Oaxaca

particularmente en ejercicios de participación ciudadana de gran escala como la revocación de mandato. Cabe destacar que Sánchez González actualmente enfrenta investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con su desempeño administrativo y el manejo de recursos públicos. En este caso, la empresa Talleres Gráficos de México presentó una oferta aproximadamente quince por ciento menor, además de acreditar infraestructura instalada, experiencia comprobada y sin antecedentes de sanciones administrativas como proveedor institucional, propuesta que fue descartada sin explicación pública detallada, lo que representaría un ahorro de aproximadamente seis millones de pesos al erario. De acuerdo con documentación y fuentes del sector, Flexométrica forma parte de un consorcio de empresas dedicado a la producción de material y servicios electorales, integrado también por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs (todas S.A. de C.V.). Sin embargo, este grupo ha sido señalado por utilizar varias razones sociales, dependiendo de la entidad donde busca operar, además de que se ha mencionado que ha establecido alianzas cuestionables con autoridades locales, lo que ha generado quejas de competidores y observaciones de autoridades. Fuentes oficiales confirmaron que contratos vinculados a este consorcio se encuentran bajo investigación de la ASF, entre otras causas, por posibles irregularidades e inconsistencias fiscales, incluida la presentación de documentación sin sustento. Durante el proceso electoral de dos mil veinticuatro en Oaxaca, empresas del mismo grupo obtuvieron contratos pese a no cumplir plenamente con los requisitos técnicos, lo que derivó en retrasos, deficiencias en la entrega de materiales y una crisis logística para el Instituto. También se documentaron entregas fuera de tiempo, materiales defectuosos y documentación apócrifa, que obligaron al organismo electoral a realizar aclaraciones y sustituciones de emergencia. Por lo anterior especialistas en fiscalización advierten que la combinación de adjudicación directa, actuaciones administrativas en días inhábiles, mayor costo, falta de experiencia del proveedor e investigaciones en curso contra la presidenta del OPLE podría derivar en nuevas observaciones de la ASF y en riesgos operativos para un proceso clave como la revocación de mandato. Las decisiones, señalan, recaen directamente en la presidenta del OPLE y en el Comité de Adquisiciones, responsables de garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.