El presupuesto de Sheinbaum: un fraude al pueblo

   Juan Miguel Alcántara Soria Un “pre-su(b)-puesto” es lo que está colocado antes y por debajo de algo. (sus raíces griegas: pre, antes; sub, por debajo; puesto, colocado). Hay presupuestos doctrinales, filosóficos, políticos, económicos o sociales. Importa, aquí y ahora, el presupuesto económico que discuten diputados federales, que no es solo de estimaciones anticipadas de ingresos y egresos del Estado mexicano para 2025. Es, sobre todo, “la expresión de un programa de la política social y de la acción económica del Estado, para aplicarse durante un período determinado”. De dónde obtendrá el gobierno dinero -incluyendo deuda pública-, para atender qué prioridades o necesidades. Tiene un valor ético y jurídico, y una función política y económica entrelazados, de consecuencias inmensas. Como las de una madre o un padre cuando decide en qué gastar (alimentos, salud, educación, o borrachera), y de dónde obtenerlo (trabajo, deuda, robo, engaño, o lotería). El proyecto de presupuesto para 2025 que envió la subpresidenta Sheinbaum, lo revisó lúcido el senador Ricardo Anaya, en comisiones de la cámara de senadores. Y sí, quieren engañar al pueblo. Dicen que el tipo de cambio del dólar estará ese año a $18.70, tendremos una tasa de crecimiento del 2 al 3%, la tasa de interés crediticia al 8%. Que Pemex producirá ahora sí 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. Evidenció premisas engañosas, improbables, fraudulentas. Es de destacar que la deuda pública que incrementó Obrador, y que deberemos pagar todos, llegó a 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), la más alta en los últimos 36 años, desde Salinas de Gortari. Ahora la subpresidenta dice tendrá ingresos por $ 7 billones de pesos, pero gastará $ 9 billones. De intereses en 2025 plantea pagar 1.4 billones, lo que equivale a 20 veces lo que asigna a seguridad pública federal: solo $ 70 mil millones. La subpresidenta prometió bajar la deuda de 6 a 3 puntos del PIB. Pero su proyecto en teoría solo baja a 4 puntos. Y de su pronóstico de ingresos, $ 7 billones, calcula $ 5 por impuestos, y $2 por supuestos ingresos de Pemex y CFE, un superávit imposible; nos engañan (esperan ganarse la lotería, o robar). La deuda será mucho mayor. Otro engaño es su presupuesto de crecimiento del PIB, del 2 al 3%. Anaya cita: para BBVA y Citibanamex, creceremos 1%; Banco de México dice 1.7%. El Fondo Monetario Internacional prevé 1.3%. Más deuda a pagar varias generaciones, para cubrir mayor déficit. Incumplen Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que exige equilibrio presupuestario. Dependencia de endeudamiento que nos expone a riesgos enormes. Además, recortes en rubros prioritarios como seguridad y salud pública, educación e infraestructura. La cruda que viviremos por la borrachera obradorista será espantosa. Eso sí, pide incrementos para programas clientelares, como el de becas, apoyo a mujeres de 60 a 64 años, a universidades obradoristas, pero reducciones a la UNAM, al poder judicial, o desaparición de órganos autónomos. Otra afectación es la distribución de los impuestos federales a estados y municipios. Reducirán del 32% al 25% para lo local: centralismo sí, federalismo no. El gobierno de Jalisco plantea salir del Pacto Fiscal, con razón (los de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes o Chihuahua, parecen autistas). Es como si un hijo trabajador da a su padre o madre todos sus ingresos, y de devolverle antes una tercera parte para su sostenimiento personal, ahora solo le devuelve una cuarta parte a cada uno. Las autoridades locales tendrán menos recursos para solventar necesidades atendibles desde el círculo más próximo. La semana anterior vi con mi hijo la película Gladiador 2. Confirmé sensación sideral de la vida: circular y ascendente. En la Roma del emperador Caracalla y sus termas, como en el México de Obrador y sus Dos bocas, hay paralelismos. Más allá de los Macrinus, o traidores como los Adán Augusto o Monreal, existe la estirpe de los Marco Aurelio, o Lucius: mujeres y hombres con sentido del honor, a quienes pueden quebrar, pero no doblar. Con quienes las Patrias -casa de los padres- se rescatan de defraudadores.

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¿Ordenamiento Territorial?

Columna Diario de Campo Luis Miguel Rionda (*) El desarrollo de los centros urbanos de México se rige por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016 y reformada el uno de abril pasado. En su artículo segundo se establece como un derecho humano el que “Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros”. Uno de los instrumentos técnicos para concretar este derecho son los planes y programas de desarrollo urbano de los estados y sus municipios. Se trata de documentos minuciosos que detallan los escenarios del crecimiento futuro de los centros de población, rigiéndose por criterios de racionalidad en el acceso a los servicios públicos básicos, el respeto y cuidado del entorno natural, la atención a las particularidades de esos centros, los usos de suelo y las reservas territoriales, la gobernanza a partir de la participación vecinal, y los mecanismos de participación ciudadana en la definición de obras públicas. En mi ciudad, Guanajuato capital, estamos sumergidos en un debate sobre el nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, conocido con el impronunciable acrónimo PMDUOET. El instrumento legal aún vigente es el venerable POT (Programa de Ordenamiento Territorial) de 2012, que fue elaborado por el PUEC-UNAM (Programa Universitario de Estudios de la Ciudad) dirigido por la socióloga Alicia Ziccardi. Me tocó participar activamente en algunos de los tramos de su elaboración, gracias a la apertura de la doctora Ziccardi y el presidente municipal Luis Gutiérrez. La ciudad ha crecido de nueva cuenta de manera desordenada, sin atender las previsiones del POT. Como siempre, siguen pesando más los intereses de los grupos e individuos cercanos al mercado del territorio. El nuevo programa asume esa desorganización, y la formaliza. La escasez de especialistas en el tema facilita que esos intereses se disimulen bajo una densa capa de tecnicismos, con planos indescifrables llenos de claves y colores apretujados, y la típica jerigonza jurídica mareadora. Las mejores opiniones técnicas que he escuchado sobre el PMDUOET las escuché del planeador urbano Yann Godbert, del movimiento Colibríes de Guanajuato, y la ingeniera ambiental de la UG Karla Piñón, en la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato del sábado 30 de noviembre (https://tinyurl.com/2c3jto3z). Sus argumentos son específicos y contundentes, pero muy inquietantes por sus implicaciones sobre la ética pública. Curiosamente, la página del programa (https://tinyurl.com/25yoe7j6) fue nulificada después de la sesión del observatorio. Así no se puede. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRion

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Viento favorable para quienes saben a donde van

Juan Miguel Alcántara Soria Trump no toma posesión del poder, y ya está ejerciéndolo. Anunció que el primer día, 20 de enero, impondrá aranceles (cargas fiscales) a productos provenientes de México y Canadá; y los mercados temblaron. El macho alfa sabe a dónde quiere ir, controla ambas cámaras del Congreso, polariza su nación, en condiciones que hacen factible aterrice su visión de país hegemónico, sin consideración ético-política alguna. Acá, el presidente Obrador (también empezó a gobernar al otro día de la elección de 2018; Peña Nieto le soltó el poder antes de tomar posesión), sigue gobernando. Sabe a dónde quiere llevar a México. Y tiene alineada a la subpresidenta Sheinbaum, al poder legislativo, y pronto al poder judicial, en dirección a otro régimen político: autoritario, no democrático, centralista, sin instituciones autónomas y sin contrapesos, en lugar de república democrática, federal. También mantienen polarizado al país, y sin partidos de oposición ni otras organizaciones capaces de contener destrucción de instituciones que llevan a paso veloz, valiéndose de la mentira, el chantaje, el atraco. Esta semana afectaron, otra vez, derechos humanos de los mexicanos: unos, con sola la mayoría de senadores de la 4t. Y otros derechos, con el voto de siete del PAN, renegados del Humanismo Político que dio densidad ético-política a ese instrumento ciudadano. La mayoría oficialista borra de la Constitución órganos autónomos, garantía de derechos a la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales; y contrapesos del poder, como el INAI. Y esa mayoría, con aval inmoral de senadores de oposición, reforman la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, automática, sin juicio previo, como el de extorsión. No respetan el principio de presumir un ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bastará un agente del ministerio público reciba denuncia de extorsión, para que pueda solicitar prisión; y después investigará. Las incapacidades y deficiencias comprobadas de los ministerios públicos, federales y locales, para investigar, es premiada con nuevo atraco a derechos; llevará a inocentes a perder su libertad. Más, en el ambiente de desprecio a la ley que se impulsa por la 4t. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México reponer derechos humanos, por el amplio catálogo de delitos que merecen pena privativa de la libertad sin juicio previo ni sentencia. Y los poderes públicos no solo desacatan orden internacional; lo agravan. En Guanajuato la extorsión se tipifica así: “A quien, para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, exija a otra persona por medio de la violencia, dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de un tercero, se le aplicará de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa” (Art. 179 e). Cualquier malqueriente (una pareja despechada, un vecino envidioso, un alumno reprobado) podrá denunciar que otro le exige un dar, hacer, o no hacer algo en su perjuicio, y con violencia, para que pueda ser privado de su libertad, sin juicio previo. La extorsión es de los delitos más incrementados en todo el país, sin duda. Pero ante incapacidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir o contenerla, le dan al ministerio público una herramienta de la que, sin duda, abusará, en perjuicio de inocentes. El régimen que configura el obradorato no es de leyes ni instituciones. “La ley no es la ley”, “al diablo las instituciones”. Sino de revanchas y ocurrencias con soporte clientelar. No se entiende cómo la coordinadora de senadores panistas, Lupita Murguía -mi contemporánea en la Escuela Libre de Derecho-, o el exgobernador Márquez -estudió Filosofía y Ética en seminario- pierden brújula y atentan contra derechos derivados de la dignidad humana. Y su presidente Romero preocupado por su impunidad, doblado ante la subpresidenta. No saben a dónde van. “No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”, dijo Séneca. La delincuencia organizada y no, empoderada como nunca, sí sabe a dónde. Y los buenos, que somos más ¿Cuándo definimos rumbo y ritmo al bien común?

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Columna Diario de Campo

Nuevos Partidos 2025 Luis Miguel Rionda (*) Desde la reforma electoral de 2014 se estableció en la legislación mexicana, tanto federal como local, que cada seis años, luego de la elección presidencial o de ejecutivo estatal, se abriría una ventana temporal para el registro de asociaciones que aspiren a constituir nuevos partidos políticos en el siguiente mes de enero (artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos). Es decir, que en seis semanas se abrirá ese registro tanto en lo federal como en lo local. La constitución de nuevos partidos es regulada por el artículo 41 constitucional, base I; la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 9º al 19, y la ley electoral de Guanajuato en sus artículos 24 al 30. El mecanismo es relativamente sencillo: se basa en la realización de asambleas de agremiados. Si se trata de partidos nacionales, se requieren en por lo menos en veinte entidades o en doscientos distritos federales. En el caso de los partidos estatales se necesitan asambleas en dos tercios de los municipios o distritos locales. Todo en el término de un año. El proceso culmina con una asamblea nacional o estatal según el caso. Todo ello con la presencia fedataria de funcionarios de los institutos electorales, que deben certificar el número de afiliados que participaron en las asambleas, que en el caso de partidos nacionales en ningún caso podrá ser menor a tres mil en las estatales, o trescientos en las distritales. Respecto a los partidos locales, deben cubrir el 0.26% del padrón de su demarcación, vigente en la elección anterior del ejecutivo. Muchos grupos y asociaciones de ciudadanos, inquietos por el empobrecimiento del escenario político partidista que resultó luego de la elección del 2 de junio pasado, se están movilizando para presentar sendas solicitudes ante el INE o los organismos electorales locales. Es el caso, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional, donde prevalecen socialdemócratas. Pero también se agitan las aguas en espacios como el de los conservadores y libertarios, que desean rebasar al PAN por la derecha, o los trabajadores del Poder Judicial y de los diversos organismos defenestrados por la 4T, o de académicos e intelectuales alarmados por la desintegración del sistema de contrapesos; e incluso, de nuevo, las iglesias evangélicas militantes. En el 2013 fueron 52 las asociaciones que entregaron su carta de intención ante el INE; sólo dos lograron el registro (Partido Humanista y Partido Alianza Social). En 2019 fueron 102, y lograron su registro preliminar seis (Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, México Libre, Grupo Social Promotor de México y Fundación Alternativa). De éstos, sólo los tres primeros pudieron competir en las elecciones de 2021. Será interesante observar cuántos colectivos buscarán el registro en esta ocasión. La crisis actual del sistema de partidos hace sospechar que serán muchos, pero muy pocos cumplirán los requisitos. Se requiere de recursos privados, que serán auditados. Un reto nada fácil. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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Columna Diario de Campo

Este miércoles pasado tuve la oportunidad, por invitación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de presentar su más reciente producción editorial. Esto dentro del 35 Congreso Internacional de Estudios Electorales, realizado en Toluca con la anfitrionía de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto Electoral del Estado de México. El congreso fue organizado académicamente por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., de la que tengo el honor de ser miembro fundador. El libro se intitula Derechas e Izquierdas en el siglo XXI. Debates generales y estudios de caso, y fue coordinado por la doctora Tania Hernández Vicencio (INAH) y el doctor Andrea Bussoleti (Universidad de Guadalajara). El volumen colectivo se compone de doce capítulos que desbrozan cuatro áreas temáticas: una discusión teórica general, a partir de la introducción al debate por parte de los coordinadores, y tres sustanciales capítulos analíticos de Víctor Reynoso, Ricardo de la Peña, Javier Arzuaga y Orlando Espinosa. Una segunda parte sobre los nuevos retos teóricos y programáticos de las estructuras partidarias en América latina, con cuatro capítulos de Jacopo Bottacchi, Steven Johansson, Sergio Morresi y Moisés Mendoza. La tercera parte dedica a los ejercicios de participación ciudadana desde los paradigmas ideológicos, con capítulos monográficos de Tania Hernández Vicencio y Sergio Tamayo sobre la 4T. Y en la cuarta parte se abordan las interacciones de los actores ideológicos ante el Estado, con dos capítulos de Tiziana Bertaccini y Andrea Bussoletti. Cada capítulo aporta una visión particular sobre el complejo tema de las relaciones entre las muy distintas acepciones con que los conceptos de referencia ideológica “derecha e izquierda” han sido definidos según los “valores fuerza” que asumen los actores políticos desde su imaginario social concreto. La lectura de estos doce textos deja claro que esos referentes, por arbitrarios que sean, pueden tener todavía utilidad para sostener un discurso común e mutuamente inteligible sobre los grandes temas que nos dividen o nos unen. El debate de las ideas y la competencia entre las ofertas político-partidistas pueden cobrar intensidades y alcances diferenciados, que requieren códigos de comunicación con mínimos de compatibilidad. Los autores enfatizan la mutabilidad histórica y cultural de los referentes que permiten esos mínimos de inteligibilidad, pero es una condición inevitable de la acción política la mudanza en las prioridades. Siempre habrá entonces material para el debate. Es deseable que éste se base siempre en la racionalidad y el conocimiento, para que esa polémica pueda canalizarse en conductos dialécticos y formas constructivas. Lo que puede alterar la convivencia racional sería la carencia de respeto por el sistema de convicciones del otro, del diferente, y asumir que la realidad puede simplificarse dentro de cánones unívocos y excluyentes. El libro puede bajarse de: https://tinyurl.com/2yktr74k (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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Se mueven los astros:Des-astre para México

   Juan Miguel Alcántara Soria La actual alineación de los astros se moverá en enero próximo. Es de prever amenazas y riesgos mayúsculos para México y los mexicanos. Y más dañinos por debilidades institucionales internas. Al diagnóstico del premio Nóbel de Economía 2024, James A. Robinson, expuesto el pasado 20 de noviembre en Cdmx: “México tiene grandes problemas con la calidad de sus instituciones y el Estado de Derecho, así como retos con su sistema educativo y la inseguridad, lo que impide crear una economía realmente próspera e incluyente”. “El mayor reto es el Estado, y como éste funciona: la politización del Estado en México”. Evaluación que, en síntesis, expone nuestras fragilidades. En lo particular ante el gobierno de Trump que iniciará el 20 de enero, y otras amenazas del exterior, como la renegociación del Tratado comercial con EU y Canadá. Además del conflicto Rusia-Ucrania que escala el fin de año, entre otros. La mayor potencia del mundo estará dirigida por extremistas, en los cuales hay muchos mal querientes de México. Señalan a migrantes, junto con narcotraficantes, como amenazas a su seguridad nacional, y desde el mismo 20 de enero adelantan iniciarán deportaciones masivas, incluso con apoyo de su ejército. Tratarán a narcotraficantes como terroristas. Los déspotas mexicano y gringo se supieron entender en el pasado: no te metas con mi gobierno, yo hago lo que pides en la frontera para tu interés. Hubo otra alineación astral. También en Canadá, su primer ministro, Justin Trudeau, expresó la semana pasada que no excluye la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo comercial con EU, sin México, como se lo exigen todos los jefes de gobierno de sus provincias y territorios; ello impactará en elecciones del 2025 en ese país. Agregan que la aceptación de México de inversiones chinas desembocó en la importación de productos chinos, vía México. Más reforma energética con incumplimientos de México de sus obligaciones adquiridas en el Acuerdo de París, contra el cambio climático. Ahora la reforma judicial. En febrero pasado volvieron a imponer el visado a mexicanos. Acá constatamos la llegada masiva de autos chinos, e inversiones en varias ciudades, junto con productos textiles, de calzado y de tecnología, que dañan a productores nacionales de la industria textil, del calzado y del vestido. La subpresidenta Sheinbaum no logra imprimir carácter, sello propio a su gobierno. Obrador va por su séptimo año conduciendo al país con espejo retrovisor, anteojeras ideológicas. La polarización entre mexicanos se sostiene. La sensibilidad de mujer para escuchar, identificar molestias, dialogar, no aparece. Así ¿cómo evitar más daño y dolor evitable a los mexicanos? Entre las debilidades institucionales a las que se refiere el premio Nóbel Robinson, e importa a socios en el T-MC, están compromisos medioambientales. Al reducir el gobierno de México sus metas de emisiones de contaminantes (Pemex y CFE, siguen consumiendo combustóleo), y además, condicionar su cumplimiento a apoyos internacionales, hay alertas. México va muy retrasado en la inclusión de energías renovables (a diferencia de Colombia, Chile, Brasil o Argentina). El proyecto de presupuesto de egresos de la subpresidenta, en cámara de diputados, reduce recursos para esta y otras tareas relevantes. Solo se incrementan para los programas sociales clientelares. Hasta a la UNAM le recortan. La reforma al poder judicial es otro desastre: el INE (hoy de Morena) pidió diferir elecciones de jueces y magistrados por falta de dinero y de tiempo. En la semana avanzaron en la desaparición de siete órganos autónomos, incluyendo el INAI y la COFOCE. Ésta última prevista en la Constitución como órgano con autonomía técnica, financiera y de gestión. Transformarla en un órgano asignado a la Secretaría de Economía, como de último momento pretenden diputados de la 4t, implicará reclamos de incumplimiento del T-MEC. De la guerra Rusia-Ucrania, luego hablamos. El desalineo de astros impedirá no solo una “economía próspera e incluyente”, con socios más competitivos en institucionalidad, sino el convivir en paz y tranquilidad entre mexicanos, hoy más violento. Y relaciones previsibles con el mundo. Des-astre.

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SSG ofrece servicios de atención integral para tratar violencia en la mujer.

Guanajuato, Guanajuato 22 de noviembre de 2024.- La Secretaría de Salud de Guanajuato con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, informa servicios integrales para tratar este problema. Gabriel Cortés Alcalá Secretario de Salud informó que a través de la Red Integrada de Servicios de salud conformada por más de 631 unidades Guanajuato ha destacado a nivel nacional como referente por visibilizar y atender con su especificidad las consecuencias en la salud física y mental ocasionadas por la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Tal cómo lo señala la Organización Mundial de la Salud. Con la finalidad de contribuir a la prevención y reducción de los daños a la salud ocasionados se realiza la búsqueda intencionada de niñas, adolescentes y mujeres que acuden a las unidades y se otorga atención integral; física y mental. Durante enero-mayo de 2024 se aplicaron 114 mil 209 herramientas de detección lo que ha permitido detectar a 36 mil 102 mujeres que se encuentran viviendo algún tipo de violencia, otorgando más de 42 mil 386 atenciones y logrando iniciar tratamiento psicológico 8 mil 876 con más de 47 mil 714 consultas de salud mental. Se destaca la importancia de contar con personal capacitado de acuerdo a la normativa y actualmente se cuenta con 328 personas certificadas en la competencia ECO539 y ECO497 para la atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia. Así mismo, se cuenta con la línea de atención telefónica 800 290 00 24 y el chat dinámicamente.mx, que otorga atención los 365 días del año las 24 horas del día con personal profesional para otorgar contención, información y orientación. Por último, en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se garantiza la atención inmediata e integral a todas las víctimas de violencia de género y sexual, con la política de cero rechazo.

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Presenta INE Guanajuato avance de participación en la Consulta Infantil y Juvenil 2024

En el marco de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2024 que se desarrolla durante todo el mes de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato presentó el avance de participación de este ejercicio democrático. Durante la tercera reunión del Grupo Coordinador Interinstitucional de la CIJ 2024, la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Cecilia Maldonado Reyes informó que, al corte más reciente 341 mil 405 niñas, niños y adolescentes de la entidad han emitido su opinión sobre los temas: la seguridad y los espacios comunitarios; el cuidado del medio ambiente y de los animales; y la prevención de adicciones. Recordó que las infancias y adolescencias entre 3 y 17 años podrán participar ingresando a la página de internet: https://consultainfantilyjuvenil-participacion.ine.mx./, o bien en las 3 mil 104 casillas instaladas en centros escolares, espacios públicos y en las oficinas de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas del INE, Módulos de Atención Ciudadana e instituciones aliadas. Detalló que en estas casillas la participación puede ser con boletas digitales, con apoyo de equipos de cómputo y dispositivos móviles, o bien, con boletas impresas. Por su parte, el Vocal Ejecutivo, Jaime Juárez Jasso celebró este avance de participación y confió en que se llegará a la meta que se propuso al inicio de este ejercicio, el cual busca registrar casi medio millón de opiniones. De igual manera, reconoció y agradeció la colaboración de las instituciones aliadas al señalar que su compromiso con las infancias y adolescencias se hace patente en esta Consulta. Las y los representantes de las dependencias que integran el Grupo Coordinador Interinstitucional coincidieron en redoblar los esfuerzos para que en lo que resta del mes no solo se llegue a la meta, sino que rebase con el propósito de escuchar todas las voces de niñas, niños y adolescentes de Guanajuato. -o0o-

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Desenfrenada destrucción de la 4T

Juan Miguel Alcántara Soria La mayoría oficialista va desenfrenada. Ni la Constitución, ni la Suprema Corte de Justicia, ni la Ética Política la contienen. El pasado miércoles 6 de noviembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma a varios artículos de la Constitución, que aprobarán apresurados la próxima semana. Desaparecen órganos que tienen reconocida su existencia y autonomía en el propio texto constitucional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. A partir de un dato sociológico -el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente- es que el poder se divide; se equilibran pesos y contrapesos. Aristóteles constató en varias polis griegas el poder público dividido en tres: la asamblea del pueblo, ejecutores de las decisiones del pueblo, y magistraturas que impartían justicia. La división tripartita del poder público evolucionó con el tiempo, primero, para que el poder frene real y positivamente al poder, y luego, por la complejidad de materias que debían atender los tres poderes clásicos. La ingeniería constitucional desarrolló órganos públicos fundamentales, establecidos en la Constitución, que no se adscriben a ningún poder tradicional. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido la evolución del concepto de distribución del poder público, en órganos cuya actuación no depende ni se deposita en los poderes tradicionales. Tienen funciones estatales específicas con la finalidad de lograr una mayor especialización, agilizar los procedimientos, y lograr control y transparencia de los otros poderes. Dan atención eficaz a demandas sociales, por lo que, desde la Constitución, mantienen relaciones de coordinación con los otros poderes, y gozan de autonomía e independencia funcional y financiera, para atender esas funciones. Como órganos autónomos se reconocen en nuestra Constitución Política a: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Universidad Nacional. Estos órganos, como los que se pretende desaparecer, realizan funciones del Estado que no encajan dentro de los tres poderes clásicos, y por tanto, no están subordinados a ningún otro órgano del Estado. A la CNDH, al INE, a la ASF, a los Tribunales Administrativo y electoral ya los secuestró o cooptó la 4t. Solo subsisten autónomos el Banco de México, el INEGI y la UNAM; pero les traen ganas. Del poder judicial luego hablamos. Estamos en un presidencialismo exacerbado, engendro dictatorial. A López Obrador le disgustó no tener todo el poder posible. Por eso presentó en febrero la iniciativa que desaparece a estos 7 órganos autónomos, para concentrar en el poder ejecutivo las funciones especializadas que desempeñaban, evitar transparencia, aumentar opacidad y burocracia y clientela incondicional. De paso, lentitud en los procesos. Para complacer al déspota, el “mayoritismo desenfrenado” aprueba todas sus ocurrencias autoritarias. La presidenta Sheinbaum es más déspota, sin duda. Hasta hace unos días teníamos confianza en 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte: honrarían su palabra de guardar y hacer guardar la Constitución. Contendrían al poder. (Las otras 3 nombradas por López Obrador, ignorantes e incondicionales). La traición del ministro Alberto Pérez Dayán (fue mi amigo) en la sesión en que se discutió la inconstitucionalidad de la reforma al poder judicial, dañó los equilibrios del poder. No es previsible el cómo resolverán las impugnaciones a estas nuevas reformas. Queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros mecanismos previstos en Tratados Internacionales. Sin garantía de los derechos humanos y sin división de poderes, no tenemos Constitución.

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Dos Trompadas…. Luis Miguel Rionda (*) Los demócratas activos, de esos que creemos en el valor de la persona humana, en el individuo consciente y en su libertad de acción y pensamiento, sufrimos este martes pasado dos derrotas dolorosas e inesperadas. Los liberales evidenciamos de nuevo el mal que apunté en mis colaboraciones anteriores: la ingenuidad, el candor de los ilusos que creímos que el mal es derrotable cuando se le combate con valor y convicción democrática. La primera derrota del fatídico martes 5 fue la traición dentro de la Suprema Corte de uno de sus ministros decorosos, en la votación del proyecto de sentencia que relativizaba los alcances de la reforma al Poder Judicial. No se logró la mayoría calificada de ocho sobre once para atajar la intención de cercenar el servicio judicial de carrera, y en cambio permitir una salida que habría salvado la dignidad de los jueces y magistrados. Al ministro sacatón le mostraron algún añejo expediente con esqueletos inconfesados, y presuroso reconsideró su voto para salvarse. Sus siete compañeras y compañeros, íntegros, votaron en favor del proyecto, pero fueron derrotados por la nueva “banda de los cuatro”. Dolor para los trabajadores judiciales, y punzada para los que acompañamos su lucha por salvar la división de poderes en México. Una pérdida que tardará años en restañarse (cincuenta, dijo Adán el augusto). Un desperdicio de capital humano que supera por mucho al dispendio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La segunda mala noticia del martes oscuro: el triunfo aplastante del delirante Trump en las elecciones del país del norte. Pésimo asunto para los demócratas de esa nación, y no me refiero a los militantes del partido perdedor. Ganó la emotividad irracional: una sociedad enojada con su élite gobernante por los problemas económicos de coyuntura. Culparon a la administración Biden por la carestía y el desempleo; pero olvidaron la crisis pandémica y la excelente respuesta que dio su gobierno a la emergencia sanitaria y económica. Miles de millones de dólares se inyectaron a las economías familiares y de pequeños negocios. Pero nada de eso se mantuvo en el imaginario colectivo. Los rencores sociales buscaron un destinatario y lo encontraron: los migrantes internacionales, a quienes su gobierno no ha podido retener o canalizar. Miles de trabajadores hambrientos han invadido las ciudades de ese país, y provocaron una reacción xenófoba y racista, inclusive entre afroamericanos e hispanos. Nos esperan cuatro o seis años de incertidumbres externas e internas. Las oposiciones en ambas naciones están en la lona, noqueadas por los radicalismos intolerantes. Los populismos nacionalistas terminarán colaborando entre sí, porque tienen más afinidades que diferencias. Quienes debemos temer somos los gobernados, sobre los que caerán las consecuencias del autoritarismo mesiánico de izquierda o derecha. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

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