Diario

Crisis del agua problema de gestión Luis Miguel Rionda (*) El país está transitando por una crisis ambiental en muchos rubros, pero uno de los más sensibles es el de la provisión de agua. Se han acumulado dos años de sequía severa que han provocado que las 210 presas del país almacenen, al mes de febrero, apenas el 52 por ciento de su capacidad general, una cuarta parte menos de su promedio histórico. El norte y el centro del país son las regiones más castigadas por la escasez. Todos sabemos que la Ciudad de México está a punto de ver colapsado su sistema de abasto (https://t.ly/QbqFa). Se dice que le restan cuatro meses de disponibilidad al sistema Cutzamala (https://t.ly/A3Afg). Algo similar sucede en zonas metropolitanas como la de Guadalajara y la de Monterrey. No dejemos fuera a la región leonesa en Guanajuato, habitada por dos millones de personas, que quedaron fuera de la asignación de las aguas de la presa de El Zapotillo por una decisión política del gobierno federal. Un proyecto más propagandístico que técnico, que se convirtió en justificativo de las ineficiencias locales. Las grandes y medianas ciudades del país padecen dificultades crecientes para proveer de un servicio público que es considerado un derecho humano en México desde que el artículo 4º constitucional, párrafo sexto, fue reformado el 8 febrero de 2012: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho…” (https://t.ly/lBY0Z). Pero como otros derechos, este se mantiene como un buen propósito para millones de mexicanos por culpa de una mala gestión y la ausencia de una visión estratégica. Hay agua en México, pero está mal administrada por el estado. Hace falta un programa nacional de gestión del recurso con una visión largo plazo, al menos hasta el 2050. Se requiere de acciones emergentes para sortear estos años de sequía, pero acompañadas con previsiones logísticas y estratégicas para optimar el uso del recurso en la agricultura, que sigue absorbiendo un 76% del monto disponible, la industria (10%) y el uso doméstico (14%, INEGI, https://t.ly/4wu1b). Por supuesto, se requiere invertir como nunca, para poder sortear una de los trances más peligrosos para nuestro país. Pero vamos en sentido contrario: el presupuesto de la CONAGUA para este año se redujo un 12% con relación al de 2023. Son 62.6 mil millones de pesos que se concentrarán en sólo 12 entidades (https://t.ly/vOVqu). Dice el economista Luis Miguel González: “En otros países, hay grandes planes para construir plantas desalinizadoras de agua de mar. Aquí no funciona el 85% de las plantas de tratamiento de aguas negras y 57% de las aguas se desperdician en el traslado. Los canales que salen de las presas no tienen el revestimiento adecuado y eso provoca que pierda 50% del agua.” (https://t.ly/vOVqu). Los especialistas insisten en que no es un problema de disponibilidad del agua, sino de gestión y distribución. En Guanajuato, por ejemplo, el doctor Daniel Tagle Zamora, mi colega en la UG-León, publicó una evaluación de pertinencia del proyecto de aguas para León, y concluyó que “El Zapotillo no resulta imprescindible para dicha ciudad; ello porque la crisis no es física, sino socialmente construida por el organismo operador, problema que requiere atenderse localmente y, en consecuencia, de otra solución.” Enlista una serie de inconsistencias en el proyecto y recomienda: “la investigación deja ver que el problema del agua que impera en León puede atenderse localmente. Para ello, se requiere de voluntad política que facilite un giro radical dentro de la organización de SAPAL.” Estoy convencido de que, en general, en nuestro país la crisis del agua ha sido auto gestada.       (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

18F: En marcha por la Democracia Luis Miguel Rionda (*) El movimiento cívico #MareaRosa, constituido por varias docenas de agrupaciones ciudadanas independientes, está convocando nuevamente a una gran marcha por la defensa de nuestra democracia, a la manera de las que realizamos en un centenar de ciudades de México y el extranjero el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. La nueva fecha es el domingo 18 de febrero próximo, a partir de las 10:00 horas. Al día 7 pasado, se había confirmado la realización de marchas o concentraciones en cien ciudades del país y once del extranjero (Estados Unidos, España, Canadá y Francia). No se trata de un evento de campaña política: es nuevamente la reacción ciudadana ante los embates sostenidos desde el ejecutivo federal en contra de las instituciones, la ley y la justicia. La pertinencia de la fecha la demuestra el nuevo desprecio al orden constitucional evidenciado el pasado 5 de febrero, al haberse negado el titular de la magistratura presidencial a acudir a la conmemoración del 107 aniversario de nuestra Carta Magna, que muy a su pesar sigue siendo el documento fundamental de nuestra vida social y política. Miles de ciudadanos conscientes y activos saldremos a las calles a ejercer nuestro derecho a la libre expresión, el libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y nuestra oposición a una nueva andanada de acometidas contra el orden legal, evidente en las 20 iniciativas de modificación constitucional presentadas en ese aniversario. Todas ellas (https://t.ly/MJZRl) son producto de ocurrencias, pero con un claro interés electorero. La mayoría son inviables, pero suenan muy bien a los oídos de los poco informados. Un engaño más, una trampa de humo en la que no debemos caer. ¿Quién puede oponerse a las pensiones universales no contributivas (ojo) para los adultos mayores? ¿O al apoyo a los discapacitados, a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes sin trabajo o estudios? También se propone revertir las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007, que le habían dado viabilidad. Con esta contrarreforma el peso financiero de estas recaería sobre las inagotables arcas nacionales. Demagogia que me recuerda la “administración de la abundancia” de los años setenta y ochenta.

Intercampañas Luis Miguel Rionda (*) El primero de marzo de este año arrancarán las campañas políticas de 20,367 candidatas y candidatos a ocupar cargos de gobierno y de representación en los ámbitos federal y locales. La lista nominal de electores suma hoy 97 millones 539 mil 56 ciudadanos. Esta cantidad ya no podrá cambiar, dado que el día 22 pasado cerró el registro; bueno, excepto para quienes presenten algún recurso ante el tribunal electoral federal, y que éste progrese. Se ha vuelto un lugar común asegurar que cada cónclave presidencial es “la madre de todas las elecciones”, y es cierto. Cada proceso es más complejo que el que le antecedió seis años antes, necesariamente. Se suman más electores, y el calendario electoral se compacta. Esto como resultado de la reforma electoral de 2014, que obligó a las entidades a uniformar sus fechas comiciales y evitar su dispersión, con el consiguiente cansancio electoral de los ciudadanos. Luego de la compleja elección presidencial de 2012, los partidos de oposición, en particular los de izquierda, obligaron a adoptar en la reforma de 2014 un bizarro calendario dividido en periodos de “precampaña”, “intercampaña” y “campaña” propiamente dicha. El objetivo era plausible: regular las ansias de los precandidatos tempraneros, como fue el caso de Vicente Fox, quien había iniciado su precampaña desde el dos de julio de 1998, dos años antes de la elección que lo hizo presidente; o de Enrique Peña Nieto, cuya candidatura fue construida años antes desde los medios de comunicación mediante el reality show de su matrimonio con La Gaviota. Pero la realidad de la política ha impuesto sus prioridades. Los periodos sexenales presidenciales son largos, e inevitablemente conducen al desgaste del Tlatoani en el último tercio de su responsabilidad. La esperanza se renueva cada seis años, y los actores saben que los electores demandan figuras nuevas. Esto ha conducido inevitablemente a que las dos coaliciones partidistas actuales hayan violentado los tiempos electorales, y en la práctica cuentan con sus candidatas desde seis meses antes del inicio de las campañas formales. Creo que el año próximo será inevitable una nueva reforma electoral que atienda las realidades de la política, y no las veleidades del “deber ser”. Por supuesto, yo no estaría de acuerdo con que se debilite a las autoridades electorales, pero que sí se reconozca que hay necesidad de aflojar algunos controles. Creo que hay que debatir con seriedad temas que se han convertido en tabú, como el financiamiento privado, los calendarios electorales, la pertinencia de algunas acciones afirmativas, el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros asentados en México, la urgencia del voto electrónico, el voto por adelantado, la obligatoriedad efectiva del voto, las condiciones para la reelección y para la revocación de mandato, y muchas otras. Pero siempre pensando en el mejoramiento de los procedimientos y las condiciones de la competencia; no para regresar al modelo de control gubernamental de los procesos electorales. Este periodo de intercampañas debería aprovecharse para que los contendientes afinaran sus discursos en torno a los grandes temas de interés nacional y regional, y no sobre las rencillas y ataques mutuos que banalizan el debate. Sería un buen propósito de año nuevo.       Intercampañas Luis Miguel Rionda (*)