impulsar los derechos de las personas con discapacidad
Cumple un año la entrada en vigor de la NOM 039 que regula la valoración para acreditar la condición
· Guanajuato presente en el reporte de avances en certificación de la discapacidad ante la OMS
· “Nuestra entidad contribuye a reforzar el compromiso de México con los derechos humanos”: Carlos Fonce S.
Guanajuato, Gto.; octubre 21 de 2025.- A un año de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana que regula la valoración para acreditar la discapacidad en el país, Guanajuato se consolida como impulsor de sistemas de información y de datos que sean la base de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país, así como atención a grupos prioritarios.
Esto fortalece las capacidades técnicas en esta materia de nuestro país para dar cumplimiento a compromisos internacionales como por ejemplo las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“En el reporte de avances en este primer año de la NOM 039 que regula la valoración para acreditar la discapacidad, con base en un modelo biopsicosocial y enfoque de derechos humanos, nuestra entidad estuvo presente”, señaló el Subsecretario para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Carlos Daigoro Fonce Segura..
Guanajuato: liderazgo técnico desde lo local
Dijo el funcionario estatal que en el marco del Encuentro Anual de la Red de Familias de Clasificadores Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, México presentó tres reportes técnicos en esa materia antes señalada.
Los reportes dan cuenta del despliegue técnico, clínico y administrativo que está permitiendo al país construir un sistema de certificación alineado con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) y del cual se nutre el primer sistema de información sobre funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Información en Salud de México.
El primero tiene que ver con la Composición sociodemográfica de las personas certificadas. En este contexto se reportó el análisis de poco más de 13 mil valoraciones realizadas en diferentes estados del país en los estados donde el trámite está disponible, se procesaron variables como sexo, edad, nivel educativo, pertenencia indígena, acceso a apoyos sociales y situación laboral. Esta caracterización permite visibilizar patrones de desigualdad que afectan de manera diferenciada a ciertos grupos, como las mujeres o personas indígenas con discapacidad.
El segundo se refiere a la Ponderación porcentual de la discapacidad. En esta materia se analizaron los puntajes resultantes del sistema de certificación basado en tres dominios: funciones y estructuras del cuerpo (40%), actividades y participación (40%) y factores ambientales (20%). El 91% de las personas evaluadas superaron el umbral del 25% requerido para obtener el Certificado Electrónico de Discapacidad (CEDis).
Finalmente, el tercero se refiere a la Aplicación nacional del instrumento WHODAS 2.0, el cual es una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la discapacidad en individuos, con base en los aspectos de cognición, movilidad, cuidado personal, interacción, actividades de la vida diaria y participación en la sociedad.
Se documentó el uso estandarizado de esta herramienta en más de 13 mil personas adultas. Uno de los primeros hallazgos es cómo las áreas que las personas manifiestan mayores restricciones, fueron las actividades de la vida diaria y la participación social, lo que refuerza la urgencia de entornos accesibles, programas de apoyo comunitario y políticas centradas en la autonomía funcional.
“Desde lo local, Guanajuato fortalece las políticas más justas, proporcionales y centradas en la persona ya que la participación de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato muestra el potencial del trabajo colaborativo entre los estado y federación para lo anterior”, subrayó Fonce Segura.
México cumple con sus compromisos internacionales
Con la presentación de estos reportes, México contribuye al cumplimiento del Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que obliga a los Estados a recolectar datos apropiados para formular políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, abona al logro de la meta 17.18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impulsa la generación de datos desglosados para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad.
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