Ante el asedio al Poder Judicial ¡Paro! ¿Qué nos Toca?

Juan Miguel Alcántara Soria Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, luego jueces y magistrados, pararon labores por tiempo indefinido, en respuesta al asedio de los poderes ejecutivo y legislativo, al revanchismo de López Obrador. Estos no solo buscan desaparecer la carrera judicial, o la independencia del poder judicial. Sino regresarnos a la “presidencia imperial”, la del porfiriato y el príato. Es ruta al pasado. Analicemos. ¿En qué afecta a nuestros derechos el obradorato, al disolver contrapesos del poder? ¿Por qué les urge desaparecer órganos autónomos especializados en ciertas funciones? A riesgo de verme pedante, memoricemos. De dónde venimos como civilización, para evitar regreso a afectaciones descomunales. Antecedentes remotos. La Asamblea Constituyente Francesa resolvió, luego de declarar los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789, preámbulo de su Constitución, patrimonio jurídico universal) que: “Una sociedad en la cual no estén garantizados los derechos humanos y la separación de poderes carece de Constitución” (Art. 16). Deshizo al poder monárquico absolutista y despótico, guillotinó a monarcas y revolucionarios. Desapareció el antiguo régimen. Y conformó un nuevo régimen constitucional, no sin terror. Pero lo fundamental fue descentralizar funciones y la división del poder político. Reconoció ideas fuerza de los “Padres fundadores” de Estados Unidos (de 1787. También nuestro primer constituyente, en 1824). Se paso de la Edad media a la Edad Contemporánea. Ahora y aquí, lo relevante es que AMLO conduce con ojos en la nuca, absolutista, despótico, y resentido, con anteojeras bifocales: una de corta y otra de larga vista. Coincidiendo, y a la vez diferenciado de Luis XVI. Busca centralizar funciones, y concentrar en la “presidencia imperial” todos los poderes públicos (a la manera de Luis XIV, “el estado soy yo”, “no me vengan con la ley es la ley”, “al diablo sus instituciones”). Da reversa a la adolescente democracia mexicana, va a nuestra Edad Media. Busca demoler órganos autónomos que descentralizan funciones. Le urge, antes de pasar estafeta, al desconfiar de su sucesora, cada día más manipulada, y hasta anulada por él. Como la constitución física de cada uno es nuestra forma de ser, la Constitución Política de un país es su forma de relacionarse los ciudadanos entre sí, con, entre y frente al poder. Sea en la forma respecto a: (i) el Derecho al poder, de ciudadanos y partidos, recién afectado por la injerencia del ejecutivo y del crimen organizado en las elecciones, y luego por la sobrerrepresentación de un parte y la sub de la otra; (ii) el Derecho del poder, del que hoy abusan el ejecutivo y el legislativo federal, y también otros gobiernos, al no garantizar derechos humanos básicos: a la seguridad, la salud, la educación, etc; (iii) el Derecho ante el poder, donde hoy más que nunca resalta el Poder Judicial Federal por su misión de hacer respetar los derechos humanos de todas y todos. Y por consecuencia, (iv) el Derecho a controlar al poder, vertical y horizontalmente, que el obradorato pretende anular, al descalificar y perseguir a ciudadanos, asociaciones, órganos autónomos del Estado, como al Poder Judicial. Que el poder frene al poder, fórmula de equilibrio para un gobierno atemperado -el del justo medio-, Aristóteles la constató estudiando las constituciones de más de cien polis griegas. Estaba dividido en tres poderes: legislativo (asambleas de polites), ejecutivo y judicial. Se concluyó es lo más favorable al bien común. Con el tiempo, pesos y contrapesos han crecido, para garantizar derechos humanos y equilibrios del poder que los garantice. La carrera judicial es un insumo insuperable para contar con jueces independientes. Las ocurrencias obradoristas de usar la tómbola para asignar juzgados provocará más injusticias. Y se provoca la injerencia del crimen organizado y otros factores de poder para hacer jueces cómplices. Nos toca solidarizarnos en el paro de jueces, magistrados y trabajadores de la judicatura federal. Entender que su lucha es nuestra, porque necesitamos un poder judicial autónomo que proteja nuestros derechos humanos también bajo asedio. No a otro Luis XVI y su María Antonieta.

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Democracia degradada, 2 Luis Miguel Rionda (*) n mi cavilación de la semana pasada, sobre la degradación evidente del modelo democrático de nuestro país, destacaba la espléndida intervención de la magistrada Janine Otálora en la sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se declaró la validez de la elección presidencial. La magistrada puntualizó lo que la generalidad de la clase electoral mexicana comparte, pero que nadie se atreve a decir, por miedo al neo presidencialismo autoritario que está consolidándose en nuestro país: que la elección federal del 2 de junio de 2024 se vio manchada por una lista larga de abusos por parte de los actores políticos nacionales, incluyendo la oposición. Mencionó el fraude a la ley evidente en los procesos políticos adelantados en las coaliciones partidistas: “Lo que fue denominado ‘procesos políticos novedosos’, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley”. Luego expuso con gran valentía la indebida intervención del presidente de la república en la contienda mediante sus mañaneras, que implicaban el uso de recursos públicos: “Estando constitucionalmente obligado a ejercer el cargo de forma neutral, para con ello permitir que la contienda fuese equitativa, el presidente mantuvo un actuar que contradijo las luchas que cuestionaron la intervención presidencial en las elecciones y que denunciaron ese abuso de poder como uno de los mayores males en nuestra naciente democracia.” La terrible violencia criminal que padece nuestro país desde hace tres sexenios, pero nunca con el grado, alcance y cercanías con el poder como ahora, fue otro elemento perturbador de la normalidad democrática: “La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que en el país hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición a través de las armas.” Y se pregunta: “¿es el crimen organizado un actor autónomo o es un agente coadyuvante del poder político?”

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Nos manifestamos ¿Y la oposición?

J juan Miguel Alcántara Soria El domingo pasado un puñado de ciudadanos nos manifestamos frente oficinas del INE, en la Ciudad de México y en otras más, exigiendo a su Consejo General respetar la decisión de la ciudadanía votante en la elección pasada, a la proporción que dio a cada coalición o partido. Demandamos evitar agandalle morenista, que obteniendo el 57% de votos efectivos (el otro 43% los ciudadanos lo dieron a las oposiciones), pretende le den el 75% de diputados. Abonamos a concientizar a parte del pueblo que ignora intentona, y consecuencias de sobrerrepresentación. Se perciben tres estados de ánimo o actitudes contrastantes: unos sienten que el barco va bien, otros ven riesgos de catástrofe. Y los que no votaron les vale destino común. En Irapuato marchamos medio centenar de manifestantes, con buena cobertura de los medios. Escuchamos fuertes reclamos por la ausencia de dirigentes, candidatos y militantes de PAN, PRI, MC y PRD. A todos, oficialistas y opositores, los dirigen impresentables, sin solvencia moral. El del PRI ese día 11 se hizo reelegir en forma antidemocrática, y envió señas de querer traficar con la 4t (el PRIMOR genético). Los dirigentes del PAN -nacional y locales- sus candidatos y militantes, invisibles, pasmados, deprimidos. En el PAN anunciaron dos procesos simultáneos de “renovación” de dirigencias. En lo nacional, con el método ordinario, democrático, abierto a su militancia añosa y escasa. En Guanajuato, por el contrario, con el extraordinario de permitir votar solo a los 110 consejeros estatales, cerrado a sus 16,280 militantes. Varios decepcionados anuncian retiro o renuncia. El periódico AM publicó ese domingo una radiografía de cada uno de esos consejeros: 42 trabajan para gobierno del Estado (en secretarías de desarrollo social, de gobierno, los más), 20 son familiares de éstos, 11 en nómina de ayuntamientos, 18 en legislaturas federal o local; 10 en comités directivos panistas. Solo 9 supuestos “independientes”, ni 10%. La senadora Alejandra Reynoso, avalada por el exgobernador Carlos Medina y otros liderazgos locales, Impugnaron esa convocatoria en el Tribunal Electoral del Estado por violar derechos de la militancia. En cambio, el gobernador Diego Sinhue dio apoyo abierto a su “mancuerna con colmillo muy grande”, la de su exsubsecretario de desarrollo social y de su secretaria particular, para ser ungidos dirigentes, por esa burocracia doblada y conducida por su jefe de gabinete; con pretensión de extenderse en el tiempo para seguir lucrando con recursos públicos. Este PAN duro y rancio no tiene viabilidad así. En los siguientes días las turbulencias continuaron. El Tribunal Electoral federal calificó la elección presidencial el miércoles 14, desechó 240 impugnaciones de partidos y ciudadanos. Vale reconocer a la Magistrada Janine Otálora quien resaltó varias irregularidades: 1) fraude a la ley, y procesos adelantados, porque la precampaña presidencial de Morena se adelantó 12 meses, con inmensos recursos, vistos por todos; 2) la indebida injerencia de López Obrador, en 50 mañaneras atacó a Xóchitl Gálvez; 3) Injerencia del crimen organizado, quitando y poniendo candidatos y financiando campañas de Morena (surgió el escándalo del Mayo Zambada). Y el jueves, en la sede del mismo Tribunal, la declarada presidenta electa reclamó le den sobrerrepresentación de sus diputados; y les advirtió que sigue la reforma al poder judicial. El viernes, jueces y magistrados se convocaron a votación digital para este lunes 19 de agosto a fin de decidir ir a paro nacional indefinido, hasta que sean escuchados. Buscan “se respete el Estado de derecho por medio de la garantía de la independencia judicial y no se ponga en riesgo la carrera judicial”. El mismo día diputados de Morena, Verde y PT anunciaron que va la elección directa de ministros y jueces, y tómbola para designarlos cuando haya muchos aspirantes a un cargo. La tripulación del país la dirige un psicópata que confrontó a pasajeros del barco entre buenos y malos. Y en el cambio de capitán -que no de tripulación-, pretende un destino distinto, y acelerar cambio de régimen hacia una dictadura populista, como Venezuela. ¿Y la oposición, dónde está?

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Democracia degradada, 1 Luis Miguel Rionda (*) El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el miércoles pasado su dictamen final (https://t.ly/GUbok) sobre el proceso para renovar la presidencia de la república, y emitió la declaratoria de validez, luego de resolver negativamente los 240 juicios de inconformidad que entregaron partidos y ciudadanos para combatir diferentes aspectos del proceso. Dice el dictamen que la elección “fue libre, auténtica y periódica, además, que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.” Llama la atención que se afirme que “los actos previos al inicio del proceso electoral, los preparatorios de la elección y la jornada electoral, se realizaron bajo los principios constitucionales mencionados”. Particularmente si recordamos que la ley fue violentada con total flagrancia cuando la precampaña presidencial del partido oficial comenzó al menos doce meses antes del inicio formal del periodo de precampañas el 20 de noviembre de 2023. Recordamos con claridad cómo las “corcholatas” destapadas por el elector de palacio cubrieron el territorio nacional a lo largo del año 2023 con miles de pintas de bardas, cientos de espectaculares, propaganda disfrazada de “presentaciones de libros”, entrevistas ante los medios, etcétera. En julio de 2023, el Frente Amplio por México se uniría a este quebranto de las normas electorales, intentando que el oficialismo no corriera solo y terminara de acaparar la atención pública. Por otra parte, fue abierta y cínica la intervención casi cotidiana del presidente de la república en los procesos previos y posteriores al inicio del proceso electoral. Bajo el dicho de que su pecho “no es bodega” y de que su libertad de expresión no estaba limitada ni siquiera por el artículo 134 constitucional, disertó alegremente sobre propios y extraños. Los medios de comunicación proyectaron sus intervenciones y les dio potencia, transformándolas en elementos de propaganda ilícita. 2 La magistrada electoral Janine Otálora, haciendo gala de valentía y buen juicio, afirmó que hubo, al menos, estas irregularidades a lo largo del proceso: 1) fraude a la ley y procesos políticos adelantados, 2) indebida intervención del presidente de la República, 3) violencia e injerencia del crimen organizado y 4) las instituciones electorales se han degradado (https://t.ly/G7c9n). Sobre el primer punto señaló que “fue especialmente grave que los partidos políticos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley.” Sobre el segundo punto afirmó que “Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra y esta intervención se materializó […] en cerca de 50 conferencias matutinas…” (https://t.ly/w1Qf0). La magistrada destacó que los partidos y actores políticos ejercieron sistemáticamente fraudes a la ley, que afectaron la calidad del proceso electoral. Continuaré cavilando sobre nuestra degradación democrática la próxima semana… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond

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Igualdad del voto Luis Miguel Rionda (*) El próximo domingo 11 los y las ciudadanas conscientes de este país estamos convocados a manifestar nuestro rechazo a la pretensión del partido oficial de multiplicar su representación en la Cámara de Diputados federal. Nos concentraremos ante las diversas oficinas del Instituto Nacional Electoral, tanto en su sede central en la CDMX, como en las diferentes ciudades del país, hasta ayer 57, donde existen juntas locales y distritales. Esto a partir de las 10:30 horas. Entregaremos en propia mano a las autoridades electorales un manifiesto de rechazo radical a esta intentona de agandalle antidemocrático. Nos oponemos a la pretensión de que a la coalición morenista, que recibió el 54.7% del voto, le sea asignado el 74.6% de los diputados federales (376), casi tres cuartas partes de la cámara. Mientras que a las oposiciones (PAN, PRI, MC) les dejarían el restante 25.4% (127 diputados). Con esa proporción el oficialismo contaría con la mayoría calificada del 66% de la cámara, y con ello la capacidad sobrada para reformar la constitución a su antojo, sin necesidad alguna de consultar o negocial con las minorías. Esto es contrario al espíritu del parlamentarismo. Un principio básico del orden democrático es el voto universal, secreto e individual. Un ciudadano, una ciudadana, equivale a un voto. Ni más, ni menos. Pero la distribución mañosa que defiende la Secretaría de Gobernación, y que al parecer prevalece en el Consejo General del INE, potenciaría unos votos y devaluaría otros. Resulta que cada diputado federal le habría “costado” a Morena 97 mil 928 votos, mientras que al PAN 147 mil 784, al PRI 200 mil 721 y a MC 270 mil 725. El Verde y el PT los compraron en barata, pues les “costaron” 66 mil 586 y 65 mil 94 sufragios. Esto quiere decir que cada voto del PT equivale a tres, sí, tres votos del PRI; un voto de Morena pesa 1.5 votos del PAN, y un voto del PVEM equivalió a 4, sí, 4 votos de MC. Hay mexicanos de primera, y mexicanos opositores de segunda… Resulta que, según el artículo 54 constitucional, cada partido que aspire a participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional deberá acreditar que participó con 2 candidatos de mayoría relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales. Esto no se acreditó por parte de los partidos integrantes de la coalición morenista, por tanto, no tendrían derecho a diputados plurinominales. Se busca superar este escollo con una interpretación chueca de dónde se participó en coalición y dónde como partido solitario, además de transferir candidatos con sus votos desde Morena hacia sus rémoras. También ese artículo ordena que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; es decir, el 60% de la Cámara. Aquí sí se asumen como coalición completa. Tenemos ante nosotros la más grave amenaza contra el orden democrático de nuestro país. Con esta conquista tramposa del poder legislativo vendrá enseguida la destrucción y posterior domesticación del poder judicial, la desaparición de los organismos autónomos, la desaparición del INE y los OPLE, y su sustitución por un órgano de gobierno como el de Venezuela; el debilitamiento del federalismo, la consolidación del caudillismo y el retorno a la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Hay mucho que defender… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond

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Piratas del Caribe Luis Miguel Rionda (*) El miércoles pasado tuve la ocurrencia de escuchar la conferencia de prensa que emitió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vía CNN en español (https://t.ly/Ewk7B). Me he acostumbrado a escuchar sin enojarme los desvaríos de las mañaneras obradorianas, por lo que me creí dotado de la suficiente fortaleza de ánimo ante las monomanías de los poderosos. Pero me equivoqué: Maduro está en la categoría de los pesos pesados de los autócratas demagogos. Más de dos horas de un interminable monólogo que derramó odios, prejuicios, denostaciones, condenas, teorías de conspiración, ideologías arcaicas de panfleto, y la evidente adicción al poder por parte de una opción política que se ha autodenominado “bolivariana”, apropiándose del pensamiento cosmopolita e inclusivo del gran libertador. Es en verdad terrible lo que les acontece a los hermanos venezolanos. Han acumulado 26 años de padecer un populismo irresponsable que ha destrozado una de las economías más boyantes de América Latina. Recuerdo bien que en los años setenta y ochenta del siglo pasado Venezuela era un ejemplo de país en desarrollo que había encontrado la vía para consolidarse como democracia plural, con índices de bienestar envidiables. Colombianos, ecuatorianos y otros emigraban en masa hacia los polos de desarrollo de Venezuela. El país podía darse el lujo de tolerar caudillismos y populismos moderados como el de Carlos Andrés Pérez. Pero todo cambió en 1999 con el arribo, mediante las urnas, del exgolpista Hugo Chávez, silvestre coronel formado en la guerra contrainsurgente por el Comando Sur de los Estados Unidos, que se inventó la pseudo ideología del socialismo bolivariano. La crisis económica y social de entonces abonó al hartazgo de la población, y abrió las puertas al desastre. A partir de ahí todo se precipitó: el cambio constitucional y de modelo de desarrollo en 1999; el incremento espectacular de los precios del petróleo en la primera década del siglo, con el derroche irresponsable de recursos; la persecución de los partidos de oposición; la domesticación del órgano electoral nacional; la captura de las instituciones; la censura a los medios de comunicación, y la adopción de un modelo militarizado de control social. Chávez murió en 2013, pero fue sucedido por su palafrenero mayor: Nicolás Maduro, que sigue escuchando al “pajarito” en que se convirtió su ex patrón. Ha acumulado casi doce años en la presidencia heredada. Y se hoy se presenta por un tercer periodo de seis años, luego de nulificar a su principal oponente María Corina Machado. Pero la oposición se reagrupó con Edmundo González, y asume que obtuvo una amplia victoria electoral este domingo 28 pasado. El discurso de marras hace temer una escalada en la represión contra los opositores, aún peor que la de 2019. Las amenazas son más que evidentes. La dimensión del fraude electoral provocó que más de 50 países pongan en duda la legalidad de la elección. El gobierno de México no ha tomado posición, pero me temo que pronto se incline por su aliado ideológico. Malo será que una democracia funcional como la mexicana se alinee con los piratas del Caribe. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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Columna Diario de Campo: Ecos del dos de junio (6)

Luis Miguel Rionda (*) Decía yo en mi pasada contribución que, analizando los datos de la última elección local de Guanajuato, la mayor novedad es que la diversidad partidista se ha impuesto en todos los ámbitos, y que el avance oficialista es sorprendente. En el entorno federal se impuso la coalición liderada por Morena, que ganó las dos senadurías de mayoría y en ocho de los trece distritos federales. La alianza Fuerza y corazón por México sólo se afirmó en cinco y el PAN en solitario en dos distritos. Hace tres años Morena sólo había logrado dos distritos: el 10 de Uriangato y el 13 de Valle de Santiago, reductos agraristas y del viejo progresismo clientelar. El PAN confirmaba su posición hegemónica con doce distritos, y en otro más en coalición, el 08 de Salamanca, muy disputado por Morena y el clan de los Prieto. La candidata presidencial de Morena también logró triunfar en Guanajuato ante la poco conocida aspirante del PAN-PRI-PRD, con un diferencial de casi 200 mil votos, una ventaja del 7.2%. En cambio, la candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Guanajuato recibió casi 277 mil votos más que su rival de la coalición de Morena, con un 10.2% de diferencia en su favor. Las candidatas ganadoras, Claudia Sheinbaum y Libia García, recibieron un millón 302 mil 706 y un millón 393 mil 801 votos respectivamente. La candidata local superó a la presidencial con 91 mil 95 sufragios. Lo local sigue pesando mucho en el ánimo político de los guanajuatenses. En este proceso electoral se incrementó sustancialmente el índice de competitividad en todas las posiciones en disputa. Éste índice se obtiene de dividir el número de votos del candidato en segundo lugar sobre los que obtuvo el primer lugar, obteniéndose un índice de cero a uno. El cero es nula competitividad y el uno es el empate perfecto. Entre Sheinbaum y Gálvez hubo una competitividad del 0.85 en Guanajuato; a nivel nacional fue mucho más bajo: 0.46. Entre Libia y Alma Alcaraz, candidatas a la gubernatura, fue de 0.80.

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México peligra por destrucción de instituciones

Juan Miguel Alcántara Soria Conmemorar el Día del Abogado, el día 12, fue ensombrecido por la venganza de AMLO de querer destruir al Poder Judicial. Afectará a los usuarios del servicio de justicia, especialmente a quienes demandan la protección de sus derechos humanos por actos de autoridad. Y por la pretensión de Morena de sobrerrepresentarse con diputados de más, para tener mayoría con la cual reformar, solos, la Constitución, violando la misma Constitución. Sin duda, a López Obrador le fastidió que la Suprema Corte de Justicia declarara contrarias a la Constitución varias de sus propuestas. Y con la presidenta electa, buscan desaparecer ese contrapeso constitucional: tener un Poder Judicial también sumiso. Y regresarnos un siglo atrás, a época de Plutarco Elías Calles, controlando a su sucesora. A un gobierno de partido predominante, hegemónico, centralista. La “dictadura perfecta”. Desmontarían al Estado de Derecho, que fundamentalmente supone respeto a los derechos humanos y la división de poderes. Una parte del país vive abrumada luego de las elecciones. Una fortaleza institucional fueron las mesas directivas de casilla -receptoras de votos-. La idea de insacular ciudadanos para, por sorteo, así integrarlas, la impulsé yo (la tomé de España) siendo diputado federal, en propuesta de reforma política que en 1989 presentamos panistas al presidente Salinas de Gortari, y concretamos. Ahí emergió la ciudadanización de nuestro sistema electoral, el IFE, y su unidad básica, la mesa directiva de casilla. Es el tramo institucional más trascendente y eficaz (“La voz de los otros”, José Woldenberg, Cal y Arena, 2015). Vino después la ciudadanización del Consejo General y la exclusión del secretario de gobernación. No afectaron ahora las lealtades de la presidenta del INE. Las amenazas mayores vendrían después: querer alterar la representación popular sobrerrepresentándose. Para luego, desaparecer al INE y reaparecer Gobernación. El Tribunal Electoral inició la calificación de la elección presidencial y condenó, el miércoles 10, la injerencia de López Obrador en el proceso, desde mayo del 2023, por coaccionar el voto ciudadano, usar indebidamente recursos públicos y programas sociales, promoción personalizada, propaganda gubernamental en período prohibido. En particular, condenó su alusión al “plan c” para lograr mayoría calificada en las cámaras legislativas. Fue reprochable injerencia en las preferencias ciudadanas. También condenó declaraciones violatorias de la Constitución de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del vocero presidencial y otros. AMLO explotó por ello el viernes contra el Tribunal. Falta éste enjuicie la intervención del crimen organizado. Fue una “elección de estado”; dispareja, como eran en el príato en que se formó Obrador. No nos estacionemos en el agobio. Apunté en este espacio, es necesario reconstruir el sistema de partidos políticos, fundar nuevas opciones, real y positivamente ciudadanas. Los actuales son inviables. Pero hay que considerar antes lo más fundamental: contar con ciudadanía, con demócratas. ¿Los tenemos? Éste es un reto enorme. De inicio nos falta estima de la verdad en el conocimiento y la conducta, rechazamos una ética congruente de la vida personal y social; tenemos deficiencias en el pensar ordenado y crítico. No hay escuelas de ciudadanía en el país. Hay que construirlas. Si desatendemos nuestro déficit ciudadano no hay futuro prometedor. Deconstruir implica reconocer qué hemos hecho o dejado de hacer, por qué, qué cambiar. Empezar por cada uno. Reconocernos personas, cuerpos espiritualizados o espíritus encarnados. Somos preguntas vivientes en busca de respuestas. Arrastramos de siglos resentimientos, falsedades, esquizofrenias, soledades, maniqueísmos, patriarcados, individualismo, simulaciones, y otro etcétera largo. Reconstruir nos exige asumirnos cono personas responsables, y reconocer en los otros la misma dignidad, así como la interdependencia para el bien o para mal común. Cuidemos lo que funciona. Reconstruyamos lo que no, incluyendo en el Poder Judicial, que por supuesto requiere mejoras. No destruyamos lo avanzado. Cuidemos las instituciones que mucho nos han costado. México peligra.

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Ecos del 2 de junio (5) Las 46 elecciones municipales en Guanajuato del 2 de junio pasado confirmaron que es ahí donde se registra la mayor de las movilidades político-partidistas desde la alternancia en el poder estatal en 1991. En ese año el Partido Acción Nacional desplazó al Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado la entidad y sus municipios desde 1929, incluyendo los membretes fundacionales del PNR y el PRM. Antes incluso, si se toma en cuenta que el PNR tenía antecedentes locales en la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses fundada en 1923, con los bien recordados “verdes” obregonistas. Al hacerse del poder estatal en 1991, los gobiernos del PAN cambiaron las condiciones de la competencia, sobre todo al fundar el primer órgano electoral ciudadanizado del país, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 1995. Desde entonces se ha enriquecido mucho el juego de las competitividades municipales, aunque en el gobierno de la entidad se ha consolidado una hegemonía panista que abarca los tres poderes, y que pudo soportar con relativo éxito el embate electoral oficialista de la 4T en esta última elección. En los últimos quince periodos municipales que han transcurrido desde 1983, cuando aún prevalecía la hegemonía priista, se han registrado 306 alternancias partidistas en las 46 municipalidades. Esto fue muy claro a partir de 1991, cuando el primer gobierno estatal panista se hizo cargo de la organización de las elecciones, y más aún con el órgano ciudadano en 1995. Hay municipios que han experimentado once alternancias, como San Francisco del Rincón, San José Iturbide o Villagrán, o diez como Comonfort, Dolores Hidalgo, Santa Cruz de Juventino Rosas o Uriangato. La hegemonía panista municipal tuvo su cúspide en 2006-2009, cuando gobernó a 36 ayuntamientos. Luego se estabilizó alrededor de los 25 o 26, hasta caer a 22 en 2021-2024 y 23 en el trienio por comenzar el próximo 10 de octubre. De estos últimos ganó en coalición en 13. Morena brincará de gobernar a tres municipios todavía hoy (Salamanca, Silao y Doctor Mora), a hacer gobierno —sin coalición— en trecerepitiendo en Salamanca y Tierra Blanca, pero con triunfos en municipios importantes como Celaya y San José Iturbide. Los partidos de la coalición PAN-PRI-PRD perdieron la oportunidad de ganar en algunos municipios por haberse presentado por separado, como en Abasolo (Morena), Cuerámaro (PT), Huanímaro (PVEM), Pénjamo (Morena), San José Iturbide (Morena), Santa Cruz de Juventino Rosas (independiente) o Villagrán (Morena). La competitividad en todos estos espacios fue muy alta, pero también en Irapuato, Acámbaro, Comonfort y otros. Algo interesante es que se incrementó mucho la participación electoral en estos últimos comicios municipales, seguramente por haber concurrido con los de presidencia y gubernatura. En 2021 se registró un índice de 44.1% de votantes efectivos, y ahora fue de 54.7%. De poco más de dos millones de electores se brincó a 2 millones 664 mil y pico. Una muy buena noticia sin duda. Luis Miguel Rionda (*) Antropólogo Social.Profesor de la Universidad de Guanajuato, campus León. luis@rionda.net-@riondal-FB.com/riondal-ugto.academia.academia,educademia.edu/Luis Miguel Rionda

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Ecos del dos de junio (3) Luis Miguel Rionda (*) Una de las características llamativas en estos comicios concurrentes del dos de junio pasado fue el llamado “voto diferenciado”, es decir, el voto por opciones políticas diferentes, en las que los electores discriminan entre las opciones políticas en función del orden de gobierno (municipio, estado y federación) o del carácter del cargo (legislativo o gubernamental). Electores que repartieron sus preferencias sin importar el partido, sino más bien por el o la candidata en cuestión. Es lo contrario al “voto en cascada”. En general, la candidata presidencial de Morena jaló hacia arriba la votación de ese partido en los procesos locales. También sucedió lo contrario, pero en la coalición de Fuerza y Corazón por México: contra lo que esperábamos, la candidata presidencial fue castigada en relación con los candidatos locales en estados como Veracruz, Puebla, Yucatán, CDMX y Guanajuato. En el caso de esta última entidad, Xóchitl Gálvez obtuvo un millón 103 mil 326 votos, el 40.9% del total válido. Perdió por 7.4% ante Claudia Sheinbaum, que logró un millón 302 mil 706 votos, el 48.3%. Un avance espectacular cuando comparamos con los resultados de la coalición Juntos Haremos Historia de AMLO, seis años antes, que recibió 707 mil 222 votos, 31.4% del total válido. En contraste, la candidata a la gubernatura en este estado de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Dennise García, logró un millón 393 mil 801votos, con los que alcanzó la victoria con el 52.3% de los votos válidos. La candidata morenista se quedó atrás con un millón 117 mil 103 votos, el 41.9% del total. Destaca que Libia atrajo 20.8% más votantes que Xóchitl. Es decir, la candidata del corazón rosa no provocó suficiente entusiasmo de los guanajuatenses, que habían apoyado a Ricardo Anaya seis años antes, con un mayoritario 41.7%. ¿Por qué sucedió esto en Guanajuato? Es parte de lo que debe ser analizado con cuidado por parte de los partidos 2 políticos perdedores, pero sobre todo por la sociedad civil que acompañó a la candidata con la #MareaRosa. Lanzo una hipótesis a debatir: me parece que la resistencia que generaron los partidos políticos en Guanajuato, en particular el PAN, para acordar una coalición total en este proceso electoral impidió que el electorado percibiera que Fuerza y Corazón por México rebasaba la tradicional rivalidad entre partidos antes acérrimos contrincantes, que además cargan con negativos históricos, como en el caso del PRI. Por eso la candidata presidencial nunca terminó de ser ubicada como una opción diferente, ciudadana, al populismo autoritario de la 4T. Eso es claro si analizamos las derrotas que pudieron evitarse si se hubiera constituido la coalición total, como en las senadurías de mayoría. En este caso la coalición morenista logró un millón 180 mil 600 votos, que harán senadores a Ricardo Sheffield (Morena) y Virginia Magaña (PVEM). Los candidatos del PAN Miguel Márquez (exgobernador) y Adriana Rodríguez perdieron por 106 mil 552 votos, un 9% menos. Si se hubieran presentado en coalición habrían podido sumar, eventualmente, los 189 mil 13 votos del PRI y el PRD, alzándose con la victoria con el 47.9% del total de votos válidos. A nivel distrital y municipal el tema se pone más interesante… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond

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