Opinión de José Lafontaine
En los últimos meses, se ha intensificado el debate sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Morena, ahora con las leyes reglamentarias, respaldadas por sus partidos aliados.
El gobierno afirma que «el pueblo votó para que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo de México y no por el Senado de la República». Esta afirmación, sin embargo, es completamente falsa. El pueblo mexicano jamás ha votado por una medida tan radical ni, mucho menos, por un sistema que destruiría el equilibrio democrático de nuestras instituciones.
El pueblo de México solo votó mayoritariamente por Morena y por la presidenta. No podemos ignorar lo pusilánime de los representantes del Poder Judicial, a dos meses de la suspensión de labores.
Dentro del propio Poder Judicial, muchos jueces han ordenado suspensiones, pero el Consejo de la Judicatura ha decidido incumplir con ellas; peor, imposible.
El pasado 2 de junio, tras una elección de Estado, Morena y sus aliados lograron obtener solo el 54% de los escaños en el Congreso de la Unión. A pesar de este resultado, que refleja la voluntad popular, Morena utilizó maniobras filibusteras, chantajes, amenazas y sobornos para apoderarse del 73% de las curules en San Lázaro.
Esto no solo constituye un fraude a la Constitución y a su interpretación jurisprudencial, sino una violación flagrante de la voluntad de los ciudadanos. Este acto de manipulación política socava gravemente la legalidad del Congreso y refleja la voracidad del partido en el poder.
En el ámbito internacional, no existen precedentes donde el pueblo elija a los jueces, salvo en el caso de Bolivia, un país que enfrenta su propio desastre político.
En México, si la reforma de Morena sigue adelante, estaríamos ante una situación en la que el pueblo tendría que elegir a seiscientos jueces en junio próximo, de acuerdo con el circuito en el que vivan, utilizando en la última fase previa a la elección del pueblo la insaculación, como si fuera un programa de concursos para designar los cargos. Este escenario no solo es una temeraria agresión a las instituciones republicanas, sino un golpe a la estabilidad jurídica del país. En el Congreso, varios legisladores de Morena han adoptado una postura desafiante, ignorando las suspensiones provisionales y definitivas dictadas por jueces y magistrados. En lugar de impugnar las resoluciones judiciales conforme a lo que establece la ley, han optado por desacatar las órdenes del Poder Judicial. ¿Qué futuro puede tener un país donde no se acatan las decisiones judiciales? ¿Qué nos queda como nación si las resoluciones de nuestros tribunales ya no son respetadas? La figura del amparo, una de las principales herramientas de defensa de los derechos humanos, quedaría completamente vacía de contenido y propósito si el Poder Ejecutivo y el Legislativo no respetan las decisiones judiciales. En estricto apego a la ley, los servidores públicos que incumplan las órdenes judiciales, en especial aquellas con suspensiones otorgadas por jueces de distrito, deberían ser destituidos e incluso enfrentar sanciones penales. Sin embargo, este desacato, esta interpretación extrajudicial de la ley, la libre elección de los funcionarios sobre qué órdenes judiciales deben cumplirse y cuáles no, son un golpe directo a la división de poderes, se llama anarquía y pone en peligro la estabilidad de nuestra democracia. Veamos, si legisladores y otros funcionarios no cumplen con una orden judicial porque la consideran ilegal (lo cual es absurdo desde cualquier perspectiva, ya que su función es precisamente determinar la legalidad), ¿por qué los ciudadanos deberíamos cumplir con una determinación judicial? ¿Acaso los ciudadanos podemos decidir no pagar impuestos por considerarlos injustos o porque creemos que nuestros impuestos no se aplican a mejorar los servicios de salud, protección, vías generales de comunicación, y solo sirven para que los funcionarios públicos se enriquezcan o financien proyectos faraónicos? La respuesta del gobierno es sencilla: esas sí se tienen que acatar. Ustedes sí, nosotros no. Y justifican esta actitud absurda diciendo: «Ustedes sí porque votaron por nosotros, y nosotros no porque votaron por nosotros.» Así de distópico es el futuro que se avecina. El panorama se agrava aún más cuando observamos la posibilidad de desacatos masivos o el desprecio hacia la Corte Suprema. Si ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente analizan la constitucionalidad de la reforma judicial, son descalificados por el gobierno, estaríamos frente a la destrucción del Estado de derecho. Esta situación abriría las puertas a la represión de la oposición, permitiendo que el gobierno actúe arbitrariamente sin temor a sanciones judiciales. Los ciudadanos, al quedar desprotegidos, estaríamos a merced de un régimen dictatorial y, por supuesto, la desaparición del Estado de derecho. Si continuamos por la ruta hacia la dictadura y la desaparición del Estado de derecho, las consecuencias serán, entre otras, el aumento de la corrupción e impunidad, si es que es posible incrementarlas más. Mientras tanto, líderes opositores, periodistas y activistas enfrentarían juicios sumarísimos casi marciales, manipulados, o prisión sin un debido proceso legal independiente. La polarización política y la violencia social se intensificarán, con movilizaciones, protestas y enfrentamientos de alto riesgo. La inseguridad jurídica provocará una fuga de capitales, aumentando el desempleo y la pobreza, así como sanciones y aislamiento internacional que agravarían la crisis interna. En conclusión, el gobierno de Morena está decidido a impulsar la mal llamada reforma judicial a su modo y a la fuerza, sin siquiera tomarse el tiempo de analizar los brutales errores en las leyes secundarias que pretenden aprobar sin leer, contradictorias incluso con el texto constitucional que aprobaron hace semanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando la constitucionalidad. Ocho ministros de la Suprema Corte consideraron que era legal evaluar y reflexionar sobre dicha constitucionalidad. Los discursos absurdos y pendencieros de tres ministras, que parecen más porristas que juezas, serviles al expresidente y al régimen, simplemente revelan los verdaderos colores y fibras de este tipo de impartidores de justicia, y nos dan una idea clara de lo que se avecina en 2025. Ante la negativa del Poder Ejecutivo de someterse a las decisiones de la Corte, la dictadura se cierne en el horizonte. Si el Poder Judicial es anulado, México perderá lo poco que queda de garantías, derechos y libertades que nos protegen. Esta ruta que llevamos tiene un único destino: una crisis política, social y económica sin precedentes, y de ahí, la dictadura formal y material, o la disfrazada, donde parece que tenemos una democracia, pero vivimos en una dictadura perfecta, como la que tuvimos por cerca de 80 años el siglo pasado. POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI ABOGADO
