avanza

Juan Miguel Alcántara Soria En las próximas semanas, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial adoptarán decisiones que entrañarán graves consecuencias para la realidad y calidad de la república, representativa, democrática. Luego de las elecciones del pasado 2 de junio. El judicial resolverá la integración definitiva de la Cámara de Diputados, ante amenaza de sobrerrepresentación de partidos de la 4t. Y calificará esos procesos, resolviendo cómo sancionar la injerencia de López Obrador, el uso de recursos públicos y del crimen organizado, la inequidad e ilegalidad de actos de campaña, entre otros. El legislativo definirá cómo dar cauce a la venganza de López Obrador contra el poder judicial. Y el ejecutivo seguirá deletreando a la presidenta electa y al país, y buscará impunidad para los suyos por su corrupción y otros delitos. Desde el exterior también habrá impactos, por las elecciones presidenciales de EU en las que la migración y la delincuencia organizada mexicana impactan. Detengámonos en el primer tema: el intento de Morena, y sus satélites Verde y PT, de darse más diputados federales que los que votantes les confirieron. Inició el mismo día de la elección, con la ilegal intervención de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declarando que su coalición tendría más diputados que los que le corresponde como resultado del cómputo de votos en las urnas, por una sobrerrepresentación contraria a la Constitución. Sin decir entonces los porcentajes de votación obtenidos. Desde la reforma constitucional de 1996 se excluyó a Gobernación de participar en las elecciones; por eso es grave violación su injerencia. Luego de computarse los votos distritales, su coalición obtuvo el 56.9% de la votación válida (restados anulables). La Constitución establece en el Art. 54 que partido o coalición se pueden sobrerrepresentar hasta un 8%, en el caso, hasta el 65%, por lo que les corresponden, 325 diputados. Y no el 74% de la cámara que ostentan, que son los 370 que inconstitucionalmente pretenden, defraudando a la Constitución. El electorado dio a las oposiciones el otro 43.1% de votos válidos. AMLO busca que solo tengan el 26% de las curules, para así poder reformar la constitución solos, sin la concurrencia de las oposiciones. Busca dar al Verde, que obtuvo el 5º lugar en la votación, más diputados, para que sea el 2º en diputados, por arriba del PAN, PRI y MC, los cuales obtuvieron más votos. El 8% de sobrerrepresentación debe darse a la coalición ganadora, y no un 8% a cada partido que la integre, que multiplicado por 3 provoca poder llegar hasta el 24% de sobrerrepresentación y la respectiva subrepresentación de las oposiciones, prohibida también. Esto afecta a la república representativa, drásticamente, por desconocer principios constitucionales fundamentales de representación, y de autenticidad en la expresión de la voluntad popular que la sustenta. El Art. 54 dispone que ningún partido puede tener más de 300 diputados; ni darse, en su caso, una sobrerrepresentación de más del 8%. Y la ley electoral previó que a una coalición debe tratarse como si fuera un partido, para ese efecto. Sin embargo, para burlar ambos topes, Morena, desde 2018, transfiere curules a Verde o PT, ya no votos como hizo antes. Recién explicó Jorge Alcocer Villanueva ante Carmen Aristegui, maquinaron un fraude a la Constitución: primero, borrando del padrón de militantes de Morena a ciudadanos para hacerles aparecer como militantes del Verde o PT en la boleta (expuso pruebas). Luego, cuando Morena apenas obtuvo el 43% de votos para diputados, pretende el 74% de esa Cámara, con sus partidos satélite (en el príato fueron PPS y PARM). Esto es lo que los ciudadanos debemos conocer y evitar: un fraude al voto popular, a la genuina representación de la pluralidad del pueblo. En esa reforma de 1996, en la que López Obrador también exigió que ningún partido hegemónico pudiera por sí mismo reformar la Constitución, se estableció un tope tanto a la sobrerrepresentación y a la subrepresentación. Nos toca impedir regrese el autoritarismo. Tocará exigirlo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en agosto. No permitamos ese fraude a la Constitución.