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Nuevos Partidos 2025 Luis Miguel Rionda (*) Desde la reforma electoral de 2014 se estableció en la legislación mexicana, tanto federal como local, que cada seis años, luego de la elección presidencial o de ejecutivo estatal, se abriría una ventana temporal para el registro de asociaciones que aspiren a constituir nuevos partidos políticos en el siguiente mes de enero (artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos). Es decir, que en seis semanas se abrirá ese registro tanto en lo federal como en lo local. La constitución de nuevos partidos es regulada por el artículo 41 constitucional, base I; la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 9º al 19, y la ley electoral de Guanajuato en sus artículos 24 al 30. El mecanismo es relativamente sencillo: se basa en la realización de asambleas de agremiados. Si se trata de partidos nacionales, se requieren en por lo menos en veinte entidades o en doscientos distritos federales. En el caso de los partidos estatales se necesitan asambleas en dos tercios de los municipios o distritos locales. Todo en el término de un año. El proceso culmina con una asamblea nacional o estatal según el caso. Todo ello con la presencia fedataria de funcionarios de los institutos electorales, que deben certificar el número de afiliados que participaron en las asambleas, que en el caso de partidos nacionales en ningún caso podrá ser menor a tres mil en las estatales, o trescientos en las distritales. Respecto a los partidos locales, deben cubrir el 0.26% del padrón de su demarcación, vigente en la elección anterior del ejecutivo. Muchos grupos y asociaciones de ciudadanos, inquietos por el empobrecimiento del escenario político partidista que resultó luego de la elección del 2 de junio pasado, se están movilizando para presentar sendas solicitudes ante el INE o los organismos electorales locales. Es el caso, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional, donde prevalecen socialdemócratas. Pero también se agitan las aguas en espacios como el de los conservadores y libertarios, que desean rebasar al PAN por la derecha, o los trabajadores del Poder Judicial y de los diversos organismos defenestrados por la 4T, o de académicos e intelectuales alarmados por la desintegración del sistema de contrapesos; e incluso, de nuevo, las iglesias evangélicas militantes. En el 2013 fueron 52 las asociaciones que entregaron su carta de intención ante el INE; sólo dos lograron el registro (Partido Humanista y Partido Alianza Social). En 2019 fueron 102, y lograron su registro preliminar seis (Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, México Libre, Grupo Social Promotor de México y Fundación Alternativa). De éstos, sólo los tres primeros pudieron competir en las elecciones de 2021. Será interesante observar cuántos colectivos buscarán el registro en esta ocasión. La crisis actual del sistema de partidos hace sospechar que serán muchos, pero muy pocos cumplirán los requisitos. Se requiere de recursos privados, que serán auditados. Un reto nada fácil. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

Es Claudia… Luis Miguel Rionda (*) La ingenuidad es un defecto imperdonable en la política. El ejercicio de ésta es pragmático, maquiavélico, cruel y descarnado, en particular para aquéllos no curtidos en las artes de la simulación, la hipocresía y el doble lenguaje. Esto lo saben muy bien los jerarcas del pseudo movimiento social que hoy gobierna nuestro país, y en contraste parecen desconocerlo los líderes de lo que queda de la oposición. En menos de un mes de gobierno, el régimen tiene arrinconados a sus desconcertados antagonistas, que no han sabido mantener unido su reducido grupo de contención, y ya padecieron las amarguras de la traición entre sus decrecientes miembros. Muchos analistas y comentaristas, entre los que me cuento, padecimos la misma enfermedad de la ingenuidad, y quisimos ver en la novel presidenta Sheinbaum un último refugio de la racionalidad política. Pensamos en ella como la mujer sensible, educada y sensata que podría haber disimulado un talante moderado detrás de la imagen de dureza y radicalismo. Si bien sus antecedentes la ubicaron siempre dentro del extremo izquierdo de las buenas conciencias de la burguesía acomodada mexicana, su formación como científica del medio ambiente podría haberle dotado de la sana duda cartesiana y la afición a la libertad de pensamiento, como la que defendieron Voltaire, Russell, Popper, Eco y Sabater. Creí, creímos, que el afianzamiento en el poder presidencial sería su acta de independencia de su tutor populista, y dejaría ver a la Claudia críptica: la académica moderada, sensata y progresista. Fue ingenuidad pura. Estupidez, dirán muchos. En tres semanas ya calamos la profundidad de sus prejuicios ideológicos. No sólo no moderó el plan C, sino que metió el acelerador en temas como el de la deforma (sic) judicial, donde hubiera sido deseable promover un diálogo respetuoso entre poderes antes de pasar a la guillotina. El Poder Judicial ha demostrado ser un hueso duro de roer. Sus trabajadores, antes prudentes servidores públicos apegados a las normas y las formas, han reaccionado con decisión y vehemencia en la defensa de sus carreras judiciales. Les han prometido respetar sus derechos laborales, pero los perpetradores desconocen que uno de los incentivos más poderosos del trabajador judicial es la posibilidad efectiva de subir en el escalafón dentro de uno de los servicios de carrera más exitosos del país. El aspiracionismo superador es el rasgo distintivo del profesional del derecho litigioso. Esto es kriptonita para el practicante del igualitarismo de Procusto, la creencia en la igualdad en la mediocridad. La reciente iniciativa de la llamada “supremacía constitucional” es la evidencia de que no han arribado demócratas al legislativo y a la presidencia de la república. Son caporales del autoritarismo nacional populista. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados, dijo Gómez Morín, con demasiada razón. La inatacabilidad de las reformas a la carta magna dejará en manos de una mayoría inflada los destinos de la república, y pronto el documento fundamental no se parecerá nada al programa político liberal y democrático que heredamos de todo un siglo de luchas por la modernización política del país. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda