crimen

Crimen trasnacional Luis Miguel Rionda (*) La crisis política que produjo la solicitud del Departamento de Justicia del gobierno federal de los Estados Unidos al gobierno mexicano es de enomes dimensiones. Se pide la aprehensión y extradición de diez pretendidos delincuentes de alto perfil del noreste del país, es de enormes dimensiones. No recuerdo algún precedente similar. Más bien puedo mencionar que las agencias del gobierno vecino han preferido el uso de la fuerza y la violación de los procedimientos internacionales, como ha sido el secuestro de los indiciados. Traigo a la memoria el secuestro del doctor Álvarez Machain en abril de 1990, quien finalmente fue declarado inocente. Más reciente, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada y de Joaquín Guzmán López en julio de 2024, mediante una operación del FBI y Homeland Security Investigations; luego, la expulsión sin proceso de extradición de 26 capos de los cárteles de Sinaloa, CJNG y Cártel del Noreste en agosto de 2025; la segunda expulsión en enero de 2026 de otros 36 presuntos criminales, y muchos otros delincuentes de menor notoriedad que han sido secuestrados o eliminados por los muy famosos cazadores de recompensas, sobre los cuales no hay control alguno. Los acusados de hoy son de alto perfil político y policial, sobre todo en Sinaloa. No es posible aplicar el método “tradicional”, porque se corre el riesgo de que las autoridades mexicanas se “enconchen” y, bajo el pretexto de la soberanía, protejan a sus similares por complicidad, miedo o chauvinismo. Por eso los Estados Unidos optaron por el desusado método de acudir a procedimientos diplomáticos del derecho internacional. Esto ha pasmado a las autoridades mexicanas, nacionalistas a utranza, que desprecian las vías diplomáticas o están deshabituadas a litigar con las leyes y convenios internacionales a la mano. Se cree que si la arbitrariedad del poder es regla en México, lo mismo debería regir para el resto del mundo. No abogo por la honestidad de la administración norteamericana. No me sorprendería que detrás de la demanda de detención y extradición haya intereses políticos con vistas a las elecciones de noviembre. Pero también debemos reconocer el hecho de que los actuales gobernantes mexicanos, particularmente los guindas, se han afinanzado en la mayoría del país con el apoyo de las diversas organizaciones criminales, que se han acostumbrado a cogobernar en amplios espacios de la geografía política nacional. El crimen en el poder es veneno puro para la democracia y el orden constitucional. Nuestras instituciones han sido sometidas a un deterioro muy profundo, que tomará décadas subsanar, incluso si hubiera un cambio moralizador radical. El contubernio con los líderes de las organizaciones criminales les abrió las puertas del poder a los nuevos gobernantes del “partido-movimiento” y sus rémoras. Y hay que reconocerles que son muy agradecidos con sus patrones.     (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda