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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la completa desarticulación de una célula delictiva que mantenía bajo asedio a comerciantes en la ciudad de Irapuato, tras obtener las últimas sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado por el delito de extorsión agravada. El éxito de esta operación se consolidó tras la reciente condena de BRAYAN JOSÉ “N” de 21 años de edad, quien ha sido plenamente identificado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) como el encargado de negociar directamente las exigencias económicas con los afectados. Las indagatorias ministeriales, encabezadas por un agente del Ministerio Público, demostraron el modus operandi de este grupo criminal que durante los meses de enero y febrero de 2025, afectó a cerca de 20 negocios en el municipio, incluyendo giros como bares, farmacias, carnicerías y misceláneas. La mecánica delictiva consistía en acudir presencialmente a los establecimientos para entregar notas extorsivas con amenazas y números de contacto; en caso de que las víctimas no se comunicaran de inmediato, los delincuentes regresaban al día siguiente para realizar disparos con armas de fuego contra las fachadas de los locales comerciales. Uno de los casos que destacó, ocurrió a principios del año 2025, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta acudieron a un lote de compra venta de autos, donde entregaron al propietario un papel firmado con las siglas de un grupo delictivo exigiéndole comunicarse bajo la advertencia de ser el último aviso. Al llamar a la línea extorsiva, BRAYAN JOSÉ “N” contestó y exigió un pago inicial, bajo la amenaza de incendiar el inmueble si no cumplía. Ante la negativa de la víctima a ceder al chantaje, dos sujetos en motocicleta dispararon contra la fachada del lote dañando un vehículo, agresión que días después se repitió, provocando afectaciones en otro vehículo. El trabajo de inteligencia y de campo desplegado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía permitió ubicar y detener a cada uno de los componentes de este grupo delictivo, logrando además el aseguramiento de material probatorio contundente como equipos telefónicos, chips, libretas con anotaciones detalladas de los negocios comerciales, números telefónicos de las víctimas y manuscritos utilizados para las extorsiones. Previo a la detención del negociador, la UECSE ya había logrado capturar, procesar y obtener sentencias condenatorias de prisión para ERNESTO ULISES “N”, ROSA MARÍA “N”, JESÚS RICARDO “N”, alias «el bombero», respecto a los dos miembros restantes de la banda, EMILI KARLA VANEZA “N”, alias “la bélica”, y YOJAN ALFREDO “N”, se dio a conocer que inicialmente fueron capturados y procesados por un hecho delictivo diverso, pero la Fiscalía General del Estado logró acreditar su pertenencia a esta misma red criminal, garantizando que todos sus componentes recibieran condenas y evitando así, que quedaran impunes sus actos.

Los presuntos extorsionadores fueron identificados como JESÚS EDUARDO “N”, JORGE GIOVANNI ”N” y JOSÉ FABIÁN “N”, quienes, contactaban a las víctimas por medio de mensajes y llamadas para exigirles el pago de una suma de dinero, haciéndose pasar como integrantes de un grupo delictivo en León. Los hechos se originaron en febrero de 2026, lo que motivó la denuncia y en ese momento se activaron los protocolos de investigación que incluyeron la obtención de diversos indicios clave para la plena identificación de los involucrados. La detención de estos sujetos se concretó en operatividad ministerial por parte de la Fiscalía Regional “A”, cuando los imputados viajaban a bordo de una camioneta y dos motocicletas de las cuales una cuenta con reporte de robo. Una vez judicializado el caso y tras cumplir con el plazo constitucional de la duplicidad, el Juez resolvió vincular a los tres sujetos a proceso penal por los delitos de extorsión agravada y robo equiparado. Como resultado de los datos de prueba presentados, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados y se fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.