Juan Miguel Alcántara Soria Trump no toma posesión del poder, y ya está ejerciéndolo. Anunció que el primer día, 20 de enero, impondrá aranceles (cargas fiscales) a productos provenientes de México y Canadá; y los mercados temblaron. El macho alfa sabe a dónde quiere ir, controla ambas cámaras del Congreso, polariza su nación, en condiciones que hacen factible aterrice su visión de país hegemónico, sin consideración ético-política alguna. Acá, el presidente Obrador (también empezó a gobernar al otro día de la elección de 2018; Peña Nieto le soltó el poder antes de tomar posesión), sigue gobernando. Sabe a dónde quiere llevar a México. Y tiene alineada a la subpresidenta Sheinbaum, al poder legislativo, y pronto al poder judicial, en dirección a otro régimen político: autoritario, no democrático, centralista, sin instituciones autónomas y sin contrapesos, en lugar de república democrática, federal. También mantienen polarizado al país, y sin partidos de oposición ni otras organizaciones capaces de contener destrucción de instituciones que llevan a paso veloz, valiéndose de la mentira, el chantaje, el atraco. Esta semana afectaron, otra vez, derechos humanos de los mexicanos: unos, con sola la mayoría de senadores de la 4t. Y otros derechos, con el voto de siete del PAN, renegados del Humanismo Político que dio densidad ético-política a ese instrumento ciudadano. La mayoría oficialista borra de la Constitución órganos autónomos, garantía de derechos a la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales; y contrapesos del poder, como el INAI. Y esa mayoría, con aval inmoral de senadores de oposición, reforman la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, automática, sin juicio previo, como el de extorsión. No respetan el principio de presumir un ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bastará un agente del ministerio público reciba denuncia de extorsión, para que pueda solicitar prisión; y después investigará. Las incapacidades y deficiencias comprobadas de los ministerios públicos, federales y locales, para investigar, es premiada con nuevo atraco a derechos; llevará a inocentes a perder su libertad. Más, en el ambiente de desprecio a la ley que se impulsa por la 4t. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México reponer derechos humanos, por el amplio catálogo de delitos que merecen pena privativa de la libertad sin juicio previo ni sentencia. Y los poderes públicos no solo desacatan orden internacional; lo agravan. En Guanajuato la extorsión se tipifica así: “A quien, para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, exija a otra persona por medio de la violencia, dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de un tercero, se le aplicará de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa” (Art. 179 e). Cualquier malqueriente (una pareja despechada, un vecino envidioso, un alumno reprobado) podrá denunciar que otro le exige un dar, hacer, o no hacer algo en su perjuicio, y con violencia, para que pueda ser privado de su libertad, sin juicio previo. La extorsión es de los delitos más incrementados en todo el país, sin duda. Pero ante incapacidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir o contenerla, le dan al ministerio público una herramienta de la que, sin duda, abusará, en perjuicio de inocentes. El régimen que configura el obradorato no es de leyes ni instituciones. “La ley no es la ley”, “al diablo las instituciones”. Sino de revanchas y ocurrencias con soporte clientelar. No se entiende cómo la coordinadora de senadores panistas, Lupita Murguía -mi contemporánea en la Escuela Libre de Derecho-, o el exgobernador Márquez -estudió Filosofía y Ética en seminario- pierden brújula y atentan contra derechos derivados de la dignidad humana. Y su presidente Romero preocupado por su impunidad, doblado ante la subpresidenta. No saben a dónde van. “No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”, dijo Séneca. La delincuencia organizada y no, empoderada como nunca, sí sabe a dónde. Y los buenos, que somos más ¿Cuándo definimos rumbo y ritmo al bien común?
