Opinión de Ana Luz Ruelas
La entrega de 29 capos del narcotráfico acusados de comandar grupos del crimen organizado, constituye un antecedente histórico de sometimiento político a los Estados Unidos.
Algunos de ellos estaban siendo juzgados en México, amparados en la garantía constitucional que tiene cualesquier persona a su legítima defensa ante los tribunales, y su probable extradición para ser juzgados en otro país tiene que ser mediada por un procedimiento que no existió en este casoCon una frialdad aterrante, el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, declaró que no había sido extradición, sino una “entrega”, lo cual por sí mismo es un delito, como el cometido por los que secuestraron el 25 de julio de 2024 a Ismael Zambada García. Con la misma tónica el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana justificó la acción por una pretendida amenaza de que serían liberados por algunos jueces, sin aportar ninguna prueba al respecto.
La puerilidad de las justificaciones explica la premura por entregar al presidente Trump, a traficantes de drogas, antes del vencimiento de la imposición de aranceles para el 4 de marzo próximo.
Con este sometimiento al millonario neoyorkino se viola flagrantemente uno de los principios de la Doctrina Carranza, pilar de nuestra política exterior, referido a que, en la coexistencia pacífica de las naciones, no hay un país superior a otro, rechaza la rendición ante poderes extranacionales. Con la entrega de los 29 capos, el gobierno de la república accede a los dictados extranjeros, para decirlo como en los setenta, actúan como vasallos del imperialismo yanki.
n términos estrictos de derecho penal, los funcionarios involucrados pueden ser señalados o acusados de traición a la patria.
El artículo 123 del Código Penal Federal tipifica como delito de traición a la patria, las acciones realizadas por los integrantes del gabinete de seguridad: “Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
El gobierno de la república parece desesperado y cae en la trampa que Donald Trump le pone a muchos países, incluida la Unión Europea y Ukrania que están amenazados por la Rusia de Putin.
Habrá que reconocerle a la presidenta Sheinbaum haber abandonado en los hechos la política lopezobradorista de “abrazos no balazos”, que significaba impunidad para los grupos delincuenciales. Ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch está empeñada en combatir con todos los recursos del Estado a los cárteles de la droga que siembran violencia y terror en el país.
Lo realizado ni siquiera podría justificarse en una situación de guerra. No debemos olvidar que todavía vivimos en una república constitucional, con vigencia de garantía individuales y el imperio de la ley, y es peligroso quebrantarla con fines utilitaristas o pragmáticos. La aplicación de la ley no es opcional, y en este caso, el gobierno federal optó por nulificarla, ignorando las normas sobre extradición de nacionales.
Lo preocupante de este hecho es el precedente que se sienta y que abre la puerta para repetirse cuando las circunstancia les parezcan propician. También México muestra una gran debilidad como país, ante un gobierno estadounidense que no tiene límites en las exigencias con el resto del mundo.
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