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Columna Diario de Campo Sismos de septiembre Luis Miguel Rionda (*) Para el inconciente colectivo de los mexicanos, el mes de septiembre es un mes tan gozoso como traumático. Gozoso por las conmemoraciones nacionalistas como el grito de Dolores, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, el sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec y el natalicio de Morelos (durante algunos años también se celebraba el natalicio de Porfirio Díaz). Pero tambien es un mes de traumas nacionales, como los sismos que azotaron al país en 1985 y en 2017; y recordemos que en ese mes cayó la ciudad de México en manos de las tropas norteamericanas en 1847, que izaron su bandera en Palacio Nacional y la mantuvieron ahí por casi un año. Este septiembre por el que transitamos podrá recordarse como otro periodo infausto. Las artificiales mayorías calificadas que el partido hegemónico se construyó en las dos cámaras del Poder Legislativo federal han permitido que el régimen saliente (?) eche a andar su “Plan C”, que consiste en aprobar y decretar las 18 reformas constitucionales y dos legales que presentó el Poder Ejecutivo el 5 de febrero pasado, aniversario de la constitución que se pretende alterar. La guadaña del nacional populismo se ha dejado caer sobre la autonomía del Poder Judicial. De manera imprudente, se pretende descabezar el sistema jurisdiccional mexicano para sustituirlo por un conjunto variopinto de abogados ineptos pero populares, sobre todo ante los poderes fácticos y el partido en el poder. Muchos especialistas ya lo han dicho: el problema de la justicia mexicana no se ubica mayormente en los tribunales federales, sino en los sistemas de procuración de justicia, la corrupción de las diferentes policías (incluyendo a la militar Guardia Nacional), y la cultura ciudadana que ha normalizado las perversiones y vicios de un arraigado entendimiento con las autoridades en todos los niveles. Más desatinos nos esperan desde el poder totalitario: la militarización de la seguridad pública, la desaparición de los organismos federales y locales autónomos, y la eliminación de los diputados de representación proporcional (lo que implica en la práctica la extinción de las minorías). Más los golpes al federalismo con medidas como la absorción de los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), la imposición de una composición única de los ayuntamientos a nivel nacional, la desaparición de los tribunales electorales locales, etcétera. El orden democrático que se construyó a lo largo de los 30 años del aborrecido “neoliberalismo” está a punto de desaparecer. Las generaciones que nacimos en los años del autoritarismo diazordacista o del populismo echeverriista somos los más alarmados: recordamos muy bien las fauces del lobo corporativista, el “ogro filantrópico” con su “presidencia imperial”. La transición democrática mexicana se inició a fines de los setenta, y fue resultado de las exigencias de los jóvenes de entonces, las víctimas del 68. Pero fue por el sismo de septiembre de 1985 que nació la sociedad civil organizada, movilizada y concientizada, y eso aceleró la transición en los noventa. Todo eso está por perderse… (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda

Ecos del 2 de junio (4) Luis Miguel Rionda En las elecciones de diputados locales en el estado de Guanajuato se incrementó la competitividad que observamos en los procesos federales. La coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato obtuvo el triunfo en solo tres de los 22 distritos locales (Dolores Hidalgo, Valle de Santiago y Yuriria). Sin embargo, el PAN, que prefirió jugar en solitario en la mayoría de los distritos, logró hacerse de las seis demarcaciones de León, su plaza fuerte histórica, y en otros cinco, entre ellos la capital, donde postuló al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, en San Luis de la Paz, en San Francisco del Rincón (su otro bastión histórico), en Pénjamo y en uno de los dos distritos de Irapuato. En total once partidos. El PRI y el PRD, que compitieron en 16 y 15 demarcaciones respectivas, no lograron ninguna victoria. En el campo contrario, los partidos Morena, PT y PVEM, acudieron éstos en coalición en once distritos, y lograron triunfar en ocho. En otros once se presentaron por separado, y en ninguno obtuvieron la mayoría. Esto significó un avance enorme para esta coalición, ya que en las elecciones locales de 2021 Morena sólo obtuvo el triunfo en un distrito, Salamanca, mientras que el PAN acaparó los restantes 21. El partido guinda pudo acceder al Congreso del Estado mediante las seis curules de representación proporcional que le fueron asignadas, de las 14 totales. En 2021 el PAN había sumado un total de 843 mil 678 votos, 42.9% del total. El PRI 74 mil 378 (3.8%) y el PRD apenas 8 mil 259 (0.4%). El PRI y el PRD hicieron coalición en algunos distritos y lograron el 10.4% de los votos, sumando 204 mil 124. En la elección de 2024, los tres partidos coaligados convocaron 277 mil 222 votos, el 10.6% del total válido. Pero el PAN en solitario sumó 839 mil 498 votos, 32.2%, casi un tercio del total. El PRI en solitario recibió 150 mil 222 sufragios (5.8%), y el PRD apenas 21 mil 120 (0.8%). En total sumaron un millón 288 mil 62, un 49.4%, casi la mitad de los votos válidos. Tres años antes Morena había sumado 456 mil 756 votos, un 23.2% del total. Sus actuales coaligados atrajeron 102 mil 17 el PVEM (5.2%) y 35 mil 961 el PT (1.8%). Un gran total de 594 mil 734 (30.2%). En 2024 la coalición Sigamos Haciendo Historia sumó 607 mil 27 votos (23.3%), más los que Morena acumuló en solitario, 410 mil 761 (15.7%), el PT 29 mil 432 (1.1%) y el PVEM con 73 mil 391 (2.8%). Un total para los partidos oficialistas de un millón 120 mil 611, un 42.9% total. Sin duda un enorme avance absoluto y relativo en solo tres años. El perfil de la nueva 66 legislatura local será muy diferente al de sus tres predecesoras, que exhibieron una hegemonía panista aplastante, que nulificó durante años la posibilidad de una auténtica independencia legislativa. Ahora, dependiendo de la distribución de las diputaciones de representación proporcional, podríamos ver el renacimiento de una cámara crítica y fiscalizadora del desempeño del ejecutivo y el judicial. No un gobierno dividido, como el que experimentamos entre 1991 y 1997, pero sí fuertemente debatiente. (*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda