Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para realizar de una auditoría de desempeño por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al Ayuntamiento del Municipio de Irapuato incorporándose al Programa General de Fiscalización 2026, al Programa Municipal de la Seguridad Pública 2024-2027 de Irapuato y se revisen los avances del cumplimiento de los objetivos de las cuatro líneas estratégicas del Programa: seguridad humana, fortalecimiento del Modelo de Prevención Social; estrategia operativa e infraestructura por el periodo comprendido respecto de la entrada en vigor del Programa en el año 2025 y concomitante al 2026.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2026, el 92.1% de la población de Irapuato considera inseguro vivir en el municipio, colocándolo en el primer lugar nacional en percepción de inseguridad entre 91 ciudades evaluadas.
El legislador también citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se reportan en el primer trimestre de 2026 un total de 65 homicidios dolosos, 464 lesiones dolosas, 700 casos de violencia familiar, 462 delitos relacionados con narcomenudeo y un incremento considerable en robos con violencia y extorsiones.
La propuesta, comentó el diputado, plantea que la auditoría sea incorporada al Programa General de Fiscalización 2026 y que la ASEG revise específicamente el cumplimiento de las cuatro líneas estratégicas del Programa Municipal de Seguridad Pública, al precisar que es necesario evaluar la efectividad y los avances de los instrumentos de seguridad pública, porque si desde la planeación y el diagnóstico se advierten deficiencias, entonces, no se puede hablar de un avance verdadero que se traduzca en el bienestar social del citado municipio.
Finalmente, subrayó que la ciudadanía merece saber si las estrategias de seguridad realmente están funcionando y si las instituciones están cumpliendo con su responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de paz y tranquilidad.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
