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Los tres poderes del Estado conmemoran el Bicentenario de la Constitución Política de Guanajuato

soledad3 semanas atrás07 minutos

• La primera Constitución de Guanajuato sentó las bases de la legalidad, la justicia y la vida democrática en la entidad. • La Constitución es patrimonio de todas y todos, y su respeto garantiza la paz y el bienestar social: Gobernadora Libia Dennise. • A dos siglos de su promulgación, la Constitución sigue siendo el fundamento de la vida pública en Guanajuato. Guanajuato, Gto. 16 de abril de 2026.- En el marco de la Sesión Solemne realizada en el Congreso del Estado, los tres poderes públicos de Guanajuato participaron en la conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado, un momento histórico que permitió reconocer el papel de este documento como fundamento del Estado de Derecho y como guía para la construcción de instituciones sólidas al servicio de la ciudadanía. Hace dos siglos, Guanajuato dio un paso decisivo al promulgar su primera Constitución, documento que estableció la división de poderes, reconoció derechos fundamentales y sentó las bases de un orden jurídico sustentado en la ley, la justicia y la voluntad popular, principios que continúan vigentes en la vida pública del estado. Durante esta conmemoración, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la Constitución representa el pacto social que ha permitido a Guanajuato consolidar un Estado de Derecho firme, donde las instituciones actúan con responsabilidad y en respeto a la ciudadanía. “La convicción de que los retos sociales se resuelven desde la ley, desde el orden y desde el Estado de Derecho, es el primer gran legado que nos dieron quienes dieron forma a Guanajuato”, enfatizó la Gobernadora. La titular del Ejecutivo señaló que el respeto a la Constitución y a la división de poderes es la base de una democracia sólida y de un gobierno cercano a la gente, en el que el ejercicio del poder implica responsabilidad y apego permanente a la ley. “El poder no es un privilegio, es una responsabilidad que se ejerce en nombre de la gente y junto con la gente”, dijo la Mandataria Estatal. Por su parte, la magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, resaltó que la promulgación de la Constitución en 1826 marcó el inicio de un sistema jurídico que permitió consolidar el federalismo y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Destacó que, desde su origen, la Constitución estableció principios esenciales como la igualdad ante la ley y el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, sentando las bases del acceso a la justicia en la entidad. “Quienes integramos el Poder Judicial reconocemos que desde nuestra génesis tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, resolviendo con apego a derecho, de manera pronta, completa e imparcial”, mencionó Camacho Patlán. Añadió que cada decisión judicial impacta en la vida de las personas, por lo que el actuar institucional debe sostenerse siempre en el imperio de la ley y en la vocación de servicio hacia la sociedad. La diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta del Congreso del Estado, señaló que la Constitución representa el acuerdo fundamental que dio origen a la vida pública de Guanajuato y que, a 200 años de su promulgación, continúa siendo el marco que orienta el trabajo legislativo y la convivencia social. Recordó que el Congreso declaró el año 2026 como el Año del Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado de Guanajuato, con el propósito de reconocer el legado de quienes construyeron los cimientos institucionales de la entidad y fortalecer la vida democrática. En esta Sesión Solemne participaron Diputadas y Diputados; integrantes del Gabinete de la Gente; Presidentes Municipales; jóvenes estudiantes y ciudadanía.

En Guanajuato la protección y bienestar animal ya son un derecho en nuestra Constitución

soledad3 meses atrás3 meses atrás03 minutos

La Gobernadora de la Gente recibió del Congreso del Estado de Guanajuato, el decreto por el cual, se reconoce el derecho de protección y bienestar animal en el Estado y sus 46 municipios. “El maltrato animal es un delito y se castigará”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo. Guanajuato, Gto. 17 de febrero de 2026.– “Aquí en Guanajuato no vamos a permitir el maltrato animal. Es ya un delito que se castiga con todo el peso de la ley”, dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, luego de recibir, de parte del Congreso del Estado, el decreto por el cual, la protección y el bienestar animal ya son un derecho reconocido en el Artículo 1° de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.“Con este cambio en nuestra Ley máxima, el Estado y los 46 municipios, tenemos el mandato constitucional de garantizarles protección, un trato adecuado, conservación y cuidado”, destacó. La Mandataria Estatal dijo que no se trata sólo de mascotas, sino de seres que son parte de nuestra vida y que merecen ser tratados con cariño y con dignidad, “si de algo estoy segura, es que la paz social se construye desde la compasión y el respeto por todas y por todos, incluidos nuestros seres sintientes”, apuntó. La Gobernadora hizo una invitación a las y los guanajuatenses a seguir trabajando por el bienestar de los animales y por hacer conciencia como sociedad. “Que el respeto a la vida sea nuestra huella más importante”, concluyó. Con la expedición del Decreto 171, Guanajuato incorpora en su Constitución el reconocimiento de los animales como seres sintientes y establece la obligación de garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado.

México no tiene Constitución Política

soledad1 año atrás1 año atrás07 minutos

Juan Miguel Alcántara Soria “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos humanos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución”, reza el numeral 16 del preámbulo de la constitución proclamada por la primera Asamblea Nacional Constituyente de Francia, en 1791. Es la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789. Instaura la división de poderes: legislativo (Asamblea Nacional), ejecutivo (monarca), y el judicial otorgado a tribunales independientes. Estos documentos, con la Constitución de los Estados Unidos de América, adoptada antes, en 1787, modelaron mayoría de constituciones políticas de Europa y del continente americano, de democracia liberal, incluido México. Los actos jurídico-políticos franceses, resultan del racionalismo, en que prepondera la razón sobre la experiencia. En la de EU, prevalece la experiencia, el empirismo inglés, el caso por caso, sobre racionalismo francés de normas abstractas. Un equilibrio entre experiencia y razón es lo conducente. En México, la 4t tiró a la basura experiencia y razón. Las reformas constitucionales de López Obrador alteraron el rumbo político del país. Sobre todo, la judicial aprobada por la nueva mayoría oficialista, la que sigue en proceso inconstitucional para elegir ministros, magistrados y jueces. Destruye al poder judicial independiente; configura nombrar juzgadores dependientes de la subpresidenta, y más del exministro Arturo Zaldívar, el “cacique” judicial, digo yo; “(virrey” lo etiquetan otros) quien controlará ese poder, si se consuma atraco. Éste intenta ser el Fouché de la 4t, el tenebroso, chaquetero de la Revolución francesa. Se difundieron en los medios nombres de “candidatos” que resultaron “idóneos”, por ser Zaldívar su “exjefe”, “amigo”, “promotor”, luego de manipular proceso extrayendo nombres de quienes son incómodos al obradorato, no incondicionales al tenebroso cacique judicial. Si cabía duda de un talante no autoritario de la subpresidenta, su actitud y declaración de por qué solo invitó a las tres ministras nominadas por Obrador, dependientas, y no invitó a los otros ministros de la Suprema Corte -y particularmente a la ministra presidenta, estos sí independientes, a conmemorar la Constitución de 1917, en Querétaro, despejaron duda. Exhibió visión política facciosa, autoritaria, del grupo dominante. No hay antecedente de esta estupidez, propia de los Victoriano Huerta; destructores de un poder independiente que contenga a los otros poderes. La historia registrará actitudes de una y otra mujer en el desaparecer Constitución y República: la incongruencia de una mujer que excluye a otra mujer, y que pide unidad y dinamita puentes no solo entre poderes, sino entre mexicanos. El proceso de elección de juzgadores deberá anularse por violar la Constitución y configurar un poder judicial sumiso al obradorato. Esta corporación reúne los tres poderes, prohibido en el art. 49 de la Constitución. El pleno de la Suprema Corte rechazó esta semana la lista de personas candidatas que remitió el Senado luego de insaculación a modo. Tarde o temprano, dentro o fuera del país, se anulará. Por el cúmulo de irregularidades, de evidentes violaciones a la Constitución que reformaron y no respetan. Amén de violaciones a Tratados internacionales suscritos por México, aparte del T-MEC. Se han exhibido eventos de fraude con “tómbolas” irracionales, sin experiencia en país alguno; eliminado a los aspirantes con carrera judicial y perfil idóneo, entre varias causales de anulación. Si subpresidenta, cacique judicial, el oficialismo, no contienen destrucción del poder judicial independiente, líderes de la Cámara de Representantes norteamericana ya anunciaron, en Washington, en la revisión del Tratado de Libre Comercio, exigirán México recupere un poder judicial independiente, garante de derechos humanos. Deduzco empirismo y racionalismo deletrearán futuro, más agandalle troglodita de Trump. De pronóstico reservado. Expondremos miserias éticas y jurídico-políticas dentro y fuera, si no rectificamos. Recuperemos la Constitución perdida y los equilibrios del poder, para garantizar los derechos humanos de todos. Lo demás es dictadura.

El Fraude a la Constitución que avanzan

soledad2 años atrás2 años atrás07 minutos

Juan Miguel Alcántara Soria En las próximas semanas, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial adoptarán decisiones que entrañarán graves consecuencias para la realidad y calidad de la república, representativa, democrática. Luego de las elecciones del pasado 2 de junio. El judicial resolverá la integración definitiva de la Cámara de Diputados, ante amenaza de sobrerrepresentación de partidos de la 4t. Y calificará esos procesos, resolviendo cómo sancionar la injerencia de López Obrador, el uso de recursos públicos y del crimen organizado, la inequidad e ilegalidad de actos de campaña, entre otros. El legislativo definirá cómo dar cauce a la venganza de López Obrador contra el poder judicial. Y el ejecutivo seguirá deletreando a la presidenta electa y al país, y buscará impunidad para los suyos por su corrupción y otros delitos. Desde el exterior también habrá impactos, por las elecciones presidenciales de EU en las que la migración y la delincuencia organizada mexicana impactan. Detengámonos en el primer tema: el intento de Morena, y sus satélites Verde y PT, de darse más diputados federales que los que votantes les confirieron. Inició el mismo día de la elección, con la ilegal intervención de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declarando que su coalición tendría más diputados que los que le corresponde como resultado del cómputo de votos en las urnas, por una sobrerrepresentación contraria a la Constitución. Sin decir entonces los porcentajes de votación obtenidos. Desde la reforma constitucional de 1996 se excluyó a Gobernación de participar en las elecciones; por eso es grave violación su injerencia. Luego de computarse los votos distritales, su coalición obtuvo el 56.9% de la votación válida (restados anulables). La Constitución establece en el Art. 54 que partido o coalición se pueden sobrerrepresentar hasta un 8%, en el caso, hasta el 65%, por lo que les corresponden, 325 diputados. Y no el 74% de la cámara que ostentan, que son los 370 que inconstitucionalmente pretenden, defraudando a la Constitución. El electorado dio a las oposiciones el otro 43.1% de votos válidos. AMLO busca que solo tengan el 26% de las curules, para así poder reformar la constitución solos, sin la concurrencia de las oposiciones. Busca dar al Verde, que obtuvo el 5º lugar en la votación, más diputados, para que sea el 2º en diputados, por arriba del PAN, PRI y MC, los cuales obtuvieron más votos. El 8% de sobrerrepresentación debe darse a la coalición ganadora, y no un 8% a cada partido que la integre, que multiplicado por 3 provoca poder llegar hasta el 24% de sobrerrepresentación y la respectiva subrepresentación de las oposiciones, prohibida también. Esto afecta a la república representativa, drásticamente, por desconocer principios constitucionales fundamentales de representación, y de autenticidad en la expresión de la voluntad popular que la sustenta. El Art. 54 dispone que ningún partido puede tener más de 300 diputados; ni darse, en su caso, una sobrerrepresentación de más del 8%. Y la ley electoral previó que a una coalición debe tratarse como si fuera un partido, para ese efecto. Sin embargo, para burlar ambos topes, Morena, desde 2018, transfiere curules a Verde o PT, ya no votos como hizo antes. Recién explicó Jorge Alcocer Villanueva ante Carmen Aristegui, maquinaron un fraude a la Constitución: primero, borrando del padrón de militantes de Morena a ciudadanos para hacerles aparecer como militantes del Verde o PT en la boleta (expuso pruebas). Luego, cuando Morena apenas obtuvo el 43% de votos para diputados, pretende el 74% de esa Cámara, con sus partidos satélite (en el príato fueron PPS y PARM). Esto es lo que los ciudadanos debemos conocer y evitar: un fraude al voto popular, a la genuina representación de la pluralidad del pueblo. En esa reforma de 1996, en la que López Obrador también exigió que ningún partido hegemónico pudiera por sí mismo reformar la Constitución, se estableció un tope tanto a la sobrerrepresentación y a la subrepresentación. Nos toca impedir regrese el autoritarismo. Tocará exigirlo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en agosto. No permitamos ese fraude a la Constitución.