Nuevas puñaladas a nuestra frágil democracia
Juan Miguel Alcántara Soria El presidente López Obrador dio otros golpes al equilibrio de poderes. El jueves designó a su empleada, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez en la historia del país, el presidente impone a una ministra, sin contar con la aprobación de la mayoría de senadores que prevé la Constitución. A la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro, AMLO anunció que designaría una mujer que le garantizara en la Corte votar a favor de la agenda 4t. Se dijo decepcionado de sus anteriores nominaciones a ministros, por lo que impondría una incondicional. El mecanismo constitucional prevé que si con dos propuestas de terna no se logra dicha mayoría calificada, el presidente designa. Al presidente no le interesó el Senado legitimara su propuesta, sino avanzar en la demolición de la Corte y de otros contrapesos, y abrir paso a otra dictadura en el continente. Con Lenia Batres fuimos diputados federales en la LVII legislatura (1997-2000). Se ostentó como licenciada en derecho por la UNAM sin haber terminado aun la carrera (con la ministra Esquivel compartirá correrías). Lenia (por Lenin; sus padres Cuauhtémoc y Rosario militaron en el partido comunista) como su hermano Martí (jefe de gobierno de la Cdmx), eran reconocidos activistas, porros de la Unión Nacional de Jóvenes y del Consejo Estudiantil Universitario. Provenían del antes PSUM, entonces PRD, luego Morena. En su paso por la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores se les acusó de despojar de terrenos a propietarios, luego de sismos; con fondos públicos construían vivienda popular que asignaban a los suyos. Lenia no tiene experiencia en materia judicial; nunca ha litigado; pero es grilla fanática, garantía del obradorato, para el que trabajaba en la Consejería Jurídica de Presidencia. No cumple el perfil exigido en la Constitución: independencia profesional e institucional, lealtad a la Constitución y a la ley, no a la voluntad presidencial o de otro poder. A AMLO le quedan 2 designaciones por hacer, si no hay antes más renuncias. Y su candidata presidencial, al igual que Lenia, insisten en que impulsarán que ministros de la corte se elijan por voto popular, como en Bolivia. De ganar Claudia, con similar mecanismo podrá tener mayoría absoluta en la Corte, sin que el Senado apruebe ninguno de sus designados. ¡Eso es dictadura! El lunes AMLO anunció enviará iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra regresión autoritaria que, en tanto se mantenga el Bloque de contención en cámara de diputados de PAN, PRI y PRD, no pasará. Estos órganos gozan de autonomía y especialización técnica prevista en la Constitución. Los votos de diputados de Morena, PT, Verde y MC no les alcanza, para reformarla. El presidente no quiere contrapesos, sino una “presidencia imperial”, como las de Echeverría y López Portillo, para cuyos gobiernos trabajó desde que era fósil en la UNAM. De desaparecerlos afectarían derechos ciudadanos en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, libertad de expresión, antimonopolios. El cuento de la austeridad se desvanece cuando al comparar el costo de estos organismos para 2024: $3,749 millones de pesos. En tanto Morena recibirá $3,100 millones de pesos, el 82.6% de lo asignado a los 4 órganos. En ruta destructora hicieron renunciar al presidente del Tribunal Electoral, y nombraron sustituta el viernes: una magistrada, Mónica Soto, afín a la 4t. ¡Está en riesgo todo el proceso electoral del 2024! El escenario forjado a puñaladas a la Constitución y a la democracia, con militarización, polarización de la población, pérdida de derechos ciudadanos, centralismo, empoderamiento del crimen organizado, empobrecimiento educativo y de salud, debe hacernos partícipes en debates abiertos, incrementar información sobre la situación del país, defender pluralismo, e influir en las decisiones públicas. Y priorizar nuestra democracia: votar por Xóchitl para presidenta. Y por la oposición para ser mayoría en el legislativo, a pesar de sus cuestionadas candidaturas. Lo demás es secundario, ahora.
