Juan Miguel Alcántara Soria El miércoles pasado fui a Aguascalientes a dar una conferencia sobre las amenazas actuales a nuestra frágil democracia, invitado por la asociación “Participación y Democracia”. De las amenazas de la delincuencia, y también la injerencia constante e indebida de López Obrador en el proceso electoral, aparte de su complacencia con criminales. Referí señales recientes de intervención del crimen organizado: el asesinato de candidata a alcaldesa en Celaya, en territorio controlado por cartel local, a donde fue llevada por compañero de su planilla (van 30 candidatos asesinados). El conflicto de AMLO con el gobierno de Ecuador, luego de detener al exvicepresidente Glas en la embajada mexicana, quien antes fue sentenciado por diversos delitos; el gobierno de Estados Unidos gestiona su extradición por vínculos con cárteles mexicanos. AMLO lo intentaba proteger dándole al delincuente calidad de perseguido político, quien muy probablemente desnudará a estos cárteles. La revelación en el New York Times y otros medios, meses atrás, de investigaciones de la DEA a financiamiento de cárteles a las campañas de AMLO en 2006 y 2018. (Carteles mexicanos tiene presencia en más de cien países). O los asesinatos de dos trabajadores del Tribunal Electoral federal, en Ciudad de México esta semana. Señales de narcopolítica incontenida son muy graves. Mencioné el conteo de ejecuciones -la mayoría por sicarios-, por cada 100 mil habitantes, enero-marzo: Colima: 14.69, Morelos: 13.5, Baja California: 10.19, Chihuahua: 8.66, Guerrero: 8.35, Sonora: 8.1, Gto: 7.42 (7° lugar). En el sexenio de AMLO van 179,238 asesinatos (con Calderón: 121,613, Peña: 157,158). En las elecciones de 2021 los cárteles secuestraron representantes del PRI en Sinaloa, financiaaron candidatos oficialistas en BC, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí. En el actual proceso están invirtiendo efectivo en campañas por todo el país, hacen renunciar candidatos que no sean comparsas. Los morenistas se niegan a nombrar dos vacantes de magistrados del Tribunal Electoral, con riesgo de impugnar sus resoluciones por esas faltas. Aparte, la apatía o indiferencia de buen número de jóvenes y de otros sectores, son también amenaza porque facilitan avance la dinámica autoritaria, dictatorial. La seguridad ciudadana es construcción ciudadana. Se construye desde lo local, de los círculos concéntricos más inmediatos: barrio, colonia, escuela, empresa, municipio. Se hace con inteligencia social: con los datos que los vecinos comparten entre sí y con la policía de proximidad. Puse ejemplo de Mérida. Poniendo énfasis en la prevención social de las violencias y las delincuencias. La participación ciudadana debe darse desde los diagnósticos de inseguridad, la elaboración de planes y programas, y su seguimiento y evaluación. Y con protocolos de esta policía municipal que les permitan abrir carpetas de investigación. Esto requiere financiamiento: ya hay proyecto de reforma constitucional para garantizar que los ayuntamientos destinen proporción del impuesto predial cobrado a programas de seguridad municipal. Debemos hacer que el país destine cuando menos el 3% del PIB a seguridad, hoy no alcanzamos el 1%. Por supuesto debemos desmilitarizar al país. Esto no se logrará de la noche a la mañana, sin antes construir capacidades del Estado Mexicano en los tres órdenes de gobierno. La fórmula se puede enunciar así: tanta fuerza policial civil como sea posible, tanta presencia de Fuerzas Armadas como sea necesaria, entre tanto se logran aquellas capacidades. No hay que engañarnos. Terminé mencionando retos y oportunidades ciudadanas de aquí al 2 de junio: hacer tomar conciencia de los riesgos y amenazas a nuestras libertades y patrimonios de esa narcopolítica creciente del Estado mexicano, de los abusos antidemocráticos de López Obrador, y de amenazas de continuidad de la corcholata designada y de futuros legisladores de la 4t con agenda demoledora. Y después de la elección, construir nuevos instrumentos de participación ciudadana, incluyendo nuevos partidos políticos, dado el desfonde de su credibilidad que les afecta. Las democracias requieren ciudadanos responsables. A por ellos.