Aptitudes Democráticas Indias, Adoptables

Para Ramón Ma. Nava Aptitudes Democráticas Indias, adoptables aquí Juan Miguel Alcántara Soria La India tiene inmensos retos y amenazas: el viernes pasado se atacaron Irán y Pakistán; escaló conflicto con India. El lunes el primer ministro, Modi, inauguró templo hindú construido sobre mezquita, atentando contra estado laico. Pendientes en desigualdad, estratificación, unidad del país, búsqueda de paz regional. Prevalencia de hambre en gran parte del territorio, no obstante montañas de alimentos. Profundas desigualdades en los ámbitos del género, clases, castas, comunidad. Su historia contiene muchas pesadillas, como los conflictos interreligiosos entre hindúes y musulmanes, revividos el lunes. “Pero también incluye conversaciones y debates amplios… Ha desplegado formas de permitir a personas de convicciones dispares vivir juntas, en paz, en vez de afanarse en la búsqueda constante de degollarse unas a otras”. (El emperador musulmán Akbar, 1556-1605, impulsor de tolerancia y diálogos entre distintos credos, sentó precedente relevante, hoy ignorado). Los varones han prevalecido en mandos, pero la participación de las mujeres en liderazgos, como en actividades intelectuales, es creciente. Éstos desafíos tienen una condición propicia: la riqueza de la tradición de razonar y argumentar, que por siglos han cultivado: la tradición del razonamiento público. “Las argumentaciones persistentes son parte importante de nuestra vida pública. Tienen profunda influencia sobre la política india y son particularmente relevantes para el desarrollo de la democracia en el país, y para el surgimiento de sus prioridades seculares… Vale la pena considerar las raíces históricas de la democracia en la India -su conexión con el argumento público-. Debido a la tentación  de atribuir el compromiso indio con el régimen democrático al mero efecto de la influencia británica (lo que no obró de forma similar en centenar de países que surgieron de su imperio)…  La tradición del razonamiento público tiene una estrecha relación con las raíces de la democracia en todo el planeta (las polis griegas, incluidas). Pero como la India ha tenido la fortuna de disfrutar de una prolongada tradición de argumentaciones públicas, tolerante con la heterodoxia intelectual, esa conexión general ha sido de particular eficacia en el país. Cuando más de medio siglo atrás la India fue el primer país del mundo no occidental en sancionar una Constitución resueltamente democrática, no solo utilizó lo que había aprendido de las experiencias institucionales de Europa y América, sino que también abrevó en su propia tradición de razonamiento público y heterodoxia argumentativa” (Amartya Sen, “India Contemporánea. Entre la modernidad y la tradición”, Gedisa, 2007 –Premio Nobel de Economía en 1998-). “El razonamiento público brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar en debates políticos e influir en las decisiones públicas. El voto puede verse como una manera de llevar a la práctica esos debates, cuando la oportunidad de votar se combina con la de hablar y escuchar sin temor alguno . El alcance y la eficacia del voto depende especialmente de la posibilidad de existencia del debate público.” En la filosofía política contemporánea “ha surgido con vigor una comprensión más amplia de la democracia –va más allá de la libertad electoral y los comicios-, bajo la influencia del razonamiento económico y las ideas políticas. El hecho de  que los debates abiertos sobre decisiones públicas importantes pueden incrementar de manera sensible la información acerca de la sociedad y nuestras prioridades respectivas, nos brinda la oportunidad de revisar las prioridades elegidas en respuesta al debate público.  La definición de la democracia como “gobierno por discusión” (James Buchanan) da a entender que los valores cambian en el proceso de toma de decisiones”. En México tenemos carencias de debate público y razonamiento interactivo. No sabemos hablar y escuchar. El PAN abandonó su tradición. En el PRI, disciplina. López Obrador no escucha ni sabe debatir. Deshace contrapesos, desaparece voces críticas (la última, Azucena Uresti, en Milenio). El neuromarketing electoral, emoticones, los “me gusta”, no son razonamiento. ¡Nos urgen aptitudes democráticas! A impulsar debate y razonamiento interactivo en todos los espacios públicos.

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Columna Diario de Campo

Sin becas, sin ciencia   Luis Miguel Rionda (*)   El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) fue fundado hace 53 años por decreto del recién investido presidente Luis Echeverría. Respondió a la concepción del estado como entidad fundamental para impulsar el desarrollo científico del país, una palanca para avanzar en los objetivos de desarrollo económico y social de los gobiernos del nacionalismo posrevolucionario. Hay que reconocer que, gracias a los esfuerzos continuos de esta noble institución, hoy México cuenta con una importante masa crítica de científicos y eruditos que le permiten ubicarse en un liderazgo claro en América Latina, donde sólo Brasil y Chile le superan en cuanto a capacidades para la innovación. Un informe de Forbes (Índice Mundial de Innovación) reconoció a México como el tercer país con mayor producción en esta región durante 2023, y que “mantuvo el lugar 58 a nivel mundial por segundo año consecutivo” (https://t.ly/bZScJ). Ese logro, en gran medida, es fruto de los esfuerzos del CONAHCYT, a través del cual se canalizan las inversiones públicas para el sector. Desgraciadamente, el sector privado mexicano no invierte mucho en innovación. Desde su fundación, casi 400 mil mexicanos han recibido el apoyo de una beca de posgrado; muchos de ellos en el extranjero. El programa de becas del CONAHCYT —del que yo ha sido beneficiario en dos ocasiones— ha sido una de las herramientas más efectivas para formar una clase técnica y humanística que fundamente el trabajo intelectual de alta especialización. Sin duda una élite del pensamiento, aunque suene feo. El Sistema Nacional de Investigadores apoya el desempeño de 36 mil 714 integrantes, todos ellos certificados con base en su formación y productividad. La cantidad puede sonar amplia, pero hay que considerar que, según la OCDE, por cada mil personas empleadas en México, 1.24 son investigadores. El promedio para los países de la OCDE es de 9.11. En Corea del Sur, Finlandia y Noruega tienen 16 investigadores por cada mil personas empleadas (https://t.ly/9VqDQ). Esto quiere decir que somos ampliamente deficitarios en capital humano para la innovación. Desgraciadamente, esta administración federal ha venido aplicando una política altamente ideologizada, prejuiciada, contra esta “élite privilegiada”, y ha recortado sustancialmente la cantidad y los montos reales de las becas, sobre todo las destinadas a los estudios en el extranjero. Con una excepción: las becas para Cuba. Según una nota del El Universal (https://t.ly/uFro2) basada en datos del matemático Raúl Rojas con base en los padrones del CONAHCYT, en 2023 se otorgaron 428 becas para estudiar especialidades médicas en Cuba. En contraste, la asignación anual de becas para maestría en el resto de los países bajó de mil 793 en 2015 a sólo 148 en 2022. Para doctorado cayó de 813 a solo 103 en el mismo periodo. Casi nadie está saliendo a estudiar becado al extranjero. Pero las becas a Cuba son más costosas: “Nueve meses en Cuba le han costado a CONAHCYT unos 363 mil pesos por estudiante, mientras que una beca durante el mismo periodo en el Reino Unido cuesta 271 mil pesos. En Estados Unidos la beca cuesta 270 mil pesos.” Se está subsidiando a un estado autoritario, mientras se castiga a los programas de posgrado nacionales, en particular los privados. Esto no puede justificarse.

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Columna Diario de Campo

Doscientos Años Luis Miguel Rionda (*)   Estamos en periodo de conmemoraciones bicentenarias en México y en Guanajuato. Es un buen momento para estimular la reflexión sobre los dos últimos siglos de transformaciones en ambas entidades políticas, una de alcance nacional y la otra regional. Hace doscientos años cayó el efímero primer imperio mexicano, ese que encabezó el moreliano libertador Agustín de Iturbide. Luego de gobernar por escasos diez meses, abdicó el 19 de marzo de 1823 e inició la tradición de los políticos mexicanos de exiliarse en el ostracismo dorado de Europa. La rebelión republicana del Plan de Casa Mata, liderada por el ambicioso joven Antonio López de Santa Anna (padre del populismo mesiánico), fue el movimiento que le obligó a renunciar. Lo hizo sin oponer resistencia violenta; todo lo contrario: puso los cimientos del nuevo orden al acordar la restauración del Congreso nacional, mismo que le exigió su abdicación, y posteriormente emitiría una abusiva ley ad hominem, que ordenó su ejecución. El naciente México optó así por darse un orden político republicano, en lugar del monárquico que se había prescrito en el fundacional Plan de Iguala de 1821. Para formalizarlo se instaló un congreso constituyente el 5 de noviembre de 1823, que se encargó de canalizar los intensos debates entre centralistas y federalistas, hasta promulgar la constitución federal casi un año después, el 4 de octubre de 1824. Se optó por el modelo norteamericano (Constitución de Filadelfia, 1787), antes que por el europeo (Constitución de Cádiz, 1812). Todavía debatimos si fue un acierto o un error. En la antigua Nueva España, en 1786, se había constituido por orden del rey Carlos III el régimen de intendencias. El territorio virreinal fue dividido entre doce de ellas, incluyendo la de Guanajuato. Por eso fue muy natural que se convirtiera en 1824 en uno de los diecinueve estados federados, a los que se sumaban cuatro territorios y el caso especial de Tlaxcala. Así lo ordenó el artículo 5º de la nueva constitución. Por cierto, también definió en su artículo 3º que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana” (https://t.ly/6dIwE). En consecuencia, en Guanajuato se instaló el 25 de marzo de 1824 el primer congreso constituyente, que se encargaría de la redacción de la primera carta magna de la entidad, que finalmente fue promulgada el 14 de abril de 1826 (https://t.ly/9Wvl6). La firmó José María Esquivel y Salvago, diputado presidente, y la publicó el primer gobernador de la entidad, Carlos Montes de Oca, electo dos años antes. El artículo 4º enumeró los diecisiete municipios que lo conformaron. El nacimiento de México como república federal, y de Guanajuato como entidad soberana, no se dio de manera serena o afable. Muchos temas seguían sin una solución clara, y con demasiada frecuencia se optó por las armas antes que por la política. Pero sin duda hay que reconocer que el constitucionalismo siempre ha sido una herramienta civilizatoria que, si es respetada, conduce a la armonía social y al desarrollo. Una lección que conviene recordar hoy día, a doscientos años, cuando desde el poder se amenaza el orden legal.       (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León    

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Nuevas puñaladas a nuestra frágil democracia

Juan Miguel Alcántara Soria El presidente López Obrador dio otros golpes al equilibrio de poderes. El jueves designó a su empleada, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez en la historia del país, el presidente impone a una ministra, sin contar con la aprobación de la mayoría de senadores que prevé la Constitución. A la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro, AMLO anunció que designaría una mujer que le garantizara en la Corte votar a favor de la agenda 4t. Se dijo decepcionado de sus anteriores nominaciones a ministros, por lo que impondría una incondicional. El mecanismo constitucional prevé que si con dos propuestas de terna no se logra dicha mayoría calificada, el presidente designa. Al presidente no le interesó el Senado legitimara su propuesta, sino avanzar en la demolición de la Corte y de otros contrapesos, y abrir paso a otra dictadura en el continente. Con Lenia Batres fuimos diputados federales en la LVII legislatura (1997-2000). Se ostentó como licenciada en derecho por la UNAM sin haber terminado aun la carrera (con la ministra Esquivel compartirá correrías). Lenia (por Lenin; sus padres Cuauhtémoc y Rosario militaron en el partido comunista) como su hermano Martí (jefe de gobierno de la Cdmx), eran reconocidos activistas, porros de la Unión Nacional de Jóvenes y del Consejo Estudiantil Universitario. Provenían del antes PSUM, entonces PRD, luego Morena. En su paso por la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores se les acusó de despojar de terrenos a propietarios, luego de sismos; con fondos públicos construían vivienda popular que asignaban a los suyos. Lenia no tiene experiencia en materia judicial; nunca ha litigado; pero es grilla fanática, garantía del obradorato, para el que trabajaba en la Consejería Jurídica de Presidencia. No cumple el perfil exigido en la Constitución: independencia profesional e institucional, lealtad a la Constitución y a la ley, no a la voluntad presidencial o de otro poder. A AMLO le quedan 2 designaciones por hacer, si no hay antes más renuncias. Y su candidata presidencial, al igual que Lenia, insisten en que impulsarán que ministros de la corte se elijan por voto popular, como en Bolivia. De ganar Claudia, con similar mecanismo podrá tener mayoría absoluta en la Corte, sin que el Senado apruebe ninguno de sus designados. ¡Eso es dictadura! El lunes AMLO anunció enviará iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra regresión autoritaria que, en tanto se mantenga el Bloque de contención en cámara de diputados de PAN, PRI y PRD, no pasará. Estos órganos gozan de autonomía y especialización técnica prevista en la Constitución. Los votos de diputados de Morena, PT, Verde y MC no les alcanza, para reformarla. El presidente no quiere contrapesos, sino una “presidencia imperial”, como las de Echeverría y López Portillo, para cuyos gobiernos trabajó desde que era fósil en la UNAM. De desaparecerlos afectarían derechos ciudadanos en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, libertad de expresión, antimonopolios. El cuento de la austeridad se desvanece cuando al comparar el costo de estos organismos para 2024:  $3,749 millones de pesos. En tanto Morena recibirá $3,100 millones de pesos, el 82.6% de lo asignado a los 4 órganos. En ruta destructora hicieron renunciar al presidente del Tribunal Electoral, y nombraron sustituta el viernes: una magistrada, Mónica Soto, afín a la 4t. ¡Está en riesgo todo el proceso electoral del 2024! El escenario forjado a puñaladas a la Constitución y a la democracia, con militarización, polarización de la población, pérdida de derechos ciudadanos, centralismo, empoderamiento del crimen organizado, empobrecimiento educativo y de salud, debe hacernos partícipes en debates abiertos, incrementar información sobre la situación del país, defender pluralismo, e influir en las decisiones públicas. Y priorizar nuestra democracia: votar por Xóchitl para presidenta. Y por la oposición para ser mayoría en el legislativo, a pesar de sus cuestionadas candidaturas. Lo demás es secundario, ahora.

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