La Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo el Foro Nacional de Unidades de Análisis de Contexto en la Investigación de Desaparición de Personas y Violencia Feminicida, un espacio de diálogo institucional orientado a fortalecer las capacidades analíticas, metodológicas y operativas en la procuración de justicia, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Durante la apertura, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, dio la bienvenida a autoridades de los tres poderes del Estado, instituciones de seguridad, organismos de atención a víctimas, comunidad académica y delegaciones provenientes de diversas entidades del país. En su mensaje, destacó que este foro representa un paso firme para trascender la agenda conmemorativa y consolidar acciones sustantivas que permitan comprender los fenómenos delictivos desde una visión integral. Reconoció la presencia de todos los asistentes, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de estrategias eficaces frente a la desaparición de personas y la violencia feminicida. Asimismo, subrayó la relevancia de la participación del Poder Judicial y del Poder Legislativo, al destacar que el análisis de contexto tiene como fin último robustecer las investigaciones para que los elementos obtenidos puedan sostenerse con solidez en las audiencias de juicio oral y traducirse en sentencias que reconozcan las violencias estructurales. El Fiscal     enfatizó que el análisis de contexto no se limita a describir el entorno de un hecho delictivo, sino que permite explicar las dinámicas que lo originan, identificar patrones de macrocriminalidad y visibilizar estructuras de poder que perpetúan la violencia. Señaló que esta herramienta representa una evolución en la procuración de justicia, al evitar la fragmentación de los casos y abordarlos como parte de fenómenos complejos e interrelacionados. Destacó que, en materia de desaparición de personas, el análisis de contexto permite comprender las dinámicas territoriales, rutas, redes y economías ilícitas que inciden en estos delitos, fortaleciendo la búsqueda con inteligencia científica. En cuanto a la violencia feminicida, subrayó que esta metodología permite visibilizar la violencia estructural, las asimetrías de poder y los entornos permisivos que muchas veces permanecen ocultos en los expedientes individuales. En su intervención, la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Sandra Berenice Medina Herrera, señaló que el análisis de contexto constituye una herramienta indispensable para reconocer las condiciones estructurales que generan violencia. Indicó que durante años los delitos fueron investigados como hechos aislados, lo que resultó metodológicamente insuficiente y profundamente injusto. Subrayó que la incorporación de la perspectiva de género es una herramienta técnica fundamental para comprender cómo la violencia impacta de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes. Añadió que la interseccionalidad permite identificar vulnerabilidades específicas y construir respuestas institucionales más eficaces. Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Itzel Josefina Balderas Hernández, en representación de la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de estrategias integrales que atiendan de manera especializada estos fenómenos. Durante el desarrollo del foro, se contó con la participación de representantes de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, quienes compartieron experiencias, buenas prácticas y desafíos en la implementación de unidades de análisis de contexto. Este foro consolida un esfuerzo nacional orientado a construir una red de colaboración interinstitucional que permita enfrentar de manera coordinada los fenómenos de desaparición de personas y violencia feminicida, garantizando el acceso a la justicia con un enfoque integral, ético y centrado en la dignidad humana.