Diario

18F: En marcha por la Democracia Luis Miguel Rionda (*) El movimiento cívico #MareaRosa, constituido por varias docenas de agrupaciones ciudadanas independientes, está convocando nuevamente a una gran marcha por la defensa de nuestra democracia, a la manera de las que realizamos en un centenar de ciudades de México y el extranjero el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. La nueva fecha es el domingo 18 de febrero próximo, a partir de las 10:00 horas. Al día 7 pasado, se había confirmado la realización de marchas o concentraciones en cien ciudades del país y once del extranjero (Estados Unidos, España, Canadá y Francia). No se trata de un evento de campaña política: es nuevamente la reacción ciudadana ante los embates sostenidos desde el ejecutivo federal en contra de las instituciones, la ley y la justicia. La pertinencia de la fecha la demuestra el nuevo desprecio al orden constitucional evidenciado el pasado 5 de febrero, al haberse negado el titular de la magistratura presidencial a acudir a la conmemoración del 107 aniversario de nuestra Carta Magna, que muy a su pesar sigue siendo el documento fundamental de nuestra vida social y política. Miles de ciudadanos conscientes y activos saldremos a las calles a ejercer nuestro derecho a la libre expresión, el libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y nuestra oposición a una nueva andanada de acometidas contra el orden legal, evidente en las 20 iniciativas de modificación constitucional presentadas en ese aniversario. Todas ellas (https://t.ly/MJZRl) son producto de ocurrencias, pero con un claro interés electorero. La mayoría son inviables, pero suenan muy bien a los oídos de los poco informados. Un engaño más, una trampa de humo en la que no debemos caer. ¿Quién puede oponerse a las pensiones universales no contributivas (ojo) para los adultos mayores? ¿O al apoyo a los discapacitados, a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes sin trabajo o estudios? También se propone revertir las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007, que le habían dado viabilidad. Con esta contrarreforma el peso financiero de estas recaería sobre las inagotables arcas nacionales. Demagogia que me recuerda la “administración de la abundancia” de los años setenta y ochenta.

Intercampañas Luis Miguel Rionda (*) El primero de marzo de este año arrancarán las campañas políticas de 20,367 candidatas y candidatos a ocupar cargos de gobierno y de representación en los ámbitos federal y locales. La lista nominal de electores suma hoy 97 millones 539 mil 56 ciudadanos. Esta cantidad ya no podrá cambiar, dado que el día 22 pasado cerró el registro; bueno, excepto para quienes presenten algún recurso ante el tribunal electoral federal, y que éste progrese. Se ha vuelto un lugar común asegurar que cada cónclave presidencial es “la madre de todas las elecciones”, y es cierto. Cada proceso es más complejo que el que le antecedió seis años antes, necesariamente. Se suman más electores, y el calendario electoral se compacta. Esto como resultado de la reforma electoral de 2014, que obligó a las entidades a uniformar sus fechas comiciales y evitar su dispersión, con el consiguiente cansancio electoral de los ciudadanos. Luego de la compleja elección presidencial de 2012, los partidos de oposición, en particular los de izquierda, obligaron a adoptar en la reforma de 2014 un bizarro calendario dividido en periodos de “precampaña”, “intercampaña” y “campaña” propiamente dicha. El objetivo era plausible: regular las ansias de los precandidatos tempraneros, como fue el caso de Vicente Fox, quien había iniciado su precampaña desde el dos de julio de 1998, dos años antes de la elección que lo hizo presidente; o de Enrique Peña Nieto, cuya candidatura fue construida años antes desde los medios de comunicación mediante el reality show de su matrimonio con La Gaviota. Pero la realidad de la política ha impuesto sus prioridades. Los periodos sexenales presidenciales son largos, e inevitablemente conducen al desgaste del Tlatoani en el último tercio de su responsabilidad. La esperanza se renueva cada seis años, y los actores saben que los electores demandan figuras nuevas. Esto ha conducido inevitablemente a que las dos coaliciones partidistas actuales hayan violentado los tiempos electorales, y en la práctica cuentan con sus candidatas desde seis meses antes del inicio de las campañas formales. Creo que el año próximo será inevitable una nueva reforma electoral que atienda las realidades de la política, y no las veleidades del “deber ser”. Por supuesto, yo no estaría de acuerdo con que se debilite a las autoridades electorales, pero que sí se reconozca que hay necesidad de aflojar algunos controles. Creo que hay que debatir con seriedad temas que se han convertido en tabú, como el financiamiento privado, los calendarios electorales, la pertinencia de algunas acciones afirmativas, el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros asentados en México, la urgencia del voto electrónico, el voto por adelantado, la obligatoriedad efectiva del voto, las condiciones para la reelección y para la revocación de mandato, y muchas otras. Pero siempre pensando en el mejoramiento de los procedimientos y las condiciones de la competencia; no para regresar al modelo de control gubernamental de los procesos electorales. Este periodo de intercampañas debería aprovecharse para que los contendientes afinaran sus discursos en torno a los grandes temas de interés nacional y regional, y no sobre las rencillas y ataques mutuos que banalizan el debate. Sería un buen propósito de año nuevo.       Intercampañas Luis Miguel Rionda (*)