El actual gobierno, que tampoco puede gobernar, ha decidido regresar a la época de la centralización del mando en la capital
Pretende acabar con las alcaldías creando 20 Casas de Gobierno Rosario Guerra Nací y crecí en la Ciudad de México. La conozco y la quiero pese a sus riesgos y retos. Su gobernabilidad siempre pende de alfileres, pero tiene su propio carácter, su historia y su orgullo. Ha sobrevivido a malos gobiernos. Ha perdido parte de su majestuosidad, pero sigue siendo la capital de la República. Sus pueblos, barrios y colonias tienen su personalidad. Los capitalinos tenemos pertenencia. Somos coyoacanenses, chintololos, iztapalapenses, sanangelinos, xochimilcas, tlalpeños, tlahuenses; de Iztacalco, de la Portales, de las Lomas, del barrio de Tepito, del Centro, de la Venustiano Carranza, de Santa María la Ribera, de Santa Cruz Atoyac, de Tlatelolco, de la Zona Rosa, y así sucesivamente, sin fin. Venimos de todo el país, forjamos grandes unidades habitacionales; nuestros vecinos son familia, porque la real está muy lejos. Conservamos barrios como el del Niño Jesús; pueblos como La Candelaria o Los Reyes; zonas como la Viaducto Piedad; vialidades como el Viaducto, el Periférico y los Ejes Viales; y dos grandes avenidas emblemáticas: Reforma e Insurgentes. La ciudad ha ido creciendo, pero cada vez tiene menos población, porque es cara. Muchos han emigrado a las zonas conurbadas del Estado de México o de Hidalgo: más baratas, pero lejanas y con transporte caro y tortuoso. on las mismas vialidades, pero hay más autos. La contaminación nos causa alergias y enfermedades. Por muchos años no tuvimos derechos políticos plenos; no elegíamos autoridades. Había un solo mando central y 16 delegaciones, ocupadas por personajes del interior del país. El suelo se encareció. Surgieron los negocios inmobiliarios. La vivienda subió de precio. La ciudad se defendió: protegió sus zonas históricas, redactó planes parciales de desarrollo y zonas de conservación que buscaron mantener el rostro citadino; se promovió la participación ciudadana tras el sismo de 1985 y, poco a poco, se fue cambiando de jefes de manzana a COPECOs. Se crearon mapas de riesgo y se transformó la movilidad con el Metro, el Metrobús, los Uber, los taxis, los camiones y sus rutas. Ahí quedan muchos de sus monumentos históricos que le dan nombre: la Cabeza de Juárez, el Caballito, la Columna de la Independencia, la mal lograda Glorieta de Colón, el Palacio de Bellas Artes, el Edificio de Correos, el Palacio Nacional, el Zócalo, el Hemiciclo a Juárez, la Alameda Central, los parques de la Condesa y la Roma, la calle Álvaro Obregón, del siglo XIX. Son tantos los lugares que distinguen y caracterizan a nuestra capital. El actual gobierno, que tampoco puede gobernar, ha decidido regresar a la época de la centralización del mando en la capital. Pretende acabar con las alcaldías creando 20 Casas de Gobierno. Algunas ya se instalaron, con facultades, recursos, normatividad, trámites y licencias; en fin, suplantarán a las alcaldías y, a falta de presupuesto, terminarán por dejarlas inactivas. No importa quién gane las elecciones: el pluralismo se acabó. Un solo mando determinará usos de suelo, licencias, vialidades, gentrificación y uso de suelo mixto. No habrá espacio para la protesta. Se debilita la participación ciudadana. A partir de la aprobación del Plan General del Instituto de Planeación, que se supone está hoy a consulta, el Congreso local lo aprobará y se crearán leyes a modo para sacar la mayor rentabilidad de la ciudad. No importa si hay o no suficientes servicios, cuáles son zonas de conservación ni si existe duplicidad de funciones entre las Casas de Gobierno y las alcaldías: quienes decidan serán las Casas. El derecho a la ciudad se vuelve regresivo y obedecerá a una sola propuesta, la del gobierno central. Sin necesidad de reforma electoral, se debilita la fuerza de las autoridades electas. Se podrá rezonificar; podrán convivir viviendas con casinos, antros, centros comerciales y oficinas. Se va a reinterpretar la capital, bajo la premisa de que ya tiene servicios e infraestructura y debe repoblarse con el orden que determine el gobierno central. Se tendrá una visión metropolitana que incluirá vialidades, transporte y seguridad. Lo cual, en principio, podría aportar a una mejor convivencia y conectividad. Pero falta ver la ley que enmarque esta visión y si se subordina a intereses lucrativos o de urbanismo. Por más foros, consultas y encuentros que se realicen, la participación de más de siete millones de habitantes será mínima. Y en los estados conurbados aún será más forzada la legislación que se imponga. Desde la Constitución de la Ciudad de México de 2017 empezó a abandonarse la participación ciudadana. Habrá una nueva ley en la materia que adicionará a su título un “y control”. La factibilidad de servicios dejará de ser motivo para impedir nuevos usos del suelo. Desde luego habrá quien alabe la propuesta para devolver a la capital orden, control y aprovechamiento de su infraestructura; incluso una supuesta necesaria gentrificación, para igualarla a las grandes urbes mundiales. Se dirá que bajará el costo de la vida, entre otras posibles ventajas. En principio, aunque no me guste un modelo centralizador, podría tener ciertas ventajas en el reordenamiento urbano. Sin embargo, los rasgos autoritarios y la ambición desmedida por la riqueza que esta capital tiene me hacen desconfiar enormemente de este modelo que desplaza pluralidad, historia y participación ciudadana, y centraliza el poder. Serán 20 años que cambiarán por completo el rostro de nuestra ciudad. Es una modalidad política novedosa para hacerse del poder sin cambiar el modelo político. Así que, para elegir diputados locales en 2027, debes fijarte muy bien a quién le das tu voto respecto a lo que será la nueva geopolítica de la Ciudad de México. Las alcaldías ya no tendrán fuerza para enfrentar al gobierno central. Ese es el futuro próximo. Debemos resistir: la lucha urbana no se termina.
