Miguel tenía apenas doce años cuando, un día común en la ciudad de
Guanajuato, salió de casa y no regresó. Su familia, llena de angustia, no
esperó a que pasaran horas ni días. Conscientes de la importancia del
tiempo en una desaparición, acudieron de inmediato a la Fiscalía
General del Estado de Guanajuato (FGEG) para reportar lo sucedido.
Al llegar a la agencia del Ministerio Público, fueron recibidos por personal
especializado que les explicó algo fundamental: en una desaparición, la
denuncia se atiende de manera inmediata. No existe un tiempo mínimo
de espera para iniciar la búsqueda. Desde ese momento, Miguel fue
considerado víctima directa y sus padres y hermanos fueron reconocidos
como víctimas indirectas, con derecho a información, acompañamiento y
atención psicológica.
La familia proporcionó datos esenciales de Miguel, como su nombre
completo, edad, señas particulares, la ropa que llevaba al momento de la
desaparición y una fotografía reciente. También narraron lo sucedido y
aportaron todo detalle que pudiera orientar a los investigadores.
Con la denuncia recibida, el Ministerio Público activó los mecanismos
establecidos en la ley. Por tratarse de un niño, se puso en marcha de
inmediato la Alerta Amber, difundiendo la ficha de búsqueda en todo el
estado y en entidades colindantes. Paralelamente, se realizaron
diligencias de campo en los lugares donde Miguel había sido visto por
última vez.
Agentes de Investigación Criminal recabaron testimonios, revisaron
cámaras de seguridad y buscaron indicios que condujeran a la
localización inmediata de Miguel. El área de inteligencia analizó registros
de dispositivos electrónicos, mientras que especialistas forenses se
mantuvieron atentos a cualquier hallazgo que pudiera relacionarse con la
desaparición
La historia de Miguel: cuando un ser querido desaparece
