Migrantes devaluados Luis Miguel Rionda (*) El gobierno del estado de Guanajuato pretende dar un paso atrás en sus políticas de atención a la población de paisanos que viven en el exterior, particularmente en los Estados Unidos y Canadá. Se busca desaparecer la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y diluirla en una nueva Secretaría de Derechos Humanos. Esta medida contradice la larga tradición de los gobiernos estatales por la atención de una población que ronda, según diversas fuentes, entre el millón 200 mil personas y el millón y medio. Haré un poco de memoria. En los últimos meses de 1993 me tocó en suerte colaborar con Fermín Salcedo Courtade en la fundación de la primera oficina de “atención a las comunidades guanajuatenses en el extranjero” del gobierno del estado, en aquel entonces gobernado por Carlos Medina. La oficina dependía directamente de la secretaría particular del gobernador, por el gran interés que despertaba el tema al ejecutivo. Entonces calculábamos que entre 600 mil y 800 mil guanajuatenses vivían o trabajaban en los Estados Unidos. Con el tiempo se evidenció que la cifra era muy conservadora. Yo tenía experiencia de trabajo académico con comunidades migrantes de Oaxaca y Michoacán, y esa fue mi oportunidad de vincularme con programas de intervención social, que eran fuertemente demandados por los paisanos para sus comunidades. Entonces nadie tenía idea de la importancia de las remesas para el desarrollo local y regional. El Banco de México comenzó a medirlas con precisión apenas en 1995, y de inmediato se hizo evidente su importancia. Por otro lado, en el ámbito político las organizaciones y los líderes migrantes desplegaban en los años noventa un gran activismo para que se les reconocieran derechos políticos en México, así como la posibilidad de votar desde el exterior. Desde la academia seguí acompañando de diversas maneras estos esfuerzos para el reconocimiento del papel jugado por esta importante comunidad trasterrada. Las distintas administraciones estatales le dieron una atención creciente al tema. En tiempos del gobernador Fox se fundaron cuarenta casas Guanajuato en diversas ciudades del país del norte. La oficina inicial se transformó en dirección general y pasó a depender, primero, de la Secretaría de Gobierno, y luego de la Secretaría de Desarrollo Social. El gobernador Romero Hicks la elevó a categoría de instituto descentralizado, y el gobernador Rodríguez Vallejo la potenció al establecer la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Desgraciadamente, desde hace seis años se han recortado los fondos para los programas sociales destinados a atender las necesidades de las comunidades de origen. El gobierno federal actual retiró totalmente sus aportaciones, lo que obligó a restringir apoyos, como el conocido programa “tres por uno”, que sumaba las aportaciones de los paisanos a las de los gobiernos estatal y federal para obras públicas comunitarias. Al parecer hoy las prioridades se reorientan, en perjuicio de una importantísima población que abandonó su terruño no por deseo de aventura, sino por una aguda necesidad de supervivencia ante la deprimida economía local. Sus vínculos con su terruño siguen vigorosos, pero esto les mandará un triste mensaje de desdén. Ojalá se reconsidere esta mala decisión en beneficio de todos. Guanajuato vive más allá de las fronteras… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato,