Columna Diario de Campo

Laicismo en Crisis Luis Miguel Rionda (*) Deseo hoy referirme aun aspecto crucial de la organización política de la nación mexicana: la separación de la iglesia y el estado, y el laicismo republicano. Hace tiempo que los representantes del estado mexicano y de los gobiernos de las entidades y municipios han caído con regularidad en referencias religiosas en sus mensajes, o incluso en prácticas concretas, muchas de los cuales son violaciones legales o constitucionales flagrantes. Aunque la laicidad pública está garantizada formalmente desde la constitución de 1857 y las leyes juaristas posteriores, las resistencias a obedecer este postulado condujeron a las guerras de reforma y a la intervención francesa en la siguiente década. La constitución de 1917 ratificó el estatus de laicidad pública en sus artículos 3, 5, 24, 27, 40 y 130, y eso provocó las rebeliones cristeras de los años veinte y treinta del siglo XX. Los diferentes “entendimientos” del estado mexicano con la iglesia católica en 1929, en 1979 y en 1992, significaron que gran parte de los ordenamientos laicistas se convirtieran en letra adormilada o muerta hasta el presente. En Guanajuato, tierra de católicos apasionados, vemos con frecuencia cómo se ignora la laicidad del estado mexicano: gobernantes que asisten a misa con todo e investidura; discursos con referencias al creador y a toda la corte celestial; crucifijos y otros íconos en oficinas públicas; inauguraciones de instalaciones con su bendición consecuente; oraciones al inicio del día laboral; observancia de feriados religiosos, y otros rituales que hacen referencia a una fe que debería ser privada. Motiva esta reflexión el hecho de que los lenguajes de la política electoral están cargándose de mensajes religiosos implícitos. Esto es claro en las no-campañas de las aspirantes a la presidencia de la república. La audiencia reciente que el Papa Francisco otorgó a las aspirantes es un hecho insólito en la política mexicana. ¿Cuál pudo ser la motivación de ambas? ¿Congraciarse con los votantes católicos? Como estrategia de campaña me parece peligrosa, porque se corre el riesgo de ofender al 22% del electorado que no profesa esa fe. Sospecho que se trató, en un caso, de fervor auténtico, y en el otro, de vil oportunismo. Sólo pensemos: ¿cuál de las dos es previsiblemente católica? Por lo poco que se ha sabido, ambas candidatas se sujetaron al machista protocolo de la Santa Sede: vestidas de negro, con falda, cada una recibió 45 minutos de la atención del pontífice. Ambas agradecieron los “consejos” del líder religioso, pero nunca sabremos cuáles fueron. Además, ¿besaron el anillo del obispo de Roma? ¿Se santiguaron? Ni idea. Pero algo es seguro: el desgaste del estado laico mexicano se mantiene, propiciado por quienes están obligados en acatarlo. El discurso de los políticos se parece más a la homilía mesiánica que promete el paraíso a cambio del voto. Las viejas ideologías se traducen en nuevas sectas del dogma de la fe, y se convoca a los elegidos a buscar la salvación. Lamento mucho esta decadencia, tanto política como religiosa. No sólo se ignora a la constitución laica, también se olvida el aforismo del evangelio cristiano (Mateo 22:21): al César lo que es del César…     (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

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18F: En marcha por la Democracia Luis Miguel Rionda (*) El movimiento cívico #MareaRosa, constituido por varias docenas de agrupaciones ciudadanas independientes, está convocando nuevamente a una gran marcha por la defensa de nuestra democracia, a la manera de las que realizamos en un centenar de ciudades de México y el extranjero el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. La nueva fecha es el domingo 18 de febrero próximo, a partir de las 10:00 horas. Al día 7 pasado, se había confirmado la realización de marchas o concentraciones en cien ciudades del país y once del extranjero (Estados Unidos, España, Canadá y Francia). No se trata de un evento de campaña política: es nuevamente la reacción ciudadana ante los embates sostenidos desde el ejecutivo federal en contra de las instituciones, la ley y la justicia. La pertinencia de la fecha la demuestra el nuevo desprecio al orden constitucional evidenciado el pasado 5 de febrero, al haberse negado el titular de la magistratura presidencial a acudir a la conmemoración del 107 aniversario de nuestra Carta Magna, que muy a su pesar sigue siendo el documento fundamental de nuestra vida social y política. Miles de ciudadanos conscientes y activos saldremos a las calles a ejercer nuestro derecho a la libre expresión, el libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y nuestra oposición a una nueva andanada de acometidas contra el orden legal, evidente en las 20 iniciativas de modificación constitucional presentadas en ese aniversario. Todas ellas (https://t.ly/MJZRl) son producto de ocurrencias, pero con un claro interés electorero. La mayoría son inviables, pero suenan muy bien a los oídos de los poco informados. Un engaño más, una trampa de humo en la que no debemos caer. ¿Quién puede oponerse a las pensiones universales no contributivas (ojo) para los adultos mayores? ¿O al apoyo a los discapacitados, a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes sin trabajo o estudios? También se propone revertir las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007, que le habían dado viabilidad. Con esta contrarreforma el peso financiero de estas recaería sobre las inagotables arcas nacionales. Demagogia que me recuerda la “administración de la abundancia” de los años setenta y ochenta.

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Hoy nace la dictadura y muere la democracia! Opinión de Ricardo Alemán

Se trata de una ofensa mayor; acaso la mayor ofensa que ha sufrido el México constituyente en poco más de un siglo. Y es que hoy, 5 de febrero del 2024, durante la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución, el presidente mexicano presentará un paquete de reformas que significan la muerte de la democracia y anuncian el nacimiento de la dictadura. Reformas que literalmente desaparecen la división de poderes, que le dan muerte al Poder Judicial como lo conocemos, destruye pilares del Estado democrático y que concentra todo el poder en un solo hombre. Peor aún, la excesiva confianza mostrada por el grupo en el poder –de que tales iniciativas serán aprobadas en poco tiempo por el Congreso–, no es más que la ratificación de que está en marcha un grosero fraude de Estado que la noche del 2 de junio le garantizará a López Obrador la victoria presidencial y la mayoría en el Congreso.   Continuar leyendo De esa manera y una vez que el fraude consiga “legitimar” la dictadura, Obrador seguirá siendo el verdadero mandante, sin ningún contrapeso, mientras que Claudia Sheinbaum sólo será “un monigote” de AMLO. Y es que, entre las reformas que hoy enviará Obrador al Congreso, se propone la desaparición total del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura y de la Corte y, en su lugar, se creará una oficialía de partes, al servicio del presidente, para que –el poder detrás del trono–, haga lo que le plazca. Pero, además, las iniciativas también “dan la puntilla” a los árbitros electorales; al INE y al Tribunal Electoral, lo que acabará con las oposiciones, con el sistema de partidos y la democracia electoral. Pero vamos por partes. El pasado sábado, Leticia Robles de la Rosa, reportera y columnista de Excélsior, dio a conocer parte del paquete de reformas que hoy enviará López al Congreso, durante la ceremonia del 107 aniversario de la Constitución. Entre las enmiendas aparece –como ya se dijo–, la destrucción del Poder Judicial como hoy lo conocemos, además de la desaparición del Consejo de la Judicatura, la salida de todos los actuales ministros de la Corte, la expulsión de todos los actuales magistrados del Tribunal Electoral y la muerte del sistema de pensiones para ministros y magistrados. También se propone la elección popular de ministros y jueces, cuyas candidaturas serán propuestos por el presidente, y desaparecen figuras como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. En pocas palabras, los poderes Judicial y Legislativo estarán sometidos al presidente. Y, en efecto, la desaparición de los contrapesos y la concentración del poder en un solo hombre se llama dictadura, aquí y en China. Sí, en el aniversario 107 de la Constitución, Obrador anuncia la muerte de la democracia y dibuja lo que será su dictadura; un grosero Maximato que se hará realidad gracias al fraude de Estado que ya está en marcha. Pero tampoco en este caso asistimos a novedad alguna. ¿Por qué? ¡Bingo…! Porque en el Itinerario Político del 27 de junio de 2018, titulado: “¡Golpe de Estado de Morena!”, advertí que de llegar al poder el señor Obrador, vendría la dictadura. Así lo dije aquel 27 de junio de 2018: “Dice la vieja conseja popular: “Si tiene patas de pato, cola de pato y grazna como pato, tenemos derecho a suponer que se trata de un pato”. “Y si Morena, su candidato presidencial y su claque exigen la entrega del poder –mediante la fuerza y antes del proceso electoral–, entonces tenemos derecho a suponer que asistimos a un intento de golpe de Estado, disfrazado de elecciones. “Sí, que nadie se escandalice, se trata de un intento golpista. ¿Por qué? Porque los responsables de la institución del Estado llamada Partido Morena, exigen la entrega del poder por el veredicto de las encuestas, no por el resultado de la elección que definirá qué partido y su candidato ganaron. “Peor, Morena chantajean con el petate del muerto. La presidenta de los rojos, la señora Yeidckol Polevnsky, sentenció que la elección está decidida y que enfrentará “el infierno” quien se atreva a quitarle la presidencia a Morena. “Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, dijo Citlali, alias Yeidckol. “Pero perdió el juicio cuando advirtió: “¡Esta elección ya está definida. Está decidida. No queremos manos ni manipulaciones que quieran hacer una cosa por otra!”. ¿Qué significa lo anterior? “Ni más ni menos que un intento de golpe de Estado. Es decir, Morena y sus leales –incluidos encuestadores y medios–, siembran la narrativa de que AMLO ya ganó la elección. Por tanto, cualquier resultado distinto será fraude. “Y ante el fraude vienen “los chingadazos”, según prometió John Ackerman, el 4 de febrero. Así lo dijo: “La única manera de que haya un cambio pacífico es con López Obrador. Si nos vuelven a robar la elección, va a haber chingadazos”. “Luego, Obrador uso la misma fórmula del golpe de Estado y ante los banqueros dijo: “Yo tengo dos caminos, Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo, si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque… Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre; ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”. Sentenció. “Y si a la amenaza de golpe de Estado le faltaba algo, empresarios mediáticos siguen cerrando espacios a los críticos de AMLO. Ayer se despidió de La Razón el director editorial y columnista Rubén Cortés, crítico de López. Sí, la claque lopista apuesta por callar a los críticos, igual que en 2006 y 2012. “¿Y qué sigue…? ¿Qué todo el Estado acuda de rodillas ante el mesías de Morena, para que no haya “chingadazos”, para que no “suelten al tigre” y para que “no se aparezca el diablo”? “En un golpe de Estado lo primero es cerrar los medios…

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Con Jesús Reyes Heroles recorridos compartidos

Juan Miguel Alcántara Soria Con Jesús Reyes Heroles González Garza coincidí en un grupo plural de políticos e intelectuales, conformado desde junio de 2004 -segunda mitad del gobierno de Fox-, para analizar, con rigor, los problemas del país, explorar soluciones, y buscar potenciales liderazgos y alianzas. Todos los martes, por la noche, de 8 a 12 horas (cenando ricas tortas y tintos), nos reuníamos en las oficinas de GEA Grupo de Economistas Asociados,  en calle Pestalozzi, Narvarte, en Ciudad de México. Había un analista o ponente y un tema a discutir por sesión. Además de Jesús -era el anfitrión-, acudíamos Genaro Borrego y Pedro Joaquín Coldwell (ex presidentes del PRI), Enrique de la Madrid, Rolando Cordera (del PSUM), Patricia Mercado (del PSD), Luz Lajous, Gilberto Guevara Niebla, Pepe Carreño, Federico Berrueto, Diódoro Carrasco, Francisco Suárez Dávila, Carlos Ruiz Sacristán, Arturo Núñez (entonces del PRI, luego fue gobernador por el PRD), Juan Manuel Carreras, entre otros. Raymundo Cárdenas y Demetrio Sodi, que eran del PRD. Del PAN, Margarita Zavala y yo. Salvo en Semana Santa y vacaciones navideñas, el grupo no dejó de sesionar los martes. Era un gozo disertaciones, con mucho sentido del humor, sin pedanterías ni soberbias. El 20 de octubre de 2005 tuvimos una sesión comida con el reconocido politólogo alemán Dieter Nohlen, autor, entre otros, del libro “Sistemas Electorales del Mundo”, un clásico en la materia (al tiempo se le llamó “mexicanólogo” y amigo de México) La cita fue en Le Cordon Bleu, Casa de Francia. Ese día Arturo Montiel anunció declinaba la candidatura presidencial del PRI; y quedó solo Roberto Madrazo, perverso tabasqueño -considerado un peligro para México-. Llegué minutos antes a la cita y varios contertulios me preguntaban, con ansia, si Margarita iría a la comida, les afirmé que sí. Le comunicaron apoyarían desde ya a Felipe Calderón, su esposo, ante imposibilidad ética y política de avalar a Madrazo (iban con Montiel con las narices tapadas, “menos nauseabundo”). Coincidimos todos: obrador es el peligro mayor. Al obtener Felipe el triunfo en las urnas integró a su equipo a varios de estos: Pedro Joaquín Coldwell, en Energía; Enrique de la Madrid, en Financiera Rural; Juan Manuel Carreras, en la Corett. Genaro Borrego declinó. Jesús fue director general de Pemex. Al tiempo, Felipe propuso mi nombre al procurador Eduardo Medina Mora para ser subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales (con Lalo, siendo estudiantes de carrera- él en la UNAM, yo en la Libre-, y con otros estudiantes, integramos un seminario de estudios de la realidad mexicana, Serem). Ahí constaté, siendo parte del mismo equipo, la conducción certera de Pemex que tenía Jesús. Como la dirección general de Normatividad de PGR dependía de mí, nos tocaba revisar todas las iniciativas legislativas en materia penal. Jesús coordinó una estrategia integral para combatir al huachicol, que incluyó proponer nuevos tipos, delitos federales en la materia. Por eso conocí sus diagnósticos, y las diversas acciones ante el huachicol. (A la llegada de Peña Nieto, con el igual nefasto y delincuente Emilio Lozoya Austin en Pemex, todo lo realizado para proteger ductos e instalaciones de Pemex, lo tiraron a la basura, incluyendo programas satelitales, aviones tripulados y no tripulados, lanchas, drones, etc. El huachicol explosionó. Y la FGR, de Murillo Karam, que en Guanajuato no tuvo delegado, dejó de perseguirlo. Desde entonces Guanajuato se desmadró, y no recupera paz). Jesús hubo de renunciar a esa dirección. Lo lamenté. El 7 de septiembre de 2009, en conferencia de prensa en Los Pinos, estuvimos junto al presidente Calderón, quien le agradeció colaboración. Y ante la renuncia de Medina Mora, también ahí oficializada, informó quedaba yo de encargado de la PGR, hasta en tanto hubiese consenso en la Cámara de Senadores sobre nuevo procurador (me adelantó: de no haber acuerdo, te quedas el resto del sexenio). Jesús fue economista por el ITAM, abogado por la UNAM, doctor en Economía, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue también secretario de Energía, embajador ante Estados Unidos, director de Banobras, entre otras tareas de servicio eficaz a México. Jesús falleció el pasado 21 de enero. Sin duda, un mexicano ilustre. E hijo de uno de los políticos más reconocidos del siglo pasado. Memoricé su sonrisa franca y pronta. Disfruté su amena charla, incluso en los convivios de fin de año que hacía con sus colaboradores de GEA. De las enseñanzas de Efraín González Morfin que no he olvidado, aplica la de que hay dos cosas que un político no debe perder: el sentido del honor y el sentido del humor. Jesús aquilató ambos. Recorrer caminos y coincidir en la misma dirección, privilegio de aprendizajes gozosos. Buen viaje, Jesús.  

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Intercampañas Luis Miguel Rionda (*) El primero de marzo de este año arrancarán las campañas políticas de 20,367 candidatas y candidatos a ocupar cargos de gobierno y de representación en los ámbitos federal y locales. La lista nominal de electores suma hoy 97 millones 539 mil 56 ciudadanos. Esta cantidad ya no podrá cambiar, dado que el día 22 pasado cerró el registro; bueno, excepto para quienes presenten algún recurso ante el tribunal electoral federal, y que éste progrese. Se ha vuelto un lugar común asegurar que cada cónclave presidencial es “la madre de todas las elecciones”, y es cierto. Cada proceso es más complejo que el que le antecedió seis años antes, necesariamente. Se suman más electores, y el calendario electoral se compacta. Esto como resultado de la reforma electoral de 2014, que obligó a las entidades a uniformar sus fechas comiciales y evitar su dispersión, con el consiguiente cansancio electoral de los ciudadanos. Luego de la compleja elección presidencial de 2012, los partidos de oposición, en particular los de izquierda, obligaron a adoptar en la reforma de 2014 un bizarro calendario dividido en periodos de “precampaña”, “intercampaña” y “campaña” propiamente dicha. El objetivo era plausible: regular las ansias de los precandidatos tempraneros, como fue el caso de Vicente Fox, quien había iniciado su precampaña desde el dos de julio de 1998, dos años antes de la elección que lo hizo presidente; o de Enrique Peña Nieto, cuya candidatura fue construida años antes desde los medios de comunicación mediante el reality show de su matrimonio con La Gaviota. Pero la realidad de la política ha impuesto sus prioridades. Los periodos sexenales presidenciales son largos, e inevitablemente conducen al desgaste del Tlatoani en el último tercio de su responsabilidad. La esperanza se renueva cada seis años, y los actores saben que los electores demandan figuras nuevas. Esto ha conducido inevitablemente a que las dos coaliciones partidistas actuales hayan violentado los tiempos electorales, y en la práctica cuentan con sus candidatas desde seis meses antes del inicio de las campañas formales. Creo que el año próximo será inevitable una nueva reforma electoral que atienda las realidades de la política, y no las veleidades del “deber ser”. Por supuesto, yo no estaría de acuerdo con que se debilite a las autoridades electorales, pero que sí se reconozca que hay necesidad de aflojar algunos controles. Creo que hay que debatir con seriedad temas que se han convertido en tabú, como el financiamiento privado, los calendarios electorales, la pertinencia de algunas acciones afirmativas, el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros asentados en México, la urgencia del voto electrónico, el voto por adelantado, la obligatoriedad efectiva del voto, las condiciones para la reelección y para la revocación de mandato, y muchas otras. Pero siempre pensando en el mejoramiento de los procedimientos y las condiciones de la competencia; no para regresar al modelo de control gubernamental de los procesos electorales. Este periodo de intercampañas debería aprovecharse para que los contendientes afinaran sus discursos en torno a los grandes temas de interés nacional y regional, y no sobre las rencillas y ataques mutuos que banalizan el debate. Sería un buen propósito de año nuevo.       Intercampañas Luis Miguel Rionda (*)        

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Aptitudes Democráticas Indias, Adoptables

Para Ramón Ma. Nava Aptitudes Democráticas Indias, adoptables aquí Juan Miguel Alcántara Soria La India tiene inmensos retos y amenazas: el viernes pasado se atacaron Irán y Pakistán; escaló conflicto con India. El lunes el primer ministro, Modi, inauguró templo hindú construido sobre mezquita, atentando contra estado laico. Pendientes en desigualdad, estratificación, unidad del país, búsqueda de paz regional. Prevalencia de hambre en gran parte del territorio, no obstante montañas de alimentos. Profundas desigualdades en los ámbitos del género, clases, castas, comunidad. Su historia contiene muchas pesadillas, como los conflictos interreligiosos entre hindúes y musulmanes, revividos el lunes. “Pero también incluye conversaciones y debates amplios… Ha desplegado formas de permitir a personas de convicciones dispares vivir juntas, en paz, en vez de afanarse en la búsqueda constante de degollarse unas a otras”. (El emperador musulmán Akbar, 1556-1605, impulsor de tolerancia y diálogos entre distintos credos, sentó precedente relevante, hoy ignorado). Los varones han prevalecido en mandos, pero la participación de las mujeres en liderazgos, como en actividades intelectuales, es creciente. Éstos desafíos tienen una condición propicia: la riqueza de la tradición de razonar y argumentar, que por siglos han cultivado: la tradición del razonamiento público. “Las argumentaciones persistentes son parte importante de nuestra vida pública. Tienen profunda influencia sobre la política india y son particularmente relevantes para el desarrollo de la democracia en el país, y para el surgimiento de sus prioridades seculares… Vale la pena considerar las raíces históricas de la democracia en la India -su conexión con el argumento público-. Debido a la tentación  de atribuir el compromiso indio con el régimen democrático al mero efecto de la influencia británica (lo que no obró de forma similar en centenar de países que surgieron de su imperio)…  La tradición del razonamiento público tiene una estrecha relación con las raíces de la democracia en todo el planeta (las polis griegas, incluidas). Pero como la India ha tenido la fortuna de disfrutar de una prolongada tradición de argumentaciones públicas, tolerante con la heterodoxia intelectual, esa conexión general ha sido de particular eficacia en el país. Cuando más de medio siglo atrás la India fue el primer país del mundo no occidental en sancionar una Constitución resueltamente democrática, no solo utilizó lo que había aprendido de las experiencias institucionales de Europa y América, sino que también abrevó en su propia tradición de razonamiento público y heterodoxia argumentativa” (Amartya Sen, “India Contemporánea. Entre la modernidad y la tradición”, Gedisa, 2007 –Premio Nobel de Economía en 1998-). “El razonamiento público brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar en debates políticos e influir en las decisiones públicas. El voto puede verse como una manera de llevar a la práctica esos debates, cuando la oportunidad de votar se combina con la de hablar y escuchar sin temor alguno . El alcance y la eficacia del voto depende especialmente de la posibilidad de existencia del debate público.” En la filosofía política contemporánea “ha surgido con vigor una comprensión más amplia de la democracia –va más allá de la libertad electoral y los comicios-, bajo la influencia del razonamiento económico y las ideas políticas. El hecho de  que los debates abiertos sobre decisiones públicas importantes pueden incrementar de manera sensible la información acerca de la sociedad y nuestras prioridades respectivas, nos brinda la oportunidad de revisar las prioridades elegidas en respuesta al debate público.  La definición de la democracia como “gobierno por discusión” (James Buchanan) da a entender que los valores cambian en el proceso de toma de decisiones”. En México tenemos carencias de debate público y razonamiento interactivo. No sabemos hablar y escuchar. El PAN abandonó su tradición. En el PRI, disciplina. López Obrador no escucha ni sabe debatir. Deshace contrapesos, desaparece voces críticas (la última, Azucena Uresti, en Milenio). El neuromarketing electoral, emoticones, los “me gusta”, no son razonamiento. ¡Nos urgen aptitudes democráticas! A impulsar debate y razonamiento interactivo en todos los espacios públicos.

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Sin becas, sin ciencia   Luis Miguel Rionda (*)   El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) fue fundado hace 53 años por decreto del recién investido presidente Luis Echeverría. Respondió a la concepción del estado como entidad fundamental para impulsar el desarrollo científico del país, una palanca para avanzar en los objetivos de desarrollo económico y social de los gobiernos del nacionalismo posrevolucionario. Hay que reconocer que, gracias a los esfuerzos continuos de esta noble institución, hoy México cuenta con una importante masa crítica de científicos y eruditos que le permiten ubicarse en un liderazgo claro en América Latina, donde sólo Brasil y Chile le superan en cuanto a capacidades para la innovación. Un informe de Forbes (Índice Mundial de Innovación) reconoció a México como el tercer país con mayor producción en esta región durante 2023, y que “mantuvo el lugar 58 a nivel mundial por segundo año consecutivo” (https://t.ly/bZScJ). Ese logro, en gran medida, es fruto de los esfuerzos del CONAHCYT, a través del cual se canalizan las inversiones públicas para el sector. Desgraciadamente, el sector privado mexicano no invierte mucho en innovación. Desde su fundación, casi 400 mil mexicanos han recibido el apoyo de una beca de posgrado; muchos de ellos en el extranjero. El programa de becas del CONAHCYT —del que yo ha sido beneficiario en dos ocasiones— ha sido una de las herramientas más efectivas para formar una clase técnica y humanística que fundamente el trabajo intelectual de alta especialización. Sin duda una élite del pensamiento, aunque suene feo. El Sistema Nacional de Investigadores apoya el desempeño de 36 mil 714 integrantes, todos ellos certificados con base en su formación y productividad. La cantidad puede sonar amplia, pero hay que considerar que, según la OCDE, por cada mil personas empleadas en México, 1.24 son investigadores. El promedio para los países de la OCDE es de 9.11. En Corea del Sur, Finlandia y Noruega tienen 16 investigadores por cada mil personas empleadas (https://t.ly/9VqDQ). Esto quiere decir que somos ampliamente deficitarios en capital humano para la innovación. Desgraciadamente, esta administración federal ha venido aplicando una política altamente ideologizada, prejuiciada, contra esta “élite privilegiada”, y ha recortado sustancialmente la cantidad y los montos reales de las becas, sobre todo las destinadas a los estudios en el extranjero. Con una excepción: las becas para Cuba. Según una nota del El Universal (https://t.ly/uFro2) basada en datos del matemático Raúl Rojas con base en los padrones del CONAHCYT, en 2023 se otorgaron 428 becas para estudiar especialidades médicas en Cuba. En contraste, la asignación anual de becas para maestría en el resto de los países bajó de mil 793 en 2015 a sólo 148 en 2022. Para doctorado cayó de 813 a solo 103 en el mismo periodo. Casi nadie está saliendo a estudiar becado al extranjero. Pero las becas a Cuba son más costosas: “Nueve meses en Cuba le han costado a CONAHCYT unos 363 mil pesos por estudiante, mientras que una beca durante el mismo periodo en el Reino Unido cuesta 271 mil pesos. En Estados Unidos la beca cuesta 270 mil pesos.” Se está subsidiando a un estado autoritario, mientras se castiga a los programas de posgrado nacionales, en particular los privados. Esto no puede justificarse.

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Doscientos Años Luis Miguel Rionda (*)   Estamos en periodo de conmemoraciones bicentenarias en México y en Guanajuato. Es un buen momento para estimular la reflexión sobre los dos últimos siglos de transformaciones en ambas entidades políticas, una de alcance nacional y la otra regional. Hace doscientos años cayó el efímero primer imperio mexicano, ese que encabezó el moreliano libertador Agustín de Iturbide. Luego de gobernar por escasos diez meses, abdicó el 19 de marzo de 1823 e inició la tradición de los políticos mexicanos de exiliarse en el ostracismo dorado de Europa. La rebelión republicana del Plan de Casa Mata, liderada por el ambicioso joven Antonio López de Santa Anna (padre del populismo mesiánico), fue el movimiento que le obligó a renunciar. Lo hizo sin oponer resistencia violenta; todo lo contrario: puso los cimientos del nuevo orden al acordar la restauración del Congreso nacional, mismo que le exigió su abdicación, y posteriormente emitiría una abusiva ley ad hominem, que ordenó su ejecución. El naciente México optó así por darse un orden político republicano, en lugar del monárquico que se había prescrito en el fundacional Plan de Iguala de 1821. Para formalizarlo se instaló un congreso constituyente el 5 de noviembre de 1823, que se encargó de canalizar los intensos debates entre centralistas y federalistas, hasta promulgar la constitución federal casi un año después, el 4 de octubre de 1824. Se optó por el modelo norteamericano (Constitución de Filadelfia, 1787), antes que por el europeo (Constitución de Cádiz, 1812). Todavía debatimos si fue un acierto o un error. En la antigua Nueva España, en 1786, se había constituido por orden del rey Carlos III el régimen de intendencias. El territorio virreinal fue dividido entre doce de ellas, incluyendo la de Guanajuato. Por eso fue muy natural que se convirtiera en 1824 en uno de los diecinueve estados federados, a los que se sumaban cuatro territorios y el caso especial de Tlaxcala. Así lo ordenó el artículo 5º de la nueva constitución. Por cierto, también definió en su artículo 3º que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana” (https://t.ly/6dIwE). En consecuencia, en Guanajuato se instaló el 25 de marzo de 1824 el primer congreso constituyente, que se encargaría de la redacción de la primera carta magna de la entidad, que finalmente fue promulgada el 14 de abril de 1826 (https://t.ly/9Wvl6). La firmó José María Esquivel y Salvago, diputado presidente, y la publicó el primer gobernador de la entidad, Carlos Montes de Oca, electo dos años antes. El artículo 4º enumeró los diecisiete municipios que lo conformaron. El nacimiento de México como república federal, y de Guanajuato como entidad soberana, no se dio de manera serena o afable. Muchos temas seguían sin una solución clara, y con demasiada frecuencia se optó por las armas antes que por la política. Pero sin duda hay que reconocer que el constitucionalismo siempre ha sido una herramienta civilizatoria que, si es respetada, conduce a la armonía social y al desarrollo. Una lección que conviene recordar hoy día, a doscientos años, cuando desde el poder se amenaza el orden legal.       (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León    

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Nuevas puñaladas a nuestra frágil democracia

Juan Miguel Alcántara Soria El presidente López Obrador dio otros golpes al equilibrio de poderes. El jueves designó a su empleada, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez en la historia del país, el presidente impone a una ministra, sin contar con la aprobación de la mayoría de senadores que prevé la Constitución. A la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro, AMLO anunció que designaría una mujer que le garantizara en la Corte votar a favor de la agenda 4t. Se dijo decepcionado de sus anteriores nominaciones a ministros, por lo que impondría una incondicional. El mecanismo constitucional prevé que si con dos propuestas de terna no se logra dicha mayoría calificada, el presidente designa. Al presidente no le interesó el Senado legitimara su propuesta, sino avanzar en la demolición de la Corte y de otros contrapesos, y abrir paso a otra dictadura en el continente. Con Lenia Batres fuimos diputados federales en la LVII legislatura (1997-2000). Se ostentó como licenciada en derecho por la UNAM sin haber terminado aun la carrera (con la ministra Esquivel compartirá correrías). Lenia (por Lenin; sus padres Cuauhtémoc y Rosario militaron en el partido comunista) como su hermano Martí (jefe de gobierno de la Cdmx), eran reconocidos activistas, porros de la Unión Nacional de Jóvenes y del Consejo Estudiantil Universitario. Provenían del antes PSUM, entonces PRD, luego Morena. En su paso por la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores se les acusó de despojar de terrenos a propietarios, luego de sismos; con fondos públicos construían vivienda popular que asignaban a los suyos. Lenia no tiene experiencia en materia judicial; nunca ha litigado; pero es grilla fanática, garantía del obradorato, para el que trabajaba en la Consejería Jurídica de Presidencia. No cumple el perfil exigido en la Constitución: independencia profesional e institucional, lealtad a la Constitución y a la ley, no a la voluntad presidencial o de otro poder. A AMLO le quedan 2 designaciones por hacer, si no hay antes más renuncias. Y su candidata presidencial, al igual que Lenia, insisten en que impulsarán que ministros de la corte se elijan por voto popular, como en Bolivia. De ganar Claudia, con similar mecanismo podrá tener mayoría absoluta en la Corte, sin que el Senado apruebe ninguno de sus designados. ¡Eso es dictadura! El lunes AMLO anunció enviará iniciativa al Congreso para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra regresión autoritaria que, en tanto se mantenga el Bloque de contención en cámara de diputados de PAN, PRI y PRD, no pasará. Estos órganos gozan de autonomía y especialización técnica prevista en la Constitución. Los votos de diputados de Morena, PT, Verde y MC no les alcanza, para reformarla. El presidente no quiere contrapesos, sino una “presidencia imperial”, como las de Echeverría y López Portillo, para cuyos gobiernos trabajó desde que era fósil en la UNAM. De desaparecerlos afectarían derechos ciudadanos en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, libertad de expresión, antimonopolios. El cuento de la austeridad se desvanece cuando al comparar el costo de estos organismos para 2024:  $3,749 millones de pesos. En tanto Morena recibirá $3,100 millones de pesos, el 82.6% de lo asignado a los 4 órganos. En ruta destructora hicieron renunciar al presidente del Tribunal Electoral, y nombraron sustituta el viernes: una magistrada, Mónica Soto, afín a la 4t. ¡Está en riesgo todo el proceso electoral del 2024! El escenario forjado a puñaladas a la Constitución y a la democracia, con militarización, polarización de la población, pérdida de derechos ciudadanos, centralismo, empoderamiento del crimen organizado, empobrecimiento educativo y de salud, debe hacernos partícipes en debates abiertos, incrementar información sobre la situación del país, defender pluralismo, e influir en las decisiones públicas. Y priorizar nuestra democracia: votar por Xóchitl para presidenta. Y por la oposición para ser mayoría en el legislativo, a pesar de sus cuestionadas candidaturas. Lo demás es secundario, ahora.

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