Democracia degradada, 1
Luis Miguel Rionda (*)
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el miércoles
pasado su dictamen final (https://t.ly/GUbok) sobre el proceso para renovar la presidencia
de la república, y emitió la declaratoria de validez, luego de resolver negativamente los 240
juicios de inconformidad que entregaron partidos y ciudadanos para combatir diferentes
aspectos del proceso. Dice el dictamen que la elección “fue libre, auténtica y periódica,
además, que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las
elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.”
Llama la atención que se afirme que “los actos previos al inicio del proceso electoral, los
preparatorios de la elección y la jornada electoral, se realizaron bajo los principios
constitucionales mencionados”. Particularmente si recordamos que la ley fue violentada
con total flagrancia cuando la precampaña presidencial del partido oficial comenzó al
menos doce meses antes del inicio formal del periodo de precampañas el 20 de noviembre
de 2023. Recordamos con claridad cómo las “corcholatas” destapadas por el elector de
palacio cubrieron el territorio nacional a lo largo del año 2023 con miles de pintas de
bardas, cientos de espectaculares, propaganda disfrazada de “presentaciones de libros”,
entrevistas ante los medios, etcétera. En julio de 2023, el Frente Amplio por México se
uniría a este quebranto de las normas electorales, intentando que el oficialismo no corriera
solo y terminara de acaparar la atención pública.
Por otra parte, fue abierta y cínica la intervención casi cotidiana del presidente de la
república en los procesos previos y posteriores al inicio del proceso electoral. Bajo el dicho
de que su pecho “no es bodega” y de que su libertad de expresión no estaba limitada ni
siquiera por el artículo 134 constitucional, disertó alegremente sobre propios y extraños.
Los medios de comunicación proyectaron sus intervenciones y les dio potencia,
transformándolas en elementos de propaganda ilícita.
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La magistrada electoral Janine Otálora, haciendo gala de valentía y buen juicio, afirmó que
hubo, al menos, estas irregularidades a lo largo del proceso: 1) fraude a la ley y procesos
políticos adelantados, 2) indebida intervención del presidente de la República, 3) violencia
e injerencia del crimen organizado y 4) las instituciones electorales se han degradado
(https://t.ly/G7c9n).
Sobre el primer punto señaló que “fue especialmente grave que los partidos políticos,
quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público,
diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley.”
Sobre el segundo punto afirmó que “Las conferencias mañaneras fueron un espacio para
atacar a una candidata y apoyar a otra y esta intervención se materializó […] en cerca de 50
conferencias matutinas…” (https://t.ly/w1Qf0). La magistrada destacó que los partidos y
actores políticos ejercieron sistemáticamente fraudes a la ley, que afectaron la calidad del
proceso electoral.
Continuaré cavilando sobre nuestra degradación democrática la próxima semana…
(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRiond
