Una exigencia de dinero acompañada de amenazas y mensajes intimidatorios terminó con una sentencia condenatoria de 14 años y 8 meses de prisión contra LUIS FERNANDO «N», responsable de acudir personalmente a cobrar una cuota extorsiva a un comerciante de San Miguel de Allende.
La intervención oportuna de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió detenerlo para que fuera enviado a prisión por más de una década. De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2025, el propietario de un restaurante comenzó a recibir mensajes telefónicos y de redes sociales en los que personas que se ostentaban como integrantes de un grupo criminal le exigían una fuerte suma de dinero a cambio de permitirle continuar trabajando y bajo la amenaza de causarle daño si no cumplía.
Las intimidaciones también llegaron hasta su entorno laboral, pues sujetos se presentaron en su despacho. Posteriormente, a través de mensajes, le indicaron que debía entregar una primera parte del dinero. Ante el temor por su integridad, el comerciante aceptó acudir al estacionamiento de una plaza comercial, donde se había acordado la entrega de dinero.
Gracias a un operativo táctico desplegado por la Agencia de Investigación Criminal el agresor pudo ser detenido. A partir de estos hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto instruyó el desarrolló diversas diligencias, análisis de información y fijaciones fotográficas, entre otras, que permitieron establecer la probable intervención del hoy sentenciado en el delito de extorsión agravada.
Como resultado del proceso penal, mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 14 años y 8 meses de prisión contra LUIS FERNANDO “N”, además de imponerle una multa, suspender sus derechos político-electorales durante el tiempo de la condena. También se tuvo por cubierta la reparación del daño. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reitera que denunciar la extorsión permite activar las capacidades de investigación y reacción para intervenir oportunamente, proteger a las víctimas y evitar que las amenazas se conviertan en una forma de control sobre sus vidas y actividades económicas. La Fiscalía mantiene su compromiso de investigar estos hechos y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la tranquilidad, el patrimonio y la integridad de las familias guanajuatenses.
