autoritaria que, en tanto se mantenga el Bloque de contención en cámara de diputados de PAN, PRI y PRD, no pasará. Estos órganos gozan de autonomía y especialización técnica prevista en la Constitución. Los votos de diputados de Morena, PT, Verde y MC no les alcanza, para reformarla. El presidente no quiere contrapesos, sino una “presidencia imperial”, como las de Echeverría y López Portillo, para cuyos gobiernos trabajó desde que era fósil en la UNAM. De desaparecerlos afectarían derechos ciudadanos en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, libertad de expresión, antimonopolios. El cuento de la austeridad se desvanece cuando al comparar el costo de estos organismos para 2024:  $3,749 millones de pesos. En tanto Morena recibirá $3,100 millones de pesos, el 82.6% de lo asignado a los 4 órganos. En ruta destructora hicieron renunciar al presidente del Tribunal Electoral, y nombraron sustituta el viernes: una magistrada, Mónica Soto, afín a la 4t. ¡Está en riesgo todo el proceso electoral del 2024! El escenario forjado a puñaladas a la Constitución y a la democracia, con militarización, polarización de la población, pérdida de derechos ciudadanos, centralismo, empoderamiento del crimen organizado, empobrecimiento educativo y de salud, debe hacernos partícipes en debates abiertos, incrementar información sobre la situación del país, defender pluralismo, e influir en las decisiones públicas. Y priorizar nuestra democracia: votar por Xóchitl para presidenta. Y por la oposición para ser mayoría en el legislativo, a pesar de sus cuestionadas candidaturas. Lo demás es secundario, ahora.

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