principal

Juan Miguel Alcántara Soria ​ Para Luis Díaz Mirón Juan Miguel Alcántara Soria Desde que López Obrador se hizo del control de la mayoría de la sala superior del Tribunal Electoral (TEPJF), éste perdió autonomía, lo deletrea la 4t. Como una «exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, obvio, obsequioso, predecible y sesgado al poder», lo definió en la semana un ministro de la Corte. Un órgano más del obradorato, como el INE. Porque Obrador impidió el senado aprobara alguno de los nombres propuestos por la Suprema Corte para ocupar los cargos de magistrados vacantes; y así se aseguró cargar dados y sentencias a su favor. Como la resolución con que dieron a Morena diputados federales, en 2024, en proporción mayor a lo que el electorado definió (con 55% de votos les dieron 70% de curules, para aprobar solos todo lo que se les pegue la gana). Organizan elecciones del poder judicial que no solo destruyen la independencia de este poder, y alinean futuros jueces y ministros con la agrupación de Morena. Reunirá no solo dos, sino los tres poderes públicos, lo que prohíbe el art. 49 constitucional. Los dados siguen harto cargados, y más con el cacique judicial Zaldívar. Dinamitan Estado constitucional. Configuran dictadura del obradorato, con delfín Andy designado. El pasado jueves 13, mayoría de ministros en la Suprema Corte de Justicia resolvieron que el Tribunal Electoral no tiene competencia para revisar, revocar o dejar sin efecto una determinación dictada en un juicio de amparo, porque no es el órgano constitucionalmente establecido para ello. No pueden los tres magistrados obradoristas que controlan la Sala Superior del TEPJF revocar diversas suspensiones concedidas por jueces federales contra la reforma judicial. Estableció la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien traté desde su desempeñó como Administrador General en el SAT. Muy probablemente este sea de los últimos plenos de la Suprema Corte donde se perciba el sentido del honor, de la defensa de Constitución, de separación de poderes, del Estado de Derecho. Después de la elección de jueces y ministros en junio es iluso esperarlo. «Esta Corte ha observado como cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos», dijo Gutiérrez. «Las sentencias (del TEPJF) no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funcionan como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico», afirma la sentencia. Gutiérrez dijo este es un caso de quebrantamiento del Estado de Derecho por parte de todos los involucrados: jueces que pretendieron suspender una reforma a la Constitución, que es materia electoral; el TEPJF, que las revocó sin tener facultades para intervenir en juicios de amparo, mediante procedimientos literalmente inventados de un día a otro; y las demás autoridades, que ignoraron a placer órdenes judiciales que no fueron de su agrado. «La realidad que muestra este caso es perturbadora, el Estado de Derecho no se desmorona de golpe, sino que se erosiona gradualmente, decisión tras decisión, cada una aparentemente justificable en su momento, a través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos. Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable, el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas», afirmó. Y para agravar la crisis, el Consejo de la Judicatura Federal, controlado por el obradorato, denunció penalmente a los jueces que emitieron suspensiones contra la reforma judicial; es la antesala de lo que será el Tribunal de Disciplina que viene, represor de jueces que no resuelvan como el oficialismo espera. Nuestra solidaridad con juzgadores de Michoacán y jueza de Jalisco contra quienes abrieron carpeta de investigación. ¡Indignaos usuarios del servicio de impartición de justicia! ¿Quién protegerá nuestros derechos frente al obradorato?