Columna Diario de Campo

Columna Diario de Campo Sismos de septiembre Luis Miguel Rionda (*) Para el inconciente colectivo de los mexicanos, el mes de septiembre es un mes tan gozoso como traumático. Gozoso por las conmemoraciones nacionalistas como el grito de Dolores, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, el sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec y el natalicio de Morelos (durante algunos años también se celebraba el natalicio de Porfirio Díaz). Pero tambien es un mes de traumas nacionales, como los sismos que azotaron al país en 1985 y en 2017; y recordemos que en ese mes cayó la ciudad de México en manos de las tropas norteamericanas en 1847, que izaron su bandera en Palacio Nacional y la mantuvieron ahí por casi un año. Este septiembre por el que transitamos podrá recordarse como otro periodo infausto. Las artificiales mayorías calificadas que el partido hegemónico se construyó en las dos cámaras del Poder Legislativo federal han permitido que el régimen saliente (?) eche a andar su “Plan C”, que consiste en aprobar y decretar las 18 reformas constitucionales y dos legales que presentó el Poder Ejecutivo el 5 de febrero pasado, aniversario de la constitución que se pretende alterar. La guadaña del nacional populismo se ha dejado caer sobre la autonomía del Poder Judicial. De manera imprudente, se pretende descabezar el sistema jurisdiccional mexicano para sustituirlo por un conjunto variopinto de abogados ineptos pero populares, sobre todo ante los poderes fácticos y el partido en el poder. Muchos especialistas ya lo han dicho: el problema de la justicia mexicana no se ubica mayormente en los tribunales federales, sino en los sistemas de procuración de justicia, la corrupción de las diferentes policías (incluyendo a la militar Guardia Nacional), y la cultura ciudadana que ha normalizado las perversiones y vicios de un arraigado entendimiento con las autoridades en todos los niveles. Más desatinos nos esperan desde el poder totalitario: la militarización de la seguridad pública, la desaparición de los organismos federales y locales autónomos, y la eliminación de los diputados de representación proporcional (lo que implica en la práctica la extinción de las minorías). Más los golpes al federalismo con medidas como la absorción de los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), la imposición de una composición única de los ayuntamientos a nivel nacional, la desaparición de los tribunales electorales locales, etcétera. El orden democrático que se construyó a lo largo de los 30 años del aborrecido “neoliberalismo” está a punto de desaparecer. Las generaciones que nacimos en los años del autoritarismo diazordacista o del populismo echeverriista somos los más alarmados: recordamos muy bien las fauces del lobo corporativista, el “ogro filantrópico” con su “presidencia imperial”. La transición democrática mexicana se inició a fines de los setenta, y fue resultado de las exigencias de los jóvenes de entonces, las víctimas del 68. Pero fue por el sismo de septiembre de 1985 que nació la sociedad civil organizada, movilizada y concientizada, y eso aceleró la transición en los noventa. Todo eso está por perderse… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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Democracia en observación internacional Luis Miguel Rionda (*) Desde 1994, las elecciones mexicanas han sido objeto de la observación internacional por parte de organizaciones e individuos interesados en que el proceso de transición democrática de nuestro país. A partir del nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 y la organización del primer comicio sin intervención gubernamental en 1991, fue evidente que los procesos federales aún carecían de la legitimidad deseable para consolidar la institucionalidad electoral, en un país que se había caracterizado por la concentración y el control de los comicios, y su eventual manipulación en favor del partido entonces hegemónico. En 1994, muchos mexicanos pudimos acompañar las elecciones federales bajo la recién aprobada figura del observador electoral. Al mismo tiempo se había creado la figura de “visitantes internacionales”, que permitió la participación de organizaciones y personajes extranjeros, que evidenciaron el gran interés generado desde las democracias consolidadas por acompañar a los procesos emergentes en América Latina. Estas transiciones políticas, pactadas en su mayor parte por las élites nacionales, respondían al descrédito creciente de los autoritarismos del subcontinente, incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones de la modernidad y la globalización del último cuarto del siglo XX. Las nuevas transiciones eran parte de la famosa “tercera ola” de la democracia, cuyo inicio fue ubicado por Samuel Huntington con la “revolución de los claveles” de 1974 en Portugal. El día de ayer se desarrolló en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato un panel denominado “La Participación Internacional en las Elecciones Mexicanas de 2024”, coorganizado por el INE y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, bajo la conducción de Jaime Juárez Jasso y Brenda Canchola Elizarrarás. Se expusieron los resultados de la observación electoral de la “Misión internacional de acompañamiento de expertas electorales internacionales con perspectiva de género”, representada por la doctora Gladys Luisa Acosta Vargas, académica peruana con gran experiencia en estos ejercicios. Fue muy interesante escuchar las conclusiones de la doctora Acosta. Analizar las elecciones con enfoque de género permite destacar los avances y las resistencias en el campo de los derechos políticos de las mujeres, en lo individual y en lo grupal. Las acciones afirmativas y las reformas legales han ampliado mucho la participación de mujeres en la vida pública, pero se mantienen resistencias culturales y estructurales por parte de amplios sectores, no sólo de hombres, sino también de parte de mujeres arraigadas en el patriarcado. Comentamos la exposición la doctora Verónica Vázquez Piña, profesora investigadora y consultora en perspectiva de género y ética, la maestra Elizarrarás, y yo, como profesor de la Universidad de Guanajuato. Sería prolijo reproducir los comentarios, alimentados por un público numeroso y bien informado . Los observadores extranjeros tienen la gran ventaja de que no son afectados por la “ceguera de taller” de los locales. La familiaridad cultural impide detectar lo peculiar y destacable. Con un sistema nacional electoral en riesgo, los mexicanos haremos bien en escuchar con atención estas voces foráneas expertas. Cuidemos lo bueno, y atendamos las áreas de oportunidad. Los informes están consultables en la página del INE: https://t.ly/t6jd0. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelR

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Poblaciones Vulneradas Luis Miguel Rionda (*) Dando continuidad a mi comentario de la semana pasada, sobre la desaparición de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (), para ser subsumida en una nueva Secretaría de Derechos Humanos (SDH), donde también se integraría el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), comparto algunas opiniones teniendo a la vista la iniciativa enviada por el gobernador el 15 de agosto pasado. La escueta exposición de motivos señala que la transformación de la SMEI será «la señal y el impulso de un enfoque más amplio y especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo de la administración estatal y de la vida cotidiana de todas las personas…» Gracias a los recursos de la SMEI, la nueva SDH «podrá entrar en funciones a plena marcha, con una transición fluida y una mejor utilización de los recursos existentes.» Las atribuciones de la nueva SDH se complementan con la incorporación del INGUDIS, «además del traslado de las atribuciones que en la materia posee la Secretaría de Gobierno». Así, la SDH «estará enfocada en aspectos tan relevantes como la implementación de programas que promuevan la inclusión social y la participación activa de personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y personas de la comunidad LGTBI en la vida pública y comunitaria. […] Además, trabajará para defender los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas y otros grupos que conserven lenguas y prácticas culturales tradicionales.» La Secretaría de Desarrollo Social y Humano se transformará en la Secretaría del Nuevo Comienzo. Me pregunto si su actual Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, que hoy se hace cargo de velar por los indígenas en la entidad, se mantendrá en la nueva estructura o emigrará a la SDH. Se dice que las adecuaciones se traducirán en políticas transversales «encaminadas a garantizar que todas las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso. igualitario a servicios básicos como salud, educación, vivienda y empleo, siempre respetando y promoviendo tanto su identidad cultural como su identidad personal.» En las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, en su artículo 32 quinquies, no se precisan las acciones en favor de los conjuntos en situación de vulnerabilidad. Para los 1.4 millones de guanajuatenses migrantes sólo se incluye una atribución, numeral VII: «Diseñar, e implementar políticas públicas para la atención integral de los migrantes de conformidad con la ley en materia de grupos vulnerables». Inquieta que tampoco haya precisión en lo referente a los discapacitados, que según el último censo suman en Guanajuato 285 mil 615 personas (4.6% del total), o con alguna limitación física, 613 mil 749 (10%), o con algún problema o condición mental, 74 mil 494 (1.2%), para sumar un total de 15.8% de la población. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI reportó que en Guanajuato sumaron 227 mil 957 individuos con identidad LGBTI+: un 3.7% del total. ¿Cómo serán atendidos? ¿Y el resto de las poblaciones en vulnerabilidad? Algo más sobre el tema: https://t.ly/L3Fp5

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Democracia degradada, 2 Luis Miguel Rionda (*) n mi cavilación de la semana pasada, sobre la degradación evidente del modelo democrático de nuestro país, destacaba la espléndida intervención de la magistrada Janine Otálora en la sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se declaró la validez de la elección presidencial. La magistrada puntualizó lo que la generalidad de la clase electoral mexicana comparte, pero que nadie se atreve a decir, por miedo al neo presidencialismo autoritario que está consolidándose en nuestro país: que la elección federal del 2 de junio de 2024 se vio manchada por una lista larga de abusos por parte de los actores políticos nacionales, incluyendo la oposición. Mencionó el fraude a la ley evidente en los procesos políticos adelantados en las coaliciones partidistas: “Lo que fue denominado ‘procesos políticos novedosos’, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley”. Luego expuso con gran valentía la indebida intervención del presidente de la república en la contienda mediante sus mañaneras, que implicaban el uso de recursos públicos: “Estando constitucionalmente obligado a ejercer el cargo de forma neutral, para con ello permitir que la contienda fuese equitativa, el presidente mantuvo un actuar que contradijo las luchas que cuestionaron la intervención presidencial en las elecciones y que denunciaron ese abuso de poder como uno de los mayores males en nuestra naciente democracia.” La terrible violencia criminal que padece nuestro país desde hace tres sexenios, pero nunca con el grado, alcance y cercanías con el poder como ahora, fue otro elemento perturbador de la normalidad democrática: “La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que en el país hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición a través de las armas.” Y se pregunta: “¿es el crimen organizado un actor autónomo o es un agente coadyuvante del poder político?”

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Democracia degradada, 1 Luis Miguel Rionda (*) El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el miércoles pasado su dictamen final (https://t.ly/GUbok) sobre el proceso para renovar la presidencia de la república, y emitió la declaratoria de validez, luego de resolver negativamente los 240 juicios de inconformidad que entregaron partidos y ciudadanos para combatir diferentes aspectos del proceso. Dice el dictamen que la elección “fue libre, auténtica y periódica, además, que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.” Llama la atención que se afirme que “los actos previos al inicio del proceso electoral, los preparatorios de la elección y la jornada electoral, se realizaron bajo los principios constitucionales mencionados”. Particularmente si recordamos que la ley fue violentada con total flagrancia cuando la precampaña presidencial del partido oficial comenzó al menos doce meses antes del inicio formal del periodo de precampañas el 20 de noviembre de 2023. Recordamos con claridad cómo las “corcholatas” destapadas por el elector de palacio cubrieron el territorio nacional a lo largo del año 2023 con miles de pintas de bardas, cientos de espectaculares, propaganda disfrazada de “presentaciones de libros”, entrevistas ante los medios, etcétera. En julio de 2023, el Frente Amplio por México se uniría a este quebranto de las normas electorales, intentando que el oficialismo no corriera solo y terminara de acaparar la atención pública. Por otra parte, fue abierta y cínica la intervención casi cotidiana del presidente de la república en los procesos previos y posteriores al inicio del proceso electoral. Bajo el dicho de que su pecho “no es bodega” y de que su libertad de expresión no estaba limitada ni siquiera por el artículo 134 constitucional, disertó alegremente sobre propios y extraños. Los medios de comunicación proyectaron sus intervenciones y les dio potencia, transformándolas en elementos de propaganda ilícita. 2 La magistrada electoral Janine Otálora, haciendo gala de valentía y buen juicio, afirmó que hubo, al menos, estas irregularidades a lo largo del proceso: 1) fraude a la ley y procesos políticos adelantados, 2) indebida intervención del presidente de la República, 3) violencia e injerencia del crimen organizado y 4) las instituciones electorales se han degradado (https://t.ly/G7c9n). Sobre el primer punto señaló que “fue especialmente grave que los partidos políticos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley.” Sobre el segundo punto afirmó que “Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra y esta intervención se materializó […] en cerca de 50 conferencias matutinas…” (https://t.ly/w1Qf0). La magistrada destacó que los partidos y actores políticos ejercieron sistemáticamente fraudes a la ley, que afectaron la calidad del proceso electoral. Continuaré cavilando sobre nuestra degradación democrática la próxima semana… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond

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Igualdad del voto Luis Miguel Rionda (*) El próximo domingo 11 los y las ciudadanas conscientes de este país estamos convocados a manifestar nuestro rechazo a la pretensión del partido oficial de multiplicar su representación en la Cámara de Diputados federal. Nos concentraremos ante las diversas oficinas del Instituto Nacional Electoral, tanto en su sede central en la CDMX, como en las diferentes ciudades del país, hasta ayer 57, donde existen juntas locales y distritales. Esto a partir de las 10:30 horas. Entregaremos en propia mano a las autoridades electorales un manifiesto de rechazo radical a esta intentona de agandalle antidemocrático. Nos oponemos a la pretensión de que a la coalición morenista, que recibió el 54.7% del voto, le sea asignado el 74.6% de los diputados federales (376), casi tres cuartas partes de la cámara. Mientras que a las oposiciones (PAN, PRI, MC) les dejarían el restante 25.4% (127 diputados). Con esa proporción el oficialismo contaría con la mayoría calificada del 66% de la cámara, y con ello la capacidad sobrada para reformar la constitución a su antojo, sin necesidad alguna de consultar o negocial con las minorías. Esto es contrario al espíritu del parlamentarismo. Un principio básico del orden democrático es el voto universal, secreto e individual. Un ciudadano, una ciudadana, equivale a un voto. Ni más, ni menos. Pero la distribución mañosa que defiende la Secretaría de Gobernación, y que al parecer prevalece en el Consejo General del INE, potenciaría unos votos y devaluaría otros. Resulta que cada diputado federal le habría “costado” a Morena 97 mil 928 votos, mientras que al PAN 147 mil 784, al PRI 200 mil 721 y a MC 270 mil 725. El Verde y el PT los compraron en barata, pues les “costaron” 66 mil 586 y 65 mil 94 sufragios. Esto quiere decir que cada voto del PT equivale a tres, sí, tres votos del PRI; un voto de Morena pesa 1.5 votos del PAN, y un voto del PVEM equivalió a 4, sí, 4 votos de MC. Hay mexicanos de primera, y mexicanos opositores de segunda… Resulta que, según el artículo 54 constitucional, cada partido que aspire a participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional deberá acreditar que participó con 2 candidatos de mayoría relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales. Esto no se acreditó por parte de los partidos integrantes de la coalición morenista, por tanto, no tendrían derecho a diputados plurinominales. Se busca superar este escollo con una interpretación chueca de dónde se participó en coalición y dónde como partido solitario, además de transferir candidatos con sus votos desde Morena hacia sus rémoras. También ese artículo ordena que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; es decir, el 60% de la Cámara. Aquí sí se asumen como coalición completa. Tenemos ante nosotros la más grave amenaza contra el orden democrático de nuestro país. Con esta conquista tramposa del poder legislativo vendrá enseguida la destrucción y posterior domesticación del poder judicial, la desaparición de los organismos autónomos, la desaparición del INE y los OPLE, y su sustitución por un órgano de gobierno como el de Venezuela; el debilitamiento del federalismo, la consolidación del caudillismo y el retorno a la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Hay mucho que defender… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond

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Piratas del Caribe Luis Miguel Rionda (*) El miércoles pasado tuve la ocurrencia de escuchar la conferencia de prensa que emitió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vía CNN en español (https://t.ly/Ewk7B). Me he acostumbrado a escuchar sin enojarme los desvaríos de las mañaneras obradorianas, por lo que me creí dotado de la suficiente fortaleza de ánimo ante las monomanías de los poderosos. Pero me equivoqué: Maduro está en la categoría de los pesos pesados de los autócratas demagogos. Más de dos horas de un interminable monólogo que derramó odios, prejuicios, denostaciones, condenas, teorías de conspiración, ideologías arcaicas de panfleto, y la evidente adicción al poder por parte de una opción política que se ha autodenominado “bolivariana”, apropiándose del pensamiento cosmopolita e inclusivo del gran libertador. Es en verdad terrible lo que les acontece a los hermanos venezolanos. Han acumulado 26 años de padecer un populismo irresponsable que ha destrozado una de las economías más boyantes de América Latina. Recuerdo bien que en los años setenta y ochenta del siglo pasado Venezuela era un ejemplo de país en desarrollo que había encontrado la vía para consolidarse como democracia plural, con índices de bienestar envidiables. Colombianos, ecuatorianos y otros emigraban en masa hacia los polos de desarrollo de Venezuela. El país podía darse el lujo de tolerar caudillismos y populismos moderados como el de Carlos Andrés Pérez. Pero todo cambió en 1999 con el arribo, mediante las urnas, del exgolpista Hugo Chávez, silvestre coronel formado en la guerra contrainsurgente por el Comando Sur de los Estados Unidos, que se inventó la pseudo ideología del socialismo bolivariano. La crisis económica y social de entonces abonó al hartazgo de la población, y abrió las puertas al desastre. A partir de ahí todo se precipitó: el cambio constitucional y de modelo de desarrollo en 1999; el incremento espectacular de los precios del petróleo en la primera década del siglo, con el derroche irresponsable de recursos; la persecución de los partidos de oposición; la domesticación del órgano electoral nacional; la captura de las instituciones; la censura a los medios de comunicación, y la adopción de un modelo militarizado de control social. Chávez murió en 2013, pero fue sucedido por su palafrenero mayor: Nicolás Maduro, que sigue escuchando al “pajarito” en que se convirtió su ex patrón. Ha acumulado casi doce años en la presidencia heredada. Y se hoy se presenta por un tercer periodo de seis años, luego de nulificar a su principal oponente María Corina Machado. Pero la oposición se reagrupó con Edmundo González, y asume que obtuvo una amplia victoria electoral este domingo 28 pasado. El discurso de marras hace temer una escalada en la represión contra los opositores, aún peor que la de 2019. Las amenazas son más que evidentes. La dimensión del fraude electoral provocó que más de 50 países pongan en duda la legalidad de la elección. El gobierno de México no ha tomado posición, pero me temo que pronto se incline por su aliado ideológico. Malo será que una democracia funcional como la mexicana se alinee con los piratas del Caribe. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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Columna Diario de Campo: Ecos del dos de junio (6)

Luis Miguel Rionda (*) Decía yo en mi pasada contribución que, analizando los datos de la última elección local de Guanajuato, la mayor novedad es que la diversidad partidista se ha impuesto en todos los ámbitos, y que el avance oficialista es sorprendente. En el entorno federal se impuso la coalición liderada por Morena, que ganó las dos senadurías de mayoría y en ocho de los trece distritos federales. La alianza Fuerza y corazón por México sólo se afirmó en cinco y el PAN en solitario en dos distritos. Hace tres años Morena sólo había logrado dos distritos: el 10 de Uriangato y el 13 de Valle de Santiago, reductos agraristas y del viejo progresismo clientelar. El PAN confirmaba su posición hegemónica con doce distritos, y en otro más en coalición, el 08 de Salamanca, muy disputado por Morena y el clan de los Prieto. La candidata presidencial de Morena también logró triunfar en Guanajuato ante la poco conocida aspirante del PAN-PRI-PRD, con un diferencial de casi 200 mil votos, una ventaja del 7.2%. En cambio, la candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Guanajuato recibió casi 277 mil votos más que su rival de la coalición de Morena, con un 10.2% de diferencia en su favor. Las candidatas ganadoras, Claudia Sheinbaum y Libia García, recibieron un millón 302 mil 706 y un millón 393 mil 801 votos respectivamente. La candidata local superó a la presidencial con 91 mil 95 sufragios. Lo local sigue pesando mucho en el ánimo político de los guanajuatenses. En este proceso electoral se incrementó sustancialmente el índice de competitividad en todas las posiciones en disputa. Éste índice se obtiene de dividir el número de votos del candidato en segundo lugar sobre los que obtuvo el primer lugar, obteniéndose un índice de cero a uno. El cero es nula competitividad y el uno es el empate perfecto. Entre Sheinbaum y Gálvez hubo una competitividad del 0.85 en Guanajuato; a nivel nacional fue mucho más bajo: 0.46. Entre Libia y Alma Alcaraz, candidatas a la gubernatura, fue de 0.80.

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Ecos del 2 de junio (5) Las 46 elecciones municipales en Guanajuato del 2 de junio pasado confirmaron que es ahí donde se registra la mayor de las movilidades político-partidistas desde la alternancia en el poder estatal en 1991. En ese año el Partido Acción Nacional desplazó al Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado la entidad y sus municipios desde 1929, incluyendo los membretes fundacionales del PNR y el PRM. Antes incluso, si se toma en cuenta que el PNR tenía antecedentes locales en la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses fundada en 1923, con los bien recordados “verdes” obregonistas. Al hacerse del poder estatal en 1991, los gobiernos del PAN cambiaron las condiciones de la competencia, sobre todo al fundar el primer órgano electoral ciudadanizado del país, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 1995. Desde entonces se ha enriquecido mucho el juego de las competitividades municipales, aunque en el gobierno de la entidad se ha consolidado una hegemonía panista que abarca los tres poderes, y que pudo soportar con relativo éxito el embate electoral oficialista de la 4T en esta última elección. En los últimos quince periodos municipales que han transcurrido desde 1983, cuando aún prevalecía la hegemonía priista, se han registrado 306 alternancias partidistas en las 46 municipalidades. Esto fue muy claro a partir de 1991, cuando el primer gobierno estatal panista se hizo cargo de la organización de las elecciones, y más aún con el órgano ciudadano en 1995. Hay municipios que han experimentado once alternancias, como San Francisco del Rincón, San José Iturbide o Villagrán, o diez como Comonfort, Dolores Hidalgo, Santa Cruz de Juventino Rosas o Uriangato. La hegemonía panista municipal tuvo su cúspide en 2006-2009, cuando gobernó a 36 ayuntamientos. Luego se estabilizó alrededor de los 25 o 26, hasta caer a 22 en 2021-2024 y 23 en el trienio por comenzar el próximo 10 de octubre. De estos últimos ganó en coalición en 13. Morena brincará de gobernar a tres municipios todavía hoy (Salamanca, Silao y Doctor Mora), a hacer gobierno —sin coalición— en trecerepitiendo en Salamanca y Tierra Blanca, pero con triunfos en municipios importantes como Celaya y San José Iturbide. Los partidos de la coalición PAN-PRI-PRD perdieron la oportunidad de ganar en algunos municipios por haberse presentado por separado, como en Abasolo (Morena), Cuerámaro (PT), Huanímaro (PVEM), Pénjamo (Morena), San José Iturbide (Morena), Santa Cruz de Juventino Rosas (independiente) o Villagrán (Morena). La competitividad en todos estos espacios fue muy alta, pero también en Irapuato, Acámbaro, Comonfort y otros. Algo interesante es que se incrementó mucho la participación electoral en estos últimos comicios municipales, seguramente por haber concurrido con los de presidencia y gubernatura. En 2021 se registró un índice de 44.1% de votantes efectivos, y ahora fue de 54.7%. De poco más de dos millones de electores se brincó a 2 millones 664 mil y pico. Una muy buena noticia sin duda. Luis Miguel Rionda (*) Antropólogo Social.Profesor de la Universidad de Guanajuato, campus León. luis@rionda.net-@riondal-FB.com/riondal-ugto.academia.academia,educademia.edu/Luis Miguel Rionda

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Ecos del 2 de junio (4) Luis Miguel Rionda En las elecciones de diputados locales en el estado de Guanajuato se incrementó la competitividad que observamos en los procesos federales. La coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato obtuvo el triunfo en solo tres de los 22 distritos locales (Dolores Hidalgo, Valle de Santiago y Yuriria). Sin embargo, el PAN, que prefirió jugar en solitario en la mayoría de los distritos, logró hacerse de las seis demarcaciones de León, su plaza fuerte histórica, y en otros cinco, entre ellos la capital, donde postuló al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, en San Luis de la Paz, en San Francisco del Rincón (su otro bastión histórico), en Pénjamo y en uno de los dos distritos de Irapuato. En total once partidos. El PRI y el PRD, que compitieron en 16 y 15 demarcaciones respectivas, no lograron ninguna victoria. En el campo contrario, los partidos Morena, PT y PVEM, acudieron éstos en coalición en once distritos, y lograron triunfar en ocho. En otros once se presentaron por separado, y en ninguno obtuvieron la mayoría. Esto significó un avance enorme para esta coalición, ya que en las elecciones locales de 2021 Morena sólo obtuvo el triunfo en un distrito, Salamanca, mientras que el PAN acaparó los restantes 21. El partido guinda pudo acceder al Congreso del Estado mediante las seis curules de representación proporcional que le fueron asignadas, de las 14 totales. En 2021 el PAN había sumado un total de 843 mil 678 votos, 42.9% del total. El PRI 74 mil 378 (3.8%) y el PRD apenas 8 mil 259 (0.4%). El PRI y el PRD hicieron coalición en algunos distritos y lograron el 10.4% de los votos, sumando 204 mil 124. En la elección de 2024, los tres partidos coaligados convocaron 277 mil 222 votos, el 10.6% del total válido. Pero el PAN en solitario sumó 839 mil 498 votos, 32.2%, casi un tercio del total. El PRI en solitario recibió 150 mil 222 sufragios (5.8%), y el PRD apenas 21 mil 120 (0.8%). En total sumaron un millón 288 mil 62, un 49.4%, casi la mitad de los votos válidos. Tres años antes Morena había sumado 456 mil 756 votos, un 23.2% del total. Sus actuales coaligados atrajeron 102 mil 17 el PVEM (5.2%) y 35 mil 961 el PT (1.8%). Un gran total de 594 mil 734 (30.2%). En 2024 la coalición Sigamos Haciendo Historia sumó 607 mil 27 votos (23.3%), más los que Morena acumuló en solitario, 410 mil 761 (15.7%), el PT 29 mil 432 (1.1%) y el PVEM con 73 mil 391 (2.8%). Un total para los partidos oficialistas de un millón 120 mil 611, un 42.9% total. Sin duda un enorme avance absoluto y relativo en solo tres años. El perfil de la nueva 66 legislatura local será muy diferente al de sus tres predecesoras, que exhibieron una hegemonía panista aplastante, que nulificó durante años la posibilidad de una auténtica independencia legislativa. Ahora, dependiendo de la distribución de las diputaciones de representación proporcional, podríamos ver el renacimiento de una cámara crítica y fiscalizadora del desempeño del ejecutivo y el judicial. No un gobierno dividido, como el que experimentamos entre 1991 y 1997, pero sí fuertemente debatiente. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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