Juan Miguel Alcántara Soria Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, luego jueces y magistrados, pararon labores por tiempo indefinido, en respuesta al asedio de los poderes ejecutivo y legislativo, al revanchismo de López Obrador. Estos no solo buscan desaparecer la carrera judicial, o la independencia del poder judicial. Sino regresarnos a la “presidencia imperial”, la del porfiriato y el príato. Es ruta al pasado. Analicemos. ¿En qué afecta a nuestros derechos el obradorato, al disolver contrapesos del poder? ¿Por qué les urge desaparecer órganos autónomos especializados en ciertas funciones? A riesgo de verme pedante, memoricemos. De dónde venimos como civilización, para evitar regreso a afectaciones descomunales. Antecedentes remotos. La Asamblea Constituyente Francesa resolvió, luego de declarar los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789, preámbulo de su Constitución, patrimonio jurídico universal) que: “Una sociedad en la cual no estén garantizados los derechos humanos y la separación de poderes carece de Constitución” (Art. 16). Deshizo al poder monárquico absolutista y despótico, guillotinó a monarcas y revolucionarios. Desapareció el antiguo régimen. Y conformó un nuevo régimen constitucional, no sin terror. Pero lo fundamental fue descentralizar funciones y la división del poder político. Reconoció ideas fuerza de los “Padres fundadores” de Estados Unidos (de 1787. También nuestro primer constituyente, en 1824). Se paso de la Edad media a la Edad Contemporánea. Ahora y aquí, lo relevante es que AMLO conduce con ojos en la nuca, absolutista, despótico, y resentido, con anteojeras bifocales: una de corta y otra de larga vista. Coincidiendo, y a la vez diferenciado de Luis XVI. Busca centralizar funciones, y concentrar en la “presidencia imperial” todos los poderes públicos (a la manera de Luis XIV, “el estado soy yo”, “no me vengan con la ley es la ley”, “al diablo sus instituciones”). Da reversa a la adolescente democracia mexicana, va a nuestra Edad Media. Busca demoler órganos autónomos que descentralizan funciones. Le urge, antes de pasar estafeta, al desconfiar de su sucesora, cada día más manipulada, y hasta anulada por él. Como la constitución física de cada uno es nuestra forma de ser, la Constitución Política de un país es su forma de relacionarse los ciudadanos entre sí, con, entre y frente al poder. Sea en la forma respecto a: (i) el Derecho al poder, de ciudadanos y partidos, recién afectado por la injerencia del ejecutivo y del crimen organizado en las elecciones, y luego por la sobrerrepresentación de un parte y la sub de la otra; (ii) el Derecho del poder, del que hoy abusan el ejecutivo y el legislativo federal, y también otros gobiernos, al no garantizar derechos humanos básicos: a la seguridad, la salud, la educación, etc; (iii) el Derecho ante el poder, donde hoy más que nunca resalta el Poder Judicial Federal por su misión de hacer respetar los derechos humanos de todas y todos. Y por consecuencia, (iv) el Derecho a controlar al poder, vertical y horizontalmente, que el obradorato pretende anular, al descalificar y perseguir a ciudadanos, asociaciones, órganos autónomos del Estado, como al Poder Judicial. Que el poder frene al poder, fórmula de equilibrio para un gobierno atemperado -el del justo medio-, Aristóteles la constató estudiando las constituciones de más de cien polis griegas. Estaba dividido en tres poderes: legislativo (asambleas de polites), ejecutivo y judicial. Se concluyó es lo más favorable al bien común. Con el tiempo, pesos y contrapesos han crecido, para garantizar derechos humanos y equilibrios del poder que los garantice. La carrera judicial es un insumo insuperable para contar con jueces independientes. Las ocurrencias obradoristas de usar la tómbola para asignar juzgados provocará más injusticias. Y se provoca la injerencia del crimen organizado y otros factores de poder para hacer jueces cómplices. Nos toca solidarizarnos en el paro de jueces, magistrados y trabajadores de la judicatura federal. Entender que su lucha es nuestra, porque necesitamos un poder judicial autónomo que proteja nuestros derechos humanos también bajo asedio. No a otro Luis XVI y su María Antonieta.