Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que existe una “práctica sistémica” del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno que encabeza para estigmatizar o tachar de “corruptos” a jueces y magistrados que emiten resoluciones contrarias a su administración.
En una carta enviada al mandatario López Obrador, la relatora también advierte que hay legisladores de su partido Morena, así como funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), que “habrían agredido y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuáles estarían aparentemente en desacuerdo”.
En el documento se advierte que las autoridades mexicanas presentan de manera descontextualizada las resoluciones hechas por los magistrados, para después decir que actuaron fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes.
“Al parecer esta práctica se habría vuelto sistémica”, señala.
Esta práctica habría iniciado desde el 2019, cuando el presidente comenzó a emplear “ataques ad hominem” en contra de jueces durante sus conferencias de prensa diarias, conocidas como Las Mañaneras, al realizar declaraciones sobre que los jueces son “corruptos”, tienen conflictos de interés o que actúan “bajo intereses criminales, complicidades, cohabitaciones inconfesables, corrupción y despilfarro de recursos”.
Declaraciones similares habrían sido replicadas por funcionarios del poder Ejecutivo y Legislativo, como el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien presenta de forma quincenal una sección llamada “Jueces que favorecen a delincuentes” y en las que habría compartido información de jueces y magistrados que han emitido resoluciones “adversas”.
La relatora dijo tener información sobre investigaciones a jueces, solicitadas en público por parte de López Obrador, como parte de sus reiteradas denuncias contra ellos, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, además de peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia.
“Sin pretender prejuzgar sobre la veracidad de estas denuncias, expreso mi seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluyen previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones públicas. De confirmarse, los hechos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México”, señala la Relatora Especial
